La publicación de la Resolución N° 1622, emitida el pasado 30 de abril de 2026 por la Dirección General de Escuelas (DGE) y refrendada en el Boletín Oficial, ha encendido las alarmas en el este mendocino. Bajo el rótulo técnico de "descentralización de los Institutos de Educación Superior (IES)", se esconde una reconfiguración del sistema que, para muchos sectores de la comunidad, huele a un vaciamiento de la educación pública en los departamentos alejados del Gran Mendoza.

El foco de la resistencia hoy está en La Paz, específicamente en el IES N° 9-005 “Fidela Amparán”. Esta institución no es solo un edificio; es la única oportunidad de profesionalización para cientos de jóvenes que, por distancias y costos, no pueden migrar a los centros urbanos. Ante las versiones de un posible cese de actividades, el Ejecutivo local mantuvo reuniones de alto nivel con el Director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, manifestando un rechazo firme a cualquier medida que implique el cierre.

En una jugada política que busca quitarle argumentos logísticos a la provincia, la comuna puso a disposición la infraestructura del Centro Cultural Palorma y el futuro Centro Universitario. El mensaje es claro: si el problema es el espacio o el presupuesto de mantenimiento, el municipio asume el compromiso con tal de proteger su capital intelectual.

Desde la DGE se ha deslizado que la "baja matrícula" sería el disparador de esta reestructuración. Sin embargo, el análisis debe ser integral: la matrícula es hija de la oferta disponible. Si la provincia no actualiza las currículas ni las vincula al desarrollo estratégico regional, el interés lógicamente se resiente. En un territorio donde la educación superior es el principal motor de ascenso social, tratarla exclusivamente bajo una lógica de "costo-beneficio" de planilla de Excel es, cuanto menos, un error de lectura social que La Paz no está dispuesta a convalidar.