La promesa de combatir los vicios de la vieja política sumó un nuevo y severo dolor de cabeza judicial en el corazón del esquema de poder de Javier Milei. La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una denuncia penal contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, apuntando a presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles y el incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación, radicada en los tribunales federales de Comodoro Py, pone la lupa sobre la Licitación Pública N° 23-0005-LPU26, un proceso convocado por la propia Secretaría General para el "mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa de Gobierno". El monto adjudicado asciende a la impactante cifra de 700 millones de pesos.

El núcleo del fraude denunciado radica en lo que Pagano describe como una "ficción licitatoria". De acuerdo con el escrito judicial, las dos firmas que se presentaron formalmente como competidoras independientes para quedarse con el millonaria negocio —La Mantovana de Servicios Generales SA y Grub SA— pertenecen en realidad al mismo conglomerado económico, el denominado "Grupo Buena Vista SA", bajo la órbita del empresario Franco Castelli.

Lo políticamente explosivo del caso es la trama de relaciones humanas que rodea la adjudicación. Según la denuncia, Castelli mantendría un vínculo de parentesco directo con María Belén Agudiez, actual subsecretaria de Planificación General y señalada de forma unánime como la mano derecha y persona de máxima confianza de Karina Milei en la administración cotidiana de la quinta presidencial.

"La admisión simultánea como oferentes formalmente independientes de dos firmas oficialmente reconocidas como integrantes del mismo grupo económico no puede explicarse por simple ignorancia o negligencia: constituye, como mínimo a título de dolo eventual, la consagración de una ficción licitatoria destinada a aparentar competencia donde no la hay", sostiene el texto presentado por la legisladora.

Un antecedente que desarma la defensa de la ignorancia

El principal argumento de la acusación radica en que el carácter idéntico de los oferentes no era un secreto indescifrable para el Estado. Pagano advierte en la presentación que la condición de grupo económico unificado de ambas empresas consta de manera expresa en un dictamen emitido por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia con fecha del 27 de septiembre de 2024.

Al ser un dato técnico preexistente, público y de fácil acceso institucional, la denuncia subraya que la Secretaría General de la Presidencia tenía la obligación legal estricta de verificar la independencia económica y la libre competencia de las firmas admitidas al concurso. Al obviar esta advertencia explícita y avalar la puja simulada, el área controlada por la hermana del Presidente habría incurrido en una flagrante desprotección del patrimonio estatal, direccionando de forma efectiva los fondos del sector público.

Ante la gravedad del planteo, la Justicia Federal ya comenzó a mover sus engranajes. El fiscal federal Ramiro González requirió formalmente al Poder Ejecutivo Nacional el envío urgente de toda la documentación respaldatoria del trámite administrativo. La medida busca constatar el estado actual de la adjudicación, verificar si ya se registraron desembolsos efectivos de dinero público y determinar el grado de participación de los funcionarios señalados antes de avanzar en la imputación formal de la funcionaria clave de la Casa Rosada.

A este complejo panorama judicial se suman los cuestionamientos por el incremento en las partidas presupuestarias destinadas a la estructura que conduce Agudiez dentro de Olivos, un área bajo la mira de la oposición parlamentaria tras reportarse subas discrecionales y contrataciones de allegados sin antecedentes específicos registrados en la administración. La irrupción de este caso de la "casta jardinera" amenaza con mellar el núcleo discursivo oficialista sobre la transparencia y la austeridad fiscal en los gastos directos del Poder Ejecutivo.