Por: Que tal tu Día
La crisis ambiental en el sur argentino ha escalado a un nivel administrativo sin precedentes en la gestión actual. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el gobierno de Javier Milei oficializó la emergencia ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida responde a un escenario crítico donde la capacidad operativa local se vio desbordada por las llamas.
La declaración de “zona de desastre” no es solo un título simbólico: es el mecanismo legal que permite a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) intervenir de forma inmediata, saltando la burocracia habitual para desplegar brigadistas, medios aéreos y logística pesada. En Chubut, el panorama es desolador: el gobernador Ignacio Torres confirmó que el fuego ya devoró más de 45.000 hectáreas de bosque nativo, un ecosistema cuya recuperación podría tardar décadas.
El marco legal detrás del DNU
El Ejecutivo fundamentó esta decisión en el Artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano. Ante la imposibilidad de esperar los tiempos del Congreso, el DNU se apoya en leyes clave:
• Ley 26.815: Manejo del fuego y presupuestos mínimos de protección ambiental.
• Ley 27.287: Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).
Repercusiones políticas y económicas
Aunque la asistencia llega con un mes de demora respecto al inicio de los focos, los gobernadores regionales han recibido la noticia con alivio. Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa, destacó que el Gobierno nacional "haya escuchado y decidido acompañar con recursos económicos". Se espera que durante la próxima semana se defina la letra chica de cómo se instrumentarán los fondos para resarcir a las economías locales y a los pobladores que lo perdieron todo.
