La crisis cloacal del Gran Mendoza dejó de ser una sucesión de episodios aislados para convertirse en un problema estructural. Un relevamiento incorporado al Plan Estratégico de Aguas Mendocinas (Aysam) identificó 25 puntos comprometidos en el sistema de saneamiento metropolitano. De ese total, 22 fueron clasificados con niveles de criticidad alta o máxima. El diagnóstico incluye colectoras deterioradas, cañerías que funcionan al límite de su capacidad, sectores con antecedentes de colapsos y zonas donde los líquidos residuales no cuentan con una cobertura y disposición final adecuadas.
El mapa de los problemas tiene dos protagonistas principales: Guaymallén y Las Heras. Pero la dimensión del relevamiento obliga a mirar más allá de los lugares donde hoy aparecen los líquidos cloacales en las calles. Lo que está en discusión es la capacidad de la infraestructura pública para acompañar el crecimiento urbano, sostener el servicio y evitar que una red diseñada hace décadas termine convertida en una amenaza sanitaria y ambiental para miles de familias.
El caso de Los Corralitos es la expresión más visible de esa crisis. Allí los vecinos llevan años denunciando derrames, olores persistentes y líquidos residuales que avanzan sobre calles, acequias e incluso viviendas. Lo que comenzó como un reclamo territorial terminó convirtiéndose en una emergencia ambiental y sanitaria reconocida por el propio municipio. Ahora, con nuevos puntos críticos identificados en distintos departamentos, queda expuesto que Corralitos no es una anomalía: es una de las manifestaciones más graves de un sistema que necesita una renovación profunda.
Guaymallén y Las Heras: el mapa de una infraestructura que no da abasto
En Guaymallén, Aysam identificó siete puntos comprometidos, cinco de ellos con criticidad máxima. Entre los sectores más delicados aparecen los colectores de Victoria y Concordia, pertenecientes a la cuenca de Paramillos, donde se registraron colapsos y desbordes. También figura el colector de Profesor Mathus, en Buena Nueva, con antecedentes de fallas, y la colectora máxima Paramillos–Los Corralitos, en la zona de 2 de Mayo y Severo del Castillo.
El relevamiento incorpora además los sectores de El Sauce, Colonia Segovia y Puente de Hierro, donde existen redes cuyos líquidos no llegan a tratamiento ni cuentan con una disposición final adecuada. El propio diagnóstico identifica esta situación como un pasivo ambiental. A esto se suman los antecedentes de roturas en la colectora de Buena Nueva y Tirasso, que debió ser reparada en distintas oportunidades entre 2017 y 2019, y el deterioro estructural del colector Milagros.
En Las Heras la situación tampoco es menor. Allí se contabilizaron 14 puntos comprometidos, vinculados principalmente con el deterioro de colectores que atraviesan sectores urbanos. Entre las calles y trazas afectadas aparecen Santa Rosa, Agustín Álvarez, 9 de Julio, San Luis, 25 de Mayo, Olascoaga, Manuel A. Sáez, Capitán Vázquez, Dorrego y Azcuénaga, además de un cruce bajo las vías del Metrotranvía, en Roca y Doctor Moreno.
La renovación de varias de estas redes aparece contemplada en el programa de obras 2026–2030. Es decir, parte de la infraestructura que hoy presenta problemas deberá esperar nuevas intervenciones para recuperar condiciones adecuadas de funcionamiento. El informe también advierte sobre sectores sin cobertura cloacal, como El Algarrobal, donde se proyectan obras para los próximos años.
El mapa se completa con problemas en Godoy Cruz, Capital y Luján de Cuyo. En la cuenca del Colector Sur Oeste, en Godoy Cruz, se identificaron cañerías obsoletas que necesitan renovación. En el límite entre Capital y ese departamento también existen redes antiguas y con problemas de capacidad. La cuenca oeste de El Challao y Campo Espejo, compartida entre Capital y Las Heras, presenta dificultades que pueden derivar en nuevos colapsos.
