La fotografía del mercado laboral mendocino volvió a empeorar. Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el Gran Mendoza alcanzó una desocupación del 8,1% durante el segundo trimestre de 2026, por encima del 7,9% registrado para el conjunto de los 31 aglomerados urbanos del país. Son alrededor de 44.000 personas que buscan trabajo y no lo encuentran.

El dato adquiere otra dimensión cuando se mira la historia. En el segundo trimestre de 2016, el desempleo del Gran Mendoza era del 4,4%, equivalente a unas 18.000 personas. Diez años después, la tasa llegó al 8,1%. Eso representa un incremento de 3,7 puntos porcentuales y una suba relativa cercana al 84%: no se duplicó matemáticamente, pero quedó a un paso de hacerlo.

Y hay una particularidad política que vuelve al dato todavía más incómodo: el 4,4% de 2016 corresponde a la primera gestión de Alfredo Cornejo como gobernador, mientras que el 8,1% actual se registra durante su segundo mandato. La comparación, por sí sola, no permite atribuirle causalidad al gobernador —el mercado laboral depende también del ciclo económico nacional, las decisiones empresariales y variables externas—, pero sí permite afirmar que la provincia termina una década con una tasa de desempleo considerablemente mayor a la que tenía al comienzo de aquel ciclo político.

La evolución intermedia muestra, además, que el recorrido no fue lineal. En el cuarto trimestre de 2017, el propio Gobierno de Mendoza celebraba que el desempleo del Gran Mendoza había caído al 2,7%, atribuyendo parte de esa mejora a la obra pública, la construcción privada y las perspectivas favorables para la actividad agropecuaria. Aquella cifra hoy parece pertenecer a otro mercado laboral: el 8,1% actual es exactamente tres veces aquel registro.

El deterioro reciente también es significativo. En el segundo trimestre de 2025, el desempleo del Gran Mendoza había sido del 6,4%. Un año después llegó al 8,1%, un salto de 1,7 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, la tasa de empleo cayó desde 47,5% hasta 46,2%, según los datos difundidos a partir de la EPH. Es decir, no solamente aumentó la cantidad de personas sin trabajo: también disminuyó la proporción de población ocupada.

La comparación regional tampoco favorece a Mendoza. Cuyo registró una desocupación promedio de 5,9%, muy por debajo del 8,1% del Gran Mendoza. San Luis quedó en 2,6% y San Juan en 3,2%. Mendoza se convirtió así en el principal foco de desempleo de la región y quedó por encima de la tasa nacional.

La explicación no parece estar solamente en la falta absoluta de puestos. Entre enero y marzo de 2026, por ejemplo, el Gran Mendoza ya mostraba señales de presión laboral: la desocupación había alcanzado 7,3%, mientras 22,4% de los ocupados declaraba estar buscando otro trabajo, muy por encima del 15,8% nacional. Esa cifra revela un problema distinto del desempleo abierto: incluso entre quienes tienen una ocupación, una porción importante considera insuficiente su ingreso o sus condiciones laborales y continúa buscando una alternativa.

La calidad del empleo también preocupa. Un relevamiento del Centro de Investigaciones de Economía Crítica de Mendoza había detectado para el primer trimestre una informalidad del 48,9% en el Gran Mendoza, 11 puntos por encima del promedio nacional utilizado en ese informe. El mismo análisis señalaba que el deterioro del empleo se combinaba con una necesidad creciente de complementar ingresos.

Mientras tanto, los registros del empleo privado muestran un mercado con dificultades para expandirse con fuerza. En mayo de 2026 Mendoza tenía unos 237.495 puestos de trabajo asalariados privados registrados, apenas 214 más que el mes anterior, mientras el número de empleadores cayó en 163. A nivel nacional, en el mismo período, el empleo privado registrado retrocedió.

La construcción, uno de los sectores históricamente más sensibles para la generación de empleo, tampoco atraviesa un escenario particularmente expansivo. El IERIC informó que el empleo registrado en la construcción cayó 0,3% mensual en junio y que el promedio del segundo trimestre quedó prácticamente estancado. En Cuyo, además, el empleo formal del sector se contrajo 3,2% mensual durante junio. El organismo remarcó que el nivel nacional sigue por debajo de su promedio histórico.

Frente a este escenario, el Gobierno de Mendoza exhibe sus programas de empleo como una de las respuestas centrales. La administración Cornejo informó que durante 2025 destinó más de $9.830 millones a Enlace, Pre-Enlace y Enlazados, y sostuvo que más de 9.000 personas accedieron a empleos formales mediante Enlazados. Para 2026, la provincia llegó a desembolsar casi $14.000 millones a través del fideicomiso destinado a sostener estos programas.

El problema es que esos esfuerzos todavía no alcanzan para modificar la fotografía general. El Gobierno provincial puede mostrar miles de incorporaciones mediante programas de incentivo, pero el indicador que permite medir el estado del mercado laboral en términos generales es la EPH: y allí aparecen más desocupados, menor tasa de empleo respecto de un año atrás y una brecha de 0,2 puntos frente al promedio nacional. La discusión no debería ser si Enlazados funciona para quienes ingresan al programa, sino por qué una provincia que apuesta a este tipo de políticas necesita cada vez más instrumentos públicos para sostener la creación de empleo.

También existe una responsabilidad que excede a Mendoza. El mercado laboral nacional viene atravesando una transformación durante la gestión de Javier Milei: en el segundo trimestre de 2026 la desocupación nacional llegó al 7,9%, la informalidad alcanzó 45% y, desde fines de 2023, el empleo registrado mostró una caída mientras aumentó el no registrado. La propia estadística nacional muestra que el crecimiento de la fuerza laboral está superando la velocidad a la que la economía genera nuevos puestos.

Pero justamente por eso el dato mendocino merece una lectura propia. No alcanza con decir que el problema viene de Nación cuando la provincia tiene una tasa de desempleo superior a la nacional y muy superior a la del resto de Cuyo. Tampoco alcanza con mostrar programas de subsidio al empleo como si fueran equivalentes a un mercado privado capaz de generar puestos estables por sí mismo.

Hay, además, una contradicción entre el discurso de largo plazo y la realidad inmediata. Mendoza busca posicionarse como destino de inversiones en minería, energía, petróleo, agroindustria y otros sectores; el Gobierno provincial presenta la capacitación y la inserción laboral como pilares de su estrategia de desarrollo. Sin embargo, el mercado laboral actual todavía no consigue absorber a todos los mendocinos que necesitan trabajar. Y los números muestran que tener sectores productivos con potencial no significa automáticamente tener empleo suficiente hoy.

La comparación de diez años deja, finalmente, una pregunta que la política mendocina deberá responder. En 2016, el Gran Mendoza tenía un desempleo del 4,4%. Hubo años en los que cayó hasta niveles cercanos al 3%. Hoy está en 8,1%, prácticamente el doble de aquel punto de partida y por encima de la media argentina.

El dato no necesita una consigna para ser incómodo: mientras Mendoza habla de inversión, competitividad y nuevos motores productivos, miles de mendocinos siguen buscando un trabajo que no aparece.

Y si después de una década el desempleo está casi al doble, el problema ya no puede explicarse solamente como una mala estadística trimestral. Es una señal sobre un modelo de desarrollo que todavía no consigue transformar sus promesas de crecimiento en una cantidad suficiente de empleos estables para la población.