Tras su triunfo electoral, el Gobierno nacional decidió acelerar uno de los temas más sensibles de su agenda: la reforma laboral. Con la excusa de “promover inversiones y empleo”, el oficialismo retomó el proyecto presentado por la diputada libertaria Romina Diez a fines de 2024 y busca llevarlo al Congreso en 2026 con la nueva conformación legislativa.

El texto —que lleva el nombre de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo— propone una batería de medidas que, bajo el argumento de “modernizar” las relaciones laborales, debilitan derechos conquistados y aumentan el margen de maniobra del empleador. Entre los ejes centrales figuran la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de los convenios colectivos, el fraccionamiento de las vacaciones, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y nuevos regímenes de licencias por enfermedad.

Menos rigidez, más riesgo para el trabajador

El proyecto permite que el empleador introduzca modificaciones en las condiciones y modalidades de trabajo siempre que no sean “irrazonables” ni causen perjuicio material o moral al empleado. Sin embargo, el criterio de razonabilidad queda sujeto a la interpretación de la autoridad laboral o judicial, lo que abre la puerta a abusos en la práctica.

A su vez, se habilita la homologación de cambios “esenciales” del contrato laboral, lo que antes era nulo de pleno derecho. En la letra, se mantiene el principio de irrenunciabilidad de derechos; pero en los hechos, la posibilidad de modificar aspectos sustanciales del vínculo laboral puede vaciar de contenido esa protección.

“Este tipo de flexibilización contractual suele derivar en precarización. Se disfraza de modernización, pero en realidad erosiona la estabilidad y la previsibilidad del trabajo”, señalan juristas especializados en derecho laboral.

Vacaciones partidas y “banco de horas”: la flexibilidad del tiempo

Otro de los cambios centrales es el fraccionamiento de las vacaciones, que podrán dividirse en períodos mínimos de una semana y extender su goce hasta el 30 de abril del año siguiente. Cada dos años, el trabajador podrá acceder a sus vacaciones en temporada de verano, aunque la norma permite que las empresas lo reubiquen fuera de ese período.

Además, se incorporan figuras como el “banco de horas”, que permite acumular horas extras para compensarlas con días libres en el futuro, o reemplazar el pago por descanso. En la práctica, la empresa gana control sobre el uso del tiempo del trabajador, mientras que éste pierde capacidad para decidir sobre su descanso real.

El proyecto también prevé extender la jornada laboral y habilitar regímenes especiales por convenio, lo que podría traducirse en más horas de trabajo por menos compensación económica.

Indemnizaciones en cuotas y “seguridad jurídica” para las empresas

Uno de los puntos más polémicos es la posibilidad de que las empresas, sobre todo las PyMEs, paguen las indemnizaciones por despido sin causa en hasta 12 cuotas mensuales. Si bien el Gobierno lo presenta como un alivio financiero para el sector productivo, los sindicatos advierten que se trata de un retroceso en el resguardo frente al despido arbitrario, un principio básico del derecho laboral argentino.

En paralelo, se busca limitar los honorarios judiciales en causas laborales y reducir los intereses aplicables a los créditos de los trabajadores, bajo el argumento de “evitar la industria del juicio”. En la práctica, esto debilita la capacidad del trabajador para reclamar judicialmente sus derechos.

Licencias más acotadas y nueva vulnerabilidad

En materia de salud, el proyecto extiende las licencias por enfermedad inculpable a 6 meses para quienes tengan menos de 5 años de antigüedad y 12 meses para los que superen ese tiempo o tengan carga familiar. Sin embargo, una vez vencido ese plazo, el empleador sólo está obligado a mantener el puesto por un año sin remuneración, tras lo cual puede extinguir la relación sin responsabilidad indemnizatoria.

Este esquema, según especialistas, crea una zona gris de incertidumbre laboral para quienes atraviesen enfermedades prolongadas o discapacidades temporales.

Un cambio de paradigma: del trabajo protegido al trabajo “adaptable”

La reforma representa un cambio de paradigma: de la lógica del trabajo protegido —base del derecho laboral argentino desde el siglo XX— a una lógica de “adaptabilidad empresarial” donde la estabilidad, el descanso y las condiciones laborales pasan a ser variables negociables.

El discurso oficial la presenta como una “modernización” necesaria para que Argentina se inserte en la economía global y reduzca el empleo informal. Sin embargo, expertos en relaciones laborales sostienen que no existen evidencias de que flexibilizar las leyes laborales genere más empleo formal. Por el contrario, experiencias similares en América Latina demostraron que se incrementó la precariedad y se redujeron los ingresos reales.

Mendoza y el impacto territorial

En provincias como Mendoza, donde el empleo en sectores como el agro, el turismo y el comercio ya tiene altos niveles de informalidad, la reforma podría acentuar la inestabilidad. Si bien algunos empresarios ven con buenos ojos los incentivos fiscales a las PyMEs, desde los gremios advierten que el costo será la pérdida de derechos históricos y la debilidad de los convenios colectivos.

“Lo que llaman modernización no es otra cosa que desprotección. Si el Estado retrocede en su rol de garante, el trabajador queda solo frente al poder del mercado”, señalaron desde la conducción del gremio judicial mendocino.

La reforma laboral que el Gobierno busca promover marca un antes y un después en la estructura del empleo en Argentina. Bajo la retórica de la eficiencia y la competitividad, avanza una flexibilización que pone en cuestión pilares centrales del derecho laboral: estabilidad, indemnización, descanso y negociación colectiva.

El debate que se abrirá en el Congreso promete ser uno de los más intensos de los últimos años: modernización para unos, precarización para otros.