No estamos hablando de una cañería rota en una esquina o de un desperfecto que pueda solucionarse con una cuadrilla de mantenimiento. Son 25 puntos comprometidos en el área metropolitana, con 22 clasificados en los niveles más graves. La dimensión del diagnóstico obliga a discutir la planificación de la infraestructura sanitaria provincial y la capacidad de los sucesivos gobiernos para anticiparse a un deterioro que hoy aparece distribuido en varios departamentos.
Corralitos: años de reclamos, emergencia sanitaria y respuestas de urgencia
La historia de Los Corralitos permite reconstruir cómo se llegó a este escenario. Los reclamos vecinales por los desbordes en la zona de 2 de Mayo y Severo del Castillo se remontan, según testimonios recogidos por medios locales, a fines de 2022. Durante 2025 la situación se agravó y obligó a implementar soluciones provisorias para evitar que los líquidos cloacales continuaran desbordando sobre la vía pública y los terrenos cercanos.
En septiembre de 2025, Guaymallén declaró la emergencia ambiental y sanitaria mediante el Decreto 3125. La norma reconoció oficialmente las consecuencias del colapso del colector operado por Aysam y la afectación de vecinos, productores y espacios públicos. No fue una declaración preventiva frente a un riesgo hipotético: el municipio debió reconocer una situación que ya tenía consecuencias concretas sobre la población.
La emergencia tampoco terminó con aquel decreto. Durante 2025 se autorizaron de manera excepcional derivaciones de líquidos cloacales hacia el Canal Pescara para aliviar el sistema colapsado. El Departamento General de Irrigación debió intervenir mediante resoluciones específicas y los registros difundidos por organizaciones y medios locales dieron cuenta de problemas de contaminación bacteriológica y preocupación entre productores de la zona.
En marzo de 2026, los reclamos volvieron a intensificarse. Vecinos denunciaron nuevos episodios, líquidos dentro de las viviendas, malos olores y riesgos sanitarios. Algunos comenzaron a organizarse para impulsar acciones judiciales contra el Estado. En abril y mayo, las denuncias y los registros audiovisuales volvieron a mostrar que las intervenciones realizadas no habían conseguido terminar con el problema.
El conflicto llegó también al Concejo Deliberante. En julio de 2026 se aprobó la creación de una comisión especial para realizar el seguimiento de la problemática cloacal y ambiental en Los Corralitos, con posibilidad de extender su intervención a Puente de Hierro, Colonia Segovia y El Sauce. La sucesión de emergencias, reclamos y controles legislativos muestra que el problema dejó de ser una cuestión exclusivamente operativa de Aysam.
El 3 de noviembre de 2026, el Departamento General de Irrigación aprobó mediante la Resolución 1328/26 un protocolo de contingencia presentado por Aysam. El esquema contempla dos alternativas para derivar temporalmente los líquidos ante nuevos episodios: una conducción hacia un predio preparado para recibirlos y, si esa opción resulta insuficiente, un bombeo excepcional hacia el Canal Pescara. Cada intervención deberá contar con autorización y controles ambientales.
El dato es tan contundente como preocupante: mientras se proyectan las obras estructurales, el Estado provincial debe organizar procedimientos para decidir adónde derivar los líquidos cloacales cuando la red vuelva a desbordarse. La emergencia ya no consiste solamente en reparar una colectora: consiste en administrar las consecuencias de una infraestructura que no ofrece garantías suficientes ante determinadas condiciones de funcionamiento.
Cornejo y una promesa de cobertura que hoy convive con una red deteriorada
La discusión política no puede limitarse a la gestión actual de Aysam ni a las explicaciones técnicas sobre las lluvias y las conexiones clandestinas. La infraestructura sanitaria del Gran Mendoza es el resultado de decisiones acumuladas durante años, y Alfredo Cornejo tiene una responsabilidad política directa en ese recorrido: fue gobernador entre 2015 y 2019, volvió al Ejecutivo en diciembre de 2023 y durante su primera gestión presentó la ampliación del sistema cloacal como una de las grandes apuestas de infraestructura de la provincia.
