El sistema de octógonos negros implementado en los envases de alimentos en la Argentina se convirtió en una herramienta cotidiana para identificar de un vistazo los excesos de componentes críticos como azúcares, grasas y sodio, transformando radicalmente la experiencia de compra en las góndolas del país.
Detrás de la retórica de la desregulación económica y la quita de trabas burocráticas para la industria, el Poder Ejecutivo Nacional encendió las alarmas de la salud pública y el derecho al consumo informado. A través de un proyecto de ley enviado al Senado de la Nación, el presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones, busca la derogación absoluta de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (N° 27.642). La iniciativa oficial pretende desmantelar un sistema de advertencias que costó años de debate legislativo, bajo el argumento de que los octógonos negros generan confusión y representan un castigo corporativo para las pequeñas y medianas empresas.
La arremetida de la Casa Rosada califica al modelo actual de "binario" y asegura que la obligatoriedad de los sellos asimila productos de baja densidad nutricional con ultraprocesados de alta peligrosidad para la salud crónica. Sin embargo, los fundamentos oficiales omiten que la ley argentina fue diseñada siguiendo los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerados internacionalmente como el estándar más alto para combatir las epidemias silenciosas del siglo XXI: la obesidad, la diabetes y las afecciones cardiovasculares. Quitar el impacto visual de los envases no solo desestima la evidencia científica acumulada, sino que transfiere toda la responsabilidad de la interpretación técnica a los sectores más vulnerables de la población, quienes perderán una herramienta de lectura rápida en las góndolas.
La justificación gubernamental respecto a las asimetrías operativas dentro del Mercosur y los costos fijos que asumen las PyMEs funciona como una mampara económica para camuflar un claro retroceso en los derechos adquiridos de los consumidores. Mientras los países de la región avanzan, con matices, hacia esquemas de mayor transparencia alimentaria, el proyecto oficialista propone regresar al viejo entramado de letras microscópicas y tablas de porcentajes indescifrables regidas por el Código Alimentario Argentino. Esta flexibilización, lejos de dinamizar los mercados, desincentiva los procesos de reformulación de recetas que muchas empresas ya habían iniciado para evitar los sellos, sepultando el derecho constitucional a recibir una información adecuada, veraz y de fácil acceso.
La estrategia legislativa del oficialismo expone además una profunda contradicción discursiva en materia de libertad de elección. Para que exista un mercado verdaderamente libre y competitivo, los individuos deben contar con información simétrica, clara y transparente que les permita tomar decisiones conscientes sobre lo que ingresa a sus hogares. Al cercenar los octógonos negros y habilitar nuevamente el uso de personajes infantiles o promesas publicitarias engañosas en productos altos en sodio o azúcares, el Estado no está liberando las fuerzas productivas, sino desprotegiendo los entornos escolares y vulnerando el bienestar de las infancias en beneficio de las cámaras corporativas del sector concentrado.
Con la solicitud de un trámite parlamentario exprés en la Cámara Alta, el destino de la alimentación saludable en la Argentina queda ahora supeditado a la resistencia que puedan articular los bloques opositores, las asociaciones de consumidores y las sociedades científicas. El debate que se avecina en el Congreso no girará en torno a la eficiencia técnica de una etiqueta, sino alrededor del rol regulador del Estado frente a la salud colectiva: si prevalecerá el resguardo de la calidad de vida de los ciudadanos o si la salud pública será la próxima variable de ajuste en el altar de la desregulación económica irrestricta.
