En pleno conflicto con el personal del Hospital Garrahan, el Gobierno nacional reconoció públicamente que la situación salarial del emblemático centro pediátrico es crítica. “Es un desastre”, admitió la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, al referirse a los sueldos que perciben los médicos y trabajadores del nosocomio. Sin embargo, el Ejecutivo destinó 100 millones de pesos para la instalación de un sistema de control biométrico de presentismo, una medida que desató aún más malestar entre los empleados.

La tensión creció cuando desde el oficialismo se intentó instalar la idea de que los bajos salarios se debían a una presunta sobredotación de personal. El vocero presidencial, Manuel Adorni, minimizó las protestas señalando que el reclamo obedecía a la instalación del lector biométrico. “Eso es absolutamente falso”, replicó Gerardo Oroz, delegado de ATE en el hospital. “El problema es que el personal cobra una miseria”, remarcó.

A su vez, desde la Subsecretaría de Prensa, Javier Lanari sostuvo que “en la última gestión K se contrataron 1200 empleados” y acusó al kirchnerismo de haber utilizado al Garrahan para hacer “política partidaria con la salud de los niños”. Lanari también aseguró que el hospital cuenta con “el doble de administrativos que de médicos”, aunque los datos oficiales lo contradicen.

El anuario estadístico aprobado por el propio gobierno desmiente esa afirmación: el Garrahan cuenta con 473 administrativos frente a 478 médicos. En total, el 70% del personal pertenece al área asistencial, lo que pone en duda el relato de sobredimensionamiento de empleados.

La defensa más enfática del gobierno llegó de parte de Loccisano, quien reconoció el estado crítico de la situación salarial: “Desde ya tenemos que trabajar para recomponer la situación de los médicos porque es apremiante. Es un desastre”.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, evitó hacer declaraciones públicas en medio del escándalo que salpica a otras áreas sensibles del Estado como PAMI y ANSES, bajo sospecha de corrupción.

El conflicto en el Garrahan expone una doble vara en las prioridades oficiales: mientras se admite la crisis de ingresos del personal médico, se ejecutan inversiones millonarias en mecanismos de control interno, profundizando el malestar en un sector que ya arrastra años de reclamos sin respuesta.