En 2017 y 2018, durante su primer mandato, el Gobierno anunció e impulsó junto al Estado nacional las obras del colector Boedo-Ponce y la ampliación del establecimiento depurador El Paramillo. El propio Cornejo sostuvo entonces que Mendoza avanzaba hacia una cobertura cloacal cercana al 100%. Los proyectos respondían a una necesidad que ya estaba identificada: la cuenca de El Paramillo atendía a cientos de miles de habitantes y el crecimiento de Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú incrementaba la presión sobre el sistema.
La ampliación de El Paramillo fue inaugurada en enero de 2023, durante el gobierno de Rodolfo Suarez, con una inversión de más de $3.200 millones financiada mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. La obra permitió cuadruplicar la capacidad de tratamiento de la planta y fue presentada como un avance para elevar la cobertura de saneamiento del Gran Mendoza. También se ejecutó el colector Boedo-Ponce, una infraestructura complementaria para transportar los líquidos cloacales.
Esos antecedentes deben ser reconocidos. Hubo obras y hubo inversión. Pero justamente por eso la pregunta que surge hoy es más exigente: ¿por qué, después de tantos anuncios y proyectos de ampliación, el sistema metropolitano continúa acumulando colectoras deterioradas, redes saturadas y sectores que todavía no tienen tratamiento adecuado?
La respuesta no puede reducirse a que las lluvias agravan los problemas o a que algunos vecinos conectan indebidamente los desagües pluviales a la red cloacal. Esas situaciones existen y deben corregirse, pero no explican por sí solas que 22 de los 25 puntos identificados tengan criticidad alta o máxima. Tampoco explican el deterioro de colectores que acumulan décadas de funcionamiento, las reparaciones repetidas en algunos sectores ni la falta de cobertura en zonas que crecieron sin que la infraestructura acompañara ese desarrollo.
El crecimiento urbano no apareció de un día para otro. La expansión de barrios, loteos y actividades productivas en el Gran Mendoza era conocida por los organismos provinciales desde hace años. Si la capacidad de las redes y las plantas de tratamiento estaba comprometida, la planificación debía anticipar esa presión. Cuando la respuesta llega después de los desbordes, las emergencias y los reclamos judiciales, el problema ya no es solamente técnico: también es de gestión, previsión y prioridades presupuestarias.
Los millones anunciados y las obras que llegan después del colapso
Aysam sostiene que en los últimos seis o siete años se invirtieron alrededor de 300 millones de dólares en infraestructura y que actualmente se ejecutan 30 obras por unos 194 millones de dólares, con financiamiento propio, recursos del Fondo del Resarcimiento y organismos internacionales. El Gobierno también destacó que el Fondo del Resarcimiento permitió poner en marcha proyectos estratégicos para el sistema de saneamiento.
Entre ellos se encuentra la colectora cloacal Colonia Segovia–El Paramillo, cuya primera etapa comenzó en abril de 2022 y tiene como objetivo ampliar la capacidad de transporte y permitir que más de 30.000 personas de Colonia Segovia, El Sauce y Puente de Hierro puedan incorporarse al sistema. En enero de 2026, el Ejecutivo provincial ratificó la continuidad del proyecto mediante el Decreto 177, con una inversión anunciada de casi 9 millones de dólares provenientes del Fondo del Resarcimiento.
La segunda etapa también avanzó hacia su licitación, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. La documentación de Aysam fija una inversión superior a los $32.600 millones y un plazo de ejecución de 660 días corridos. Sin embargo, la apertura de sobres prevista para el 28 de octubre fue prorrogada al 18 de noviembre. La tercera etapa figura como una intervención pendiente de licitación.
A esto se suma el nuevo colector Infanta Isabel, destinado a aliviar la Colectora Máxima Noreste, una de las infraestructuras más comprometidas en la zona de Corralitos. Aysam informó una inversión superior a los $10.000 millones para una primera etapa de aproximadamente 3,3 kilómetros, con una capacidad de conducción proyectada de 2.700 litros por segundo. La apertura de sobres se realizó el 15 de octubre y se presentaron cinco ofertas.
Son inversiones importantes y necesarias. Pero también dejan expuesta una contradicción: buena parte de las grandes obras que hoy se presentan como soluciones estratégicas se ponen en marcha después de que la infraestructura existente colapsara y de que los vecinos llevaran años reclamando. La provincia anuncia colectores, aliviadores y nuevas etapas mientras los habitantes de las zonas afectadas siguen dependiendo de bombas, derivaciones transitorias, limpieza de sedimentos y protocolos para enfrentar las próximas tormentas.
