El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, presentó ante la Legislatura el Presupuesto 2025, el cual funciona como un plan de gestión para el gobierno de Alfredo Cornejo. El enfoque principal sigue siendo mantener el equilibrio fiscal, un objetivo que Mendoza ha logrado cumplir desde 2018. Para el próximo año, el presupuesto prevé recursos por $4.025,5 mil millones y gastos de $4.024,7 mil millones, con un resultado superavitario de $0,8 mil millones.

Entre las modificaciones más destacadas está la eliminación del tope para el aumento del Impuesto Automotor, un límite que había generado distorsiones, según explicó el Gobierno. Algunos vehículos nuevos pagaban lo mismo que otros más antiguos debido a este tope, una situación que buscaban corregir. El nuevo esquema propondrá alícuotas progresivas basadas en el avalúo del vehículo, variando desde un 1,5% hasta un máximo de 3%, dependiendo del valor del automóvil.

Otro de los cambios relevantes se presenta en el Impuesto Inmobiliario. Se incorporarán 18,5 millones de metros cuadrados de obras realizadas sin declaración, casi un 20% de las mejoras totales que se realizaron de manera clandestina en la provincia. Además, se mantendrán los beneficios para los contribuyentes cumplidores, quienes podrán obtener descuentos de hasta un 35% en el pago anual de sus impuestos.

El proyecto también incluye una insistencia en el cobro de la plusvalía, es decir, un pago por los beneficios que reciben ciertos inmuebles debido a obras públicas. Un ejemplo de esto serán las rutas 82 y 99, que, financiadas por la Provincia, elevarán el valor de los terrenos cercanos, obligando a los propietarios a pagar por esa revalorización.

Por último, el Presupuesto refleja la dependencia económica de la provincia respecto a la Nación, ya que se espera que el 55% de los recursos provengan de la coparticipación federal. La inversión en obra pública será del 12% del total proyectado para 2025.

Este plan de gobierno plantea un escenario financiero moderado pero con cambios claves en materia impositiva, destinados a corregir las inequidades del sistema actual y a incrementar la recaudación mediante la regularización de obras no declaradas.