La promesa de estabilidad financiera volvió a chocar contra la realidad de los mercados. Este jueves, los bonos argentinos sufrieron otra jornada de fuertes pérdidas y el riesgo país superó los 900 puntos básicos, alcanzando niveles que no se registraban desde octubre de 2025. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a ubicarse en torno a los 915 puntos y distintas mediciones difundieron registros todavía superiores durante la rueda. La señal es contundente: los inversores están exigiendo cada vez más garantías para prestarle dinero a la Argentina.
El movimiento no es un episodio aislado ni puede explicarse únicamente por la turbulencia internacional. En julio, el riesgo país había alcanzado un piso cercano a los 402 puntos. Desde entonces comenzó una escalada que prácticamente duplicó el indicador en menos de cuatro meses. La caída de los títulos soberanos, con retrocesos que rondaron el 3% en distintas emisiones, también arrastró a los activos argentinos y volvió a mostrar que la confianza financiera que el Gobierno exhibía como uno de sus principales logros todavía tiene bases muy frágiles.
El riesgo país mide la sobretasa que los inversores exigen para mantener deuda de un país frente a los bonos del Tesoro estadounidense. Cuando sube, significa que el mercado percibe más riesgo y exige una rentabilidad mayor para asumirlo. Por eso, aunque superar los 900 puntos no significa que Argentina haya entrado automáticamente en default, sí representa una señal de alarma: cuanto más caro resulta financiarse, más difícil se vuelve refinanciar los vencimientos y conseguir dólares en los mercados internacionales.
La referencia de los 1.000 puntos aparece habitualmente en las conversaciones financieras como una zona de extrema fragilidad, pero no constituye una frontera técnica que determine por sí sola un default. El problema de fondo es otro: con estos niveles, la Argentina continúa lejos de recuperar un acceso normal al crédito voluntario y queda más expuesta a depender de reservas propias, organismos internacionales o asistencia de otros gobiernos para afrontar sus compromisos.
La deuda de 2027 vuelve a convertirse en el principal problema
Detrás de la reacción de los bonos hay una cuenta que el equipo económico no puede esquivar. Entre noviembre y diciembre, el Gobierno debe afrontar pagos al Fondo Monetario Internacional por alrededor de 1.300 millones de dólares. Pero el compromiso que concentra la mayor atención aparece en enero: los vencimientos con bonistas rondan los 4.400 millones de dólares, a los que se suman obligaciones con organismos multilaterales y títulos como los Bopreales.
El desafío no consiste solamente en pagar. También hay que demostrar que el Estado podrá reunir los dólares necesarios sin desarmar el equilibrio cambiario, comprometer las reservas o recurrir a un nuevo salvataje. El Gobierno sostiene que su programa financiero contempla herramientas para afrontar esos compromisos y que la acumulación de superávit permitirá recuperar el acceso al financiamiento. Sin embargo, el mercado está mostrando que todavía no considera suficiente esa explicación.
El propio programa financiero oficial para 2026 y 2027 reconoce la importancia de construir un colchón de recursos que permita atravesar el año próximo. La diferencia entre el discurso y la percepción de los inversores aparece precisamente allí: mientras el Palacio de Hacienda presenta el orden fiscal como garantía de solvencia, los precios de los bonos reflejan dudas sobre la disponibilidad efectiva de divisas y la capacidad de refinanciar la deuda.
Un informe del Grupo Atenas había anticipado que una derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses podía empujar el riesgo país por encima de los 900 puntos. La consultora advirtió que las necesidades financieras de 2027 podrían superar los dólares que genera el superávit comercial y estimó en un 40% la posibilidad de un faltante cercano a los 18.000 millones de dólares. Se trata de una proyección de riesgo, no de un déficit ya consumado, pero ayuda a entender por qué los inversores miran cada vez más allá de los resultados fiscales del presente.
Trump perdió y el salvavidas político ya no parece tan seguro
La derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos agregó incertidumbre a un escenario que ya venía deteriorándose. Para Javier Milei, el vínculo con la Casa Blanca y el respaldo del Tesoro norteamericano fueron piezas centrales de la estrategia para contener las tensiones financieras. El antecedente de 2025, cuando Washington intervino para respaldar al Gobierno argentino en medio de la presión cambiaria, alimentó la expectativa de que ese paraguas pudiera volver a desplegarse si la situación lo requería.
Ahora ese escenario aparece menos despejado. La victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso estadounidense no elimina automáticamente las herramientas del Poder Ejecutivo para instrumentar asistencia financiera a la Argentina. El eventual uso del Fondo de Estabilización Cambiaria depende de decisiones de la administración norteamericana y no requiere, en todos los casos, una nueva autorización legislativa. Pero el cambio en el equilibrio político de Washington puede elevar el costo político de repetir un rescate y hacer menos previsible la disposición de Trump a comprometer recursos.