La propia Aysam informó que había extraído más de 3.075 metros cúbicos de sedimentos de la Colectora Máxima Noreste y que debía continuar con tareas permanentes de inspección y limpieza hasta completar las obras estructurales. Es una magnitud que permite dimensionar el deterioro y la presión que soporta esa infraestructura.
La discusión sobre la inversión, por lo tanto, no debe quedarse en el monto total anunciado. Hay que preguntar cuánto se ejecutó efectivamente, qué obras se terminaron, cuáles están demoradas, qué sectores fueron priorizados y qué parte de los recursos se destinó a renovar redes antiguas en lugar de concentrarse exclusivamente en ampliaciones. También corresponde conocer cuánto se invirtió en mantenimiento preventivo y qué mecanismos de control se aplicaron para evitar que los problemas llegaran a este nivel.
Porque una inversión millonaria no garantiza por sí sola una política sanitaria exitosa. El resultado debe medirse en el servicio que recibe la población: si las cloacas funcionan, si los líquidos reciben tratamiento, si las redes soportan el caudal y si los vecinos pueden vivir sin temor a que una tormenta convierta las calles y sus viviendas en canales de aguas residuales.
Una reforma del control y una responsabilidad que no puede diluirse
La responsabilidad provincial también alcanza al esquema de regulación y fiscalización. A fines de 2024, durante la gestión de Cornejo, la Legislatura sancionó la Ley 9589, que modificó el marco regulatorio de los servicios de agua potable y saneamiento. La norma derogó el régimen anterior y transfirió las funciones de regulación, defensa de los usuarios y control al Departamento General de Irrigación, que creó una dirección específica para esas tareas.
La reforma modificó el organismo encargado de controlar el servicio, pero no eliminó la responsabilidad del Poder Ejecutivo sobre la política sanitaria provincial ni la obligación de garantizar que el sistema funcione. Aysam opera la infraestructura; Irrigación ejerce funciones regulatorias y de control; y el Gobierno provincial define prioridades, financiamiento y planificación. Son responsabilidades distintas, pero forman parte de una misma estructura estatal.
Por eso, frente a un diagnóstico de 25 puntos críticos, el debate no puede terminar en una explicación sobre las conexiones clandestinas o en la promesa de que las obras estarán listas dentro de algunos años. La Provincia debe explicar cómo llegó a este nivel de deterioro, qué controles se realizaron y por qué las intervenciones estructurales no se concretaron antes de que los vecinos terminaran expuestos a derrames cloacales.
También debe responder por las zonas que todavía carecen de cobertura. No se trata solamente de renovar cañerías: hay familias que viven en sectores donde el saneamiento sigue siendo una deuda. En una provincia que promociona inversiones, desarrollo urbano y crecimiento productivo, resulta inadmisible que el acceso a un sistema cloacal seguro continúe dependiendo de la ubicación geográfica y de la capacidad de respuesta de una infraestructura que ya muestra signos de agotamiento.
La crisis de Los Corralitos dejó una advertencia que ahora se extiende a todo el Gran Mendoza. Los desbordes no aparecen de la nada, las colectoras no se deterioran de un día para otro y las redes no quedan chicas por sorpresa. Son problemas que se acumulan cuando la planificación no acompaña el crecimiento, cuando el mantenimiento resulta insuficiente y cuando las inversiones llegan tarde o no alcanzan para cubrir las necesidades reales.
El gobierno de Alfredo Cornejo tiene por delante algo más que inaugurar obras o presentar nuevos cronogramas. Tiene que explicar por qué, después de años de anuncios, inversiones y promesas de cobertura, el Gran Mendoza llega a noviembre de 2026 con 25 puntos críticos y 22 de ellos en situación grave. Porque cuando las cloacas desbordan, lo que sale a la superficie no es solamente el contenido de una cañería: también queda expuesta la deuda de una política pública que no logró anticiparse a un problema que llevaba años creciendo bajo tierra.
