La crisis cloacal que desde hace años afecta a distintos puntos del Gran Mendoza sumó un nuevo capítulo. Mientras vecinos de Los Corralitos siguen denunciando desbordes de líquidos cloacales, malos olores y riesgos sanitarios, una nueva actuación del Departamento General de Irrigación volvió a colocar a Aysam en el centro de la polémica.
La empresa estatal de agua y saneamiento, presidida por Humberto Mingorance, recibió una intimación formal por un campo de derrame cloacal ubicado sobre calle Los Pinos, camino a la planta depuradora El Paramillo, en Fray Luis Beltrán, Maipú.
El caso adquiere relevancia porque se suma a una serie de denuncias ambientales, administrativas y judiciales que ya tienen bajo investigación a integrantes de la conducción de la empresa.
Un nuevo foco de contaminación
Según consta en el acta Nº 2889 labrada por inspectores de Irrigación el pasado 29 de mayo, se detectó una situación vinculada a un sector utilizado para el vertido de efluentes provenientes del colector Paramillos.
Aunque el documento oficial señala que al momento de la inspección no se verificaban descargas activas, posteriores recorridas periodísticas registraron presencia de líquidos acumulados y sectores anegados en una amplia superficie cercana al trazado del colector.
La zona afectada se encuentra en las inmediaciones de áreas agrícolas y próxima al sistema ambiental asociado a la antigua Laguna El Viborón, un ecosistema históricamente relevante para el departamento de Maipú.
Por esa razón, Irrigación ordenó a la empresa adoptar medidas correctivas y avanzar en tareas de remediación ambiental, citando disposiciones contenidas en la Resolución 778/96 destinada a la protección de cursos de agua y ecosistemas vinculados.
El mismo colector que preocupa en Los Corralitos
Uno de los elementos que más inquieta a especialistas y vecinos es que el nuevo punto observado forma parte del sistema del colector Paramillos, infraestructura que también se encuentra relacionada con los problemas registrados en la zona de Severo del Castillo y 2 de Mayo, en Los Corralitos.
Allí, los reclamos vecinales se multiplicaron durante los últimos años debido a reiterados episodios de desbordes cloacales que terminaron afectando calles, acequias y canales de riego.
Incluso estudios incorporados en expedientes judiciales incluyeron análisis bacteriológicos realizados por laboratorios universitarios que advirtieron sobre la presencia de contaminación incompatible con el consumo humano en muestras tomadas en sectores afectados.
La situación derivó en denuncias formales y en actuaciones que hoy tienen consecuencias judiciales para parte de la conducción de Aysam.
Una empresa bajo presión judicial
La crisis ya dejó de ser exclusivamente técnica o ambiental.
Durante los últimos meses, la Justicia provincial avanzó sobre denuncias vinculadas a presuntos incumplimientos en materia de gestión de efluentes cloacales.
Entre los investigados aparecen autoridades de la empresa, incluido su presidente, Humberto Mingorance, en causas impulsadas a partir de actuaciones administrativas, reclamos vecinales y denuncias de organizaciones civiles.
Aunque las investigaciones se encuentran en distintas etapas procesales, el cuadro general refleja un escenario cada vez más complejo para la conducción de la compañía estatal.
Las promesas que todavía no llegan
La situación genera especial malestar porque ocurre mientras continúan vigentes compromisos públicos asumidos por Aysam para mitigar los desbordes en Los Corralitos.
Vecinos consultados por distintos medios sostienen que los plazos anunciados por la empresa no se han traducido todavía en una solución definitiva.
Las imágenes de calles anegadas por líquidos cloacales continúan circulando periódicamente y los habitantes de la zona denuncian que la convivencia diaria con los derrames afecta la calidad de vida, genera malos olores permanentes y plantea riesgos sanitarios para niños y adultos mayores.
La sensación predominante entre quienes viven en el lugar es que las respuestas llegan más lentamente que el agravamiento del problema.
El trasfondo político
La crisis también tiene una dimensión política difícil de ignorar.
Aysam es una empresa estatal controlada por el Gobierno provincial y su conducción forma parte del esquema de gestión impulsado por Alfredo Cornejo.
Por eso, cada nuevo episodio de contaminación, cada denuncia vecinal y cada actuación judicial termina proyectando sus efectos más allá de la empresa y alcanza directamente a la administración provincial.
La situación resulta particularmente sensible porque Mendoza ha sostenido durante años una fuerte narrativa vinculada a la eficiencia en la administración de los recursos hídricos y al cuidado ambiental.
Las dificultades para resolver problemas estructurales de saneamiento chocan de frente con ese discurso y alimentan cuestionamientos sobre las prioridades de inversión, el estado de la infraestructura y la capacidad de respuesta frente a reclamos que llevan años acumulándose.
Una crisis que sigue creciendo
Mientras Irrigación exige medidas correctivas, la Justicia avanza con sus investigaciones y los vecinos continúan reclamando soluciones concretas, el conflicto cloacal parece lejos de cerrarse.
El nuevo foco detectado en la zona de El Paramillo vuelve a exponer un problema que ya no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una crisis más amplia de infraestructura sanitaria.
La pregunta que comienza a instalarse entre vecinos, especialistas y dirigentes políticos es cuánto tiempo más podrá sostenerse una situación que combina contaminación, reclamos ciudadanos, investigaciones judiciales y obras que todavía no logran dar una respuesta definitiva.
