El Gobierno nacional sufrió este jueves un nuevo revés legislativo.
Pese a haber logrado abrir la sesión en el Senado, La Libertad Avanza no consiguió los acuerdos políticos necesarios para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que, entre otros cambios, elimina los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, modifica el régimen de expropiaciones, agiliza desalojos y reforma la Ley de Manejo del Fuego.
Lejos de avanzar con una de las reformas más ambiciosas impulsadas por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el oficialismo volvió a quedarse sin los votos suficientes y terminó aceptando postergar el tratamiento hasta una nueva sesión prevista para el 6 de agosto.
Cuarta postergación y otra señal de debilidad parlamentaria
No es la primera vez que ocurre.
El proyecto ya había sido diferido en varias oportunidades debido a la dificultad del oficialismo para reunir mayorías estables en la Cámara alta. Las negociaciones con bloques dialoguistas continuaron hasta último momento, pero no alcanzaron para destrabar una iniciativa que divide incluso a sectores habitualmente cercanos al Gobierno.
La decisión de pasar a un cuarto intermedio evitó una derrota formal en el recinto, pero dejó expuesta otra vez la fragilidad parlamentaria de una administración que depende de acuerdos permanentes para avanzar con sus reformas.
La tierra, en el centro del debate
El capítulo más cuestionado del proyecto propone eliminar los límites establecidos por la Ley 26.737 para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Actualmente la legislación permite esas compras, pero fija topes nacionales, provinciales y departamentales para evitar una concentración excesiva del territorio en manos de capitales extranjeros.
La propuesta del Gobierno elimina buena parte de esas restricciones bajo el argumento de que desalientan inversiones y afectan el derecho de propiedad. Especialistas en derecho agrario, organizaciones académicas y sectores de la oposición sostienen, en cambio, que la reforma podría facilitar la concentración de recursos estratégicos —como agua, litio, minerales, petróleo y zonas de frontera— en manos de intereses privados extranjeros.
¿Efecto Selección?
Mientras el Senado debatía el proyecto, las redes sociales se llenaron de comentarios que vinculaban la escasa atención pública sobre la sesión con la participación de la Selección Argentina en el Mundial. La hipótesis fue compartida por numerosos usuarios, que sostuvieron que el tratamiento de una ley de semejante impacto coincidía con uno de los momentos de mayor atención deportiva del país. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de que el Mundial haya sido la causa de la postergación.
La información surgida de las negociaciones parlamentarias muestra que el motivo central fue otro: el oficialismo no tenía los votos necesarios para aprobar el proyecto y optó por ganar tiempo antes que exponerse a una derrota en el recinto.
Un proyecto que sigue generando resistencia
La iniciativa también modifica el régimen de expropiaciones, endureciendo las condiciones para que el Estado pueda recuperar bienes por utilidad pública, incorpora procedimientos más rápidos para desalojos judiciales y elimina restricciones sobre el cambio de uso de tierras afectadas por incendios.
Ese conjunto de reformas convirtió al proyecto en uno de los más controvertidos de la agenda legislativa del Gobierno.
Mientras el oficialismo insiste en que busca brindar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones, la oposición sostiene que varias de las modificaciones implican una cesión de herramientas estratégicas del Estado y una flexibilización excesiva sobre recursos considerados sensibles para la soberanía nacional.
Una batalla que todavía no terminó
El fracaso legislativo no significa el final del proyecto. La Libertad Avanza ya confirmó que intentará volver a llevarlo al recinto el próximo 6 de agosto, con la expectativa de sumar los votos que esta vez no consiguió. Hasta entonces, continuará una negociación política que excede el debate jurídico.
Porque detrás de la discusión sobre la propiedad privada aparece una pregunta mucho más profunda: ¿hasta dónde puede abrirse el territorio argentino al capital extranjero sin comprometer el control sobre recursos estratégicos?
La respuesta, por ahora, seguirá esperando en el Senado.
