Marcelo D’Agostino dejó de ser funcionario el 10 de abril de 2026, pero el escándalo que terminó con su salida está lejos de haber terminado. Ahora una investigación de El Otro asegura haber accedido a archivos digitales que incluyen fotografías de contenido sexual y sostiene que parte de esas imágenes fueron tomadas en el despacho que el exsubsecretario de Justicia utilizaba en el tercer piso de la Casa de Gobierno, a pocos metros de la oficina del gobernador Alfredo Cornejo. El medio afirma que llegó a esa conclusión después de comparar detalles del ambiente que aparecen en las fotografías con imágenes institucionales, selfies y registros de reuniones realizadas en esa oficina.
El dato, si se confirma judicialmente, no sería simplemente un episodio privado trasladado al terreno mediático. El lugar señalado es una oficina pública y quien aparece en el centro de la investigación no era un empleado más del Estado provincial. D’Agostino fue subsecretario de Justicia desde la primera gestión de Cornejo, atravesó la administración de Rodolfo Suárez y regresó con Cornejo al poder en 2023. En enero de 2026, apenas tres meses antes de su renuncia, el propio Gobierno lo había designado representante titular del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
Ese recorrido explica por qué el caso tiene una dimensión política que excede la vida privada del exfuncionario. D’Agostino fue durante años uno de los principales interlocutores del Ejecutivo con el sistema judicial mendocino. Integró el Consejo de la Magistratura, participó de procesos de reforma judicial y ocupó cargos de relevancia en organismos federales vinculados con la selección y enjuiciamiento de magistrados. Incluso llegó a presidir el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento.
Por eso la pregunta incómoda no es solamente qué ocurrió dentro de aquel despacho. La pregunta institucional es qué nivel de controles existía sobre un funcionario que durante aproximadamente una década concentró semejante nivel de acceso, información y vínculos con el Poder Judicial. Esa cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque la propia causa penal que lo involucra terminó atravesada por denuncias de filtraciones, recusaciones y discusiones sobre la actuación de distintos actores judiciales.
La historia comenzó a tomar estado público en abril, cuando una expareja de D’Agostino presentó una denuncia penal de unas 40 páginas en la que relató presuntos hechos de abuso sexual, lesiones, amenazas, coacciones y violencia de género. El exfuncionario negó las acusaciones y presentó su renuncia argumentando que quería apartarse para garantizar el desarrollo de la investigación sin que su permanencia en el Gobierno generara sospechas o condicionamientos. Cornejo aceptó la dimisión mediante el Decreto 684 del 10 de abril.
La investigación judicial no terminó allí. El 23 de abril, la fiscal Valeria Bottini formalizó la imputación de D’Agostino por coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego. Los presuntos abusos sexuales denunciados por su expareja no fueron incluidos en esa primera imputación, y la causa continuó investigando esos hechos por separado. D’Agostino se presentó ante la Fiscalía y negó las acusaciones.
En paralelo, la causa fue acumulando episodios que contribuyeron a hacer todavía más delicado su impacto institucional. La defensa denunció a la expareja por presunta falsa denuncia, falso testimonio y tentativa de extorsión, mientras que la querella rechazó esas acusaciones. Es decir: existen versiones enfrentadas dentro del expediente y ninguna de esas acusaciones cruzadas puede presentarse como una verdad judicial definitiva.
También hubo una controversia por la circulación de información sensible de la causa. En junio, jueces penales denunciaron administrativamente al juez Rafael Escot por la filtración de capturas de un grupo privado de WhatsApp de magistrados. Según distintas reconstrucciones periodísticas, esas conversaciones terminaron en manos de la defensa de D’Agostino y fueron utilizadas para cuestionar la imparcialidad de una jueza que podía intervenir en el expediente. Escot reconoció haber entregado las capturas y explicó públicamente sus motivos.
El episodio terminó agregando otra pregunta incómoda: ¿cuánto de lo que ocurre dentro de una causa de estas características queda realmente dentro de los canales institucionales de la Justicia? La denuncia por filtraciones no demuestra por sí misma una maniobra para favorecer a ninguna de las partes, pero sí muestra que el expediente quedó atravesado por una disputa sobre la circulación de información judicial sensible. La propia querella denunció irregularidades y filtraciones durante mayo.
Y el expediente siguió moviéndose durante los meses siguientes. En julio, un tribunal rechazó la recusación contra la conjueza María Jimena Pina González y decidió que continuara al frente del proceso. En agosto, la querella cuestionó diferencias en las fechas registradas en una pericia incorporada al expediente digital. Y en septiembre la magistrada rechazó nueve planteos de la querella, mientras la representación de la denunciante insistía en que D’Agostino no pudiera abandonar el país después de haber sido visto en el área de preembarque del aeropuerto de Mendoza.
