Walter Bento consiguió lo que durante años buscó por distintas vías: pasar buena parte de cada semana fuera de la cárcel y regresar a su casa de Palmares, en Godoy Cruz, para compartir el fin de semana con su familia. La resolución firmada por el juez federal riojano Jorge Gamal Abdel Chamia le permite salir del Complejo Penitenciario Federal VI de Cacheuta los viernes por la mañana y volver los lunes a las 14. Son aproximadamente tres días por semana en su domicilio, mientras cumple una condena de 18 años por una trama de corrupción que golpeó de lleno a la Justicia federal mendocina.
La decisión modificó sustancialmente las condiciones de detención del exmagistrado. La defensa había solicitado que pudiera cumplir la pena en su vivienda, pero Chamia rechazó la prisión domiciliaria permanente y optó por ampliar el régimen de vinculación familiar que ya tenía autorizado. El resultado práctico, sin embargo, es significativo: de lunes a viernes Bento permanece alojado en el penal, pero cada fin de semana puede regresar a su casa durante un período que comienza el viernes por la mañana y termina el lunes por la tarde. La medida fue definida como excepcional, provisoria y revisable.
El cambio no apareció de un día para otro. En mayo de 2026, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado el pedido de prisión domiciliaria de Bento, aunque dispuso que se garantizara un régimen periódico de vinculación presencial con su hijo, que tiene una discapacidad severa. Ese esquema comenzó con salidas de 24 horas cada 14 días, de viernes a sábado, bajo controles y supervisión. Con la nueva resolución, el régimen se amplió de manera considerable: ya no se trata de una visita quincenal de un día, sino de permanecer en el domicilio familiar desde el viernes hasta el lunes, todas las semanas mientras la autorización continúe vigente.
El argumento central de la defensa fue el agravamiento del estado de salud de Marta Boiza, esposa de Bento y principal cuidadora de uno de sus hijos. Los informes médicos incorporados al expediente señalaron que necesita asistencia permanente y que actualmente no puede asumir las tareas de cuidado que desempeñaba. También se valoraron testimonios sobre la relación entre el exjuez y su hijo, así como informes que describen una respuesta favorable del joven ante la presencia de su padre. El defensor público de Menores e Incapaces respaldó una mayor vinculación presencial.
La Fiscalía, en cambio, sostuvo que el hijo de Bento cuenta con una estructura asistencial que incluye cuidadoras durante las 24 horas, profesionales de la salud, tratamientos, transporte adaptado y concurrencia a un centro de día. Esa posición ya había sido central en las discusiones anteriores sobre la prisión domiciliaria. Ahora, la fiscal Patricia Santoni cuestiona la amplitud del nuevo régimen y prepara un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal. El Ministerio Público considera arbitraria la resolución y sostiene que la extensión de las salidas tiene gravedad institucional. La objeción apunta a que el régimen concedido excede, por su frecuencia y duración, una vinculación familiar limitada.
La discusión también tiene una dimensión jurídica concreta. La semilibertad, en el régimen penitenciario argentino, es una modalidad específica de ejecución de la pena que permite trabajar fuera del establecimiento y regresar una vez finalizada la jornada. El régimen otorgado a Bento no fue formalmente presentado como una incorporación a esa modalidad, sino como una ampliación excepcional de las salidas de vinculación familiar. Sin embargo, la Fiscalía cuestiona el alcance práctico de la decisión: el exjuez podrá pasar todos los fines de semana en su domicilio y permanecer allí desde el viernes hasta el lunes, una extensión que considera incompatible con el carácter acotado que debería tener el beneficio.
Chamia ordenó que los traslados entre Cacheuta y Palmares estén a cargo del Servicio Penitenciario Federal. También dispuso que Gendarmería Nacional realice controles aleatorios en el domicilio, en días y horarios no predeterminados, y que se evalúe la factibilidad técnica de colocarle una tobillera electrónica para monitorear sus movimientos. Durante el período autorizado, Bento deberá permanecer en su vivienda, salvo que cuente con autorización judicial expresa para salir. Son controles previstos por la resolución, pero no alteran el dato principal: el régimen le permite pasar cada semana alrededor de tres días fuera del establecimiento penitenciario.
El recorrido judicial muestra que la defensa insistió reiteradamente con distintas modalidades de salida. En octubre de 2024, Bento obtuvo una autorización extraordinaria de cuatro días para acompañar a su hijo y facilitar su adaptación a los cuidadores. En noviembre de ese año consiguió 15 días de prisión domiciliaria provisoria, en un momento en que su esposa estaba internada y el estado físico y emocional del joven se había deteriorado. Cuando venció el plazo, el tribunal ordenó su regreso a la cárcel y la negativa a mantener la domiciliaria fue confirmada posteriormente. En 2026, Casación volvió a rechazar la permanencia en el hogar, pero abrió la puerta a un régimen periódico de vinculación familiar que ahora fue ampliado por Chamia.
El contexto de la condena vuelve especialmente sensible el debate. El 6 de febrero de 2026, el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Mendoza impuso a Bento 18 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de $540.846.159. Lo declaró responsable de liderar una asociación ilícita, ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento e inutilización de elementos destinados a servir como prueba. La acusación acreditó que utilizó su cargo judicial para obtener dinero y bienes a cambio de resoluciones favorables a personas involucradas en causas penales. La sentencia fue recurrida y todavía no está firme.
La fiscal Santoni tiene ahora por delante el desafío de conseguir que Casación revise la ampliación del régimen. La apelación pone en discusión los límites de las salidas familiares, la proporcionalidad de la medida y el margen de decisión del juez subrogante en la etapa de ejecución. También obliga a examinar qué diferencia real existe entre una salida de vinculación familiar y un esquema que permite permanecer regularmente en el hogar durante casi todo el fin de semana. El tribunal superior deberá resolver si la medida se ajusta a derecho y si corresponde mantenerla, modificarla o revocarla.
Por ahora, el escenario es claro: Bento seguirá alojado en Cacheuta durante la semana y podrá regresar a su vivienda cada viernes, con obligación de volver el lunes a las 14, mientras la autorización permanezca vigente. La Fiscalía prepara su ofensiva judicial para frenar el beneficio. En una causa que terminó con una de las condenas más severas impuestas a un exjuez federal argentino, la discusión ya no se limita a si Bento puede recibir visitas o mantener el vínculo con su familia: se centra en cuánto puede flexibilizarse su encierro y hasta dónde puede llegar un régimen que le permite pasar todos los fines de semana en su casa.