Caputo buscó transmitir tranquilidad y sostuvo que el resultado electoral no modificará sustancialmente la relación bilateral. Desde el Gobierno también aseguraron que el swap de 20.000 millones de dólares continúa vigente. Sin embargo, una cosa es que exista una herramienta financiera disponible y otra muy distinta es que pueda utilizarse sin condiciones, en el momento necesario y con la voluntad política de la administración estadounidense. El mercado no parece dispuesto a confundir esas dos cuestiones.
La dependencia de un respaldo externo para atravesar momentos de tensión también deja expuesta una contradicción del relato oficial. Milei y Caputo presentan la recuperación de la confianza como consecuencia del ordenamiento económico, pero cada vez que aparece una dificultad cambiaria o financiera vuelve a instalarse la expectativa de que otro gobierno, un organismo internacional o un nuevo acuerdo aporte los dólares que faltan.
Las reservas, la actividad y el horizonte electoral también pesan
La presión no se explica exclusivamente por Washington. Los inversores también observan la capacidad del Banco Central para acumular reservas, la evolución de la actividad económica y las perspectivas políticas de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En las últimas ruedas, el BCRA no consiguió sostener una secuencia de compras de divisas, mientras el mercado siguió de cerca los movimientos oficiales para contener la volatilidad cambiaria.
Los datos del balance cambiario de septiembre publicados por el propio Banco Central muestran una situación que merece atención: pese al superávit de cuenta corriente, la cuenta financiera registró un déficit de 3.185 millones de dólares y las reservas internacionales disminuyeron 2.167 millones durante ese mes, hasta cerrar en 46.092 millones. La caída tuvo varias explicaciones, entre ellas pagos al FMI y otros organismos, movimientos de capital y variaciones en la valuación de los activos. No se trata de una fotografía de noviembre, pero sí de un antecedente oficial que permite comprender la dificultad de transformar el superávit comercial en una acumulación sostenida de reservas.
También preocupa la lectura política que surge de la propia curva de bonos. Según análisis de mercado, los títulos que vencen durante 2027, dentro del mandato actual, mostraron un comportamiento relativamente más resistente que aquellos cuyo vencimiento se ubica después de 2028. La diferencia es significativa: el mercado está castigando especialmente a los instrumentos que deben atravesar el próximo ciclo presidencial. En otras palabras, no solamente se discute si el Gobierno podrá pagar los compromisos inmediatos, sino también qué ocurrirá con la economía y la deuda después de las elecciones.
Un indicador elaborado por Portfolio Personal Inversiones llegó a mostrar que la probabilidad implícita de continuidad de Milei que se desprende de los precios de los bonos cayó desde niveles cercanos al 90% en julio hasta ubicarse por debajo del 50% a comienzos de noviembre. No es una encuesta electoral ni una predicción de resultados: es una lectura financiera de las expectativas de los inversores. Pero refleja hasta qué punto el horizonte político comenzó a incorporarse en el precio de la deuda.
La Argentina, además, viene mostrando un deterioro que excede la tendencia regional. Durante octubre, el riesgo país local aumentó varias veces más que el promedio latinoamericano y también superó el movimiento de otros países con calificaciones crediticias comparables. Eso debilita el argumento de que todo responde a un contexto internacional adverso: cuando los activos argentinos caen mucho más que los de otros mercados emergentes, las explicaciones también deben buscarse puertas adentro.
El costo de la confianza que todavía no llega
La jornada volvió a dejar una postal incómoda para el equipo económico. Mientras el Gobierno insiste en que el programa funciona y que la estabilidad está consolidada, los inversores siguen vendiendo bonos y exigen rendimientos cada vez más altos para mantener deuda argentina. El superávit fiscal es un dato relevante, pero no resuelve por sí solo el problema de los dólares, los vencimientos externos, las reservas ni la incertidumbre sobre la continuidad de las reglas económicas.
Caputo enfrenta así una prueba que no se resuelve con conferencias ni con declaraciones de tranquilidad. Necesita mostrar que puede reunir las divisas para pagar, acumular reservas sin depender permanentemente de intervenciones extraordinarias y convencer al mercado de que la economía puede sostenerse más allá del calendario electoral. Hasta ahora, la cotización de los bonos indica que esa confianza no está conseguida.
El riesgo país acercándose a los 1.000 puntos no anuncia automáticamente un default, pero sí deja al Gobierno más cerca de una zona en la que cada vencimiento se vuelve más difícil de administrar y cada necesidad de financiamiento expone una nueva debilidad. La pregunta ya no es solamente cuánto puede bajar el indicador: es cuánto tiempo puede sostenerse un programa económico que todavía necesita demostrar que puede generar los dólares con los que pretende pagar sus propias cuentas.