En ese contexto aparece la nueva investigación periodística. El Otro sostiene que recibió de una fuente del Ministerio de Seguridad un archivo con documentos oficiales y fotografías vinculadas con la causa. El portal afirma haber preservado la identidad de las posibles víctimas y haber evitado publicar imágenes explícitas, pero asegura que algunas fotografías pueden ser ubicadas dentro del antiguo despacho de D’Agostino mediante la comparación de ventanas, cortinas, muebles, puertas, diplomas y otros elementos visibles. Esa reconstrucción es una afirmación periodística que deberá ser corroborada por las autoridades competentes, no una conclusión judicial establecida.
El aspecto más explosivo de la publicación es precisamente ese: que el escenario señalado no sería una vivienda particular, un hotel o un espacio privado, sino un despacho oficial de la Casa de Gobierno. Si la identificación del lugar fuera confirmada mediante pericias, registros digitales o documentación judicial, el asunto adquiriría una dimensión administrativa y política adicional. No se trataría solamente de determinar quién aparece en unas fotografías, sino de establecer dónde fueron tomadas, cuándo, en qué circunstancias y si existió algún uso irregular de instalaciones públicas.
Hay otro elemento que vuelve más pesada la mochila política del caso. D’Agostino no solamente era funcionario de Cornejo: su función estaba directamente vinculada con el funcionamiento del sistema judicial. En 2025, por ejemplo, su nombre apareció públicamente relacionado con la designación de Anabel Molina, una exesposa del exsubsecretario, como jueza laboral. D’Agostino formaba parte del Consejo de la Magistratura, aunque se informó que se abstuvo de intervenir en ese proceso. La designación fue aprobada posteriormente por el Senado provincial.
Ese antecedente no prueba favoritismo ni irregularidad alguna. De hecho, las fuentes que reconstruyeron aquel proceso consignaron que el Gobierno sostuvo que la designación respondía a los méritos de la candidata y que D’Agostino se había apartado de intervenir. Pero vuelve a mostrar hasta qué punto las relaciones personales y los circuitos institucionales alrededor del exfuncionario estaban cruzados con el mundo judicial mendocino.
Tampoco es menor recordar qué significaba D’Agostino dentro del proyecto judicial del cornejismo. Fue uno de los funcionarios que acompañó reformas como la implementación y ampliación del juicio por jurados y la reforma procesal, y durante años defendió públicamente políticas impulsadas desde el Ejecutivo en materia judicial. En 2022, por ejemplo, participaba como representante de Mendoza en el FOFECMA y hablaba públicamente de los desafíos de los poderes judiciales.
Ahora ese mismo recorrido queda bajo una lupa completamente distinta. No porque las acusaciones contra D’Agostino impliquen automáticamente responsabilidades para quienes trabajaron con él, sino porque la caída de un funcionario situado durante años en una zona estratégica entre el poder político y la Justicia obliga a mirar también el sistema que lo sostuvo en ese lugar durante tanto tiempo.
La reacción política del Gobierno fue rápida en abril: D’Agostino dejó el cargo y Cornejo designó en su reemplazo a Juan Carlos Jaliff, un dirigente de extensa trayectoria institucional. El gobernador presentó entonces a Jaliff como una figura con experiencia legislativa y conocimiento del funcionamiento del Estado, y sostuvo que su incorporación serviría para fortalecer el sistema de Justicia.
Pero una salida administrativa no resuelve las preguntas que deja una crisis institucional. Tampoco alcanza con reemplazar a un funcionario para cerrar un expediente que continúa abierto. La Justicia deberá determinar qué hechos pueden probarse, cuáles no, qué ocurrió con las denuncias formuladas por ambas partes y qué responsabilidad corresponde eventualmente a cada involucrado.
El caso, además, expone una paradoja particularmente incómoda para un gobierno que construyó buena parte de su identidad alrededor de la idea de orden, institucionalidad y transformación de la Justicia. Uno de los hombres que durante años ocupó un lugar central en esa estructura terminó afuera del Gobierno por una denuncia penal y ahora vuelve a quedar en el centro de la escena por una investigación periodística que asegura haber encontrado material sexual relacionado con su antiguo despacho oficial.
Y ahí está el verdadero problema político para Cornejo: no alcanza con decir que D’Agostino ya no forma parte del Gobierno. El exfuncionario fue durante una década parte del engranaje institucional del oficialismo y hasta enero de este año seguía siendo representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura.
Por eso el escándalo no se agota en las fotografías ni en el expediente penal. La cuestión de fondo es cuánto poder acumuló durante años un funcionario encargado precisamente de vincular al Gobierno con la Justicia, qué controles existieron sobre esa estructura y qué capacidad tiene ahora el sistema institucional para investigar el caso sin filtraciones, privilegios ni interferencias.
La Justicia todavía tiene que determinar qué ocurrió. Pero políticamente, el caso ya dejó una marca: uno de los hombres que durante años estuvo en la cocina judicial del poder mendocino terminó convertido en el protagonista de una crisis que vuelve a poner al cornejismo frente a una pregunta que no se responde con un simple reemplazo de nombres: quién controla a quienes controlan la Justicia.
