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POLÍTICA

16 de febrero de 2026

Riesgo invisible para todos : ¿Por qué la derogación del Estatuto del Periodista amenaza la verdad social?

La intención del gobierno de Milei de dar caída a la Ley 12.908 no es solo un cambio administrativo; es el desmantelamiento de la barrera que separa la información profesional del interés corporativo y el control político.

La reciente ofensiva para derogar el Estatuto del Periodista Profesional marca un antes y un después en la comunicación social. Esta norma, nacida para garantizar que quien informa tenga una red de protección frente a las presiones, hoy está en la mira de sectores que buscan flexibilizar no solo el trabajo, sino el contenido mismo de la noticia.

¿Para qué sirve realmente el Estatuto?

El Estatuto del Periodista no es un "privilegio", es una garantía de independencia. Establece condiciones de trabajo, salarios mínimos y, sobre todo, una identidad profesional protegida. Al existir un marco legal específico, el periodista tiene una herramienta jurídica para resistir cuando se le ordena distorsionar la realidad. Sin este escudo, el trabajador queda a merced de la voluntad unilateral del empleador.

El peligro de la "Empresarialización" del Relato

La derogación entrega el control absoluto de la comunicación a los dueños de los grandes medios. En su mayoría, estos no son periodistas, sino empresarios con intereses diversificados en energía, finanzas o servicios públicos.

El Riesgo: Sin protección profesional, el rigor periodístico se vuelve opcional. Si un periodista debe elegir entre su ética y su puesto de trabajo (sin un estatuto que lo respalde), la verdad queda condicionada a los "negociados" del poder económico con el poder político.

La Consecuencia: El ocultamiento por presiones económicas se vuelve la norma. La sociedad deja de recibir información certificada para consumir un relato moldeado por el mejor postor.

La ambición por controlar el discurso

Los sectores de derecha y los nuevos poderes políticos muestran una ambición creciente por dominar la narrativa pública. Al debilitar la figura del periodista, facilitan la instalación de noticias a medida. El rigor desaparece para dar paso a la propaganda disfrazada de información, eliminando el pensamiento crítico de la ciudadanía.

La Ley 12.908 fue diseñada precisamente para evitar la precarización que hoy se propone. La certificación de datos indica que, en países donde se han eliminado estas protecciones, la concentración de medios ha aumentado un 40%, reduciendo la pluralidad de voces y convirtiendo a las redacciones en oficinas de relaciones públicas corporativas.

 

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