El tiempo se agota y el Gobierno lo sabe. El Ejecutivo está trabajando en la posibilidad de interponer un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema revise el fallo que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. El plazo para presentarlo vence este viernes 17 de abril.

La decisión ya estaba tomada desde el momento en que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal publicó su fallo el 31 de marzo. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán rechazaron el recurso de apelación del Ejecutivo, confirmaron la cautelar y le ordenaron aplicar "de manera inmediata" los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. "Dar marcha atrás no es una opción", aseguró a Infobae una fuente gubernamental con incidencia total en la decisión final. La postura definida es presentar el recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, con la perspectiva — no muy optimista — de que el máximo tribunal lo considere y trate el caso.

Los equipos legales de la Presidencia de la Nación, la Procuración del Tesoro y el Ministerio de Capital Humano están terminando de redactar la presentación. El responsable de la interlocución con las universidades es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien responde a la ministra Sandra Pettovello. El tema tiene interrelación total con la política fiscal que ejecuta el ministro Luis Caputo.

Por qué la Corte probablemente no lo admita

La estrategia judicial del Gobierno enfrenta un obstáculo procesal de peso. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, advirtió que la Corte tiene establecido que no se expide sobre cautelares porque no son materia de su competencia al no tratarse de sentencias definitivas. Lo que la Cámara confirmó es una medida cautelar —no una sentencia de fondo—, y esa distinción podría hacer que el recurso no prospere.

Los propios jueces de la Cámara habían anticipado ese escenario. En el fallo, preguntaron retóricamente si la Corte podría considerar el recurso y respondieron que, a la luz de la jurisprudencia, la respuesta sería negativa.

Aun así, el Gobierno apuesta a ese camino. Si la Corte rechaza el recurso extraordinario, la Casa Rosada podría interponer un recurso de queja por denegación del REF directamente ante la Corte Suprema, agregando otra instancia dilatoria al proceso.

La historia detrás del conflicto

La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Congreso en 2024. Milei la vetó, pero los legisladores la confirmaron con dos tercios de los votos en ambas cámaras. El Poder Ejecutivo no tuvo más opción que promulgarla, pero lo hizo sin asignarle recursos presupuestarios para su implementación. Luego, suspendió su ejecución mediante el decreto 759/2025.

El argumento oficial siempre fue el mismo: no hay fondos disponibles y no pueden ejecutarse partidas sin que el Congreso defina las fuentes de financiamiento. Para la Cámara, esos planteos resultan "poco serios". El tribunal señaló que el impacto fiscal de la ley fue estimado en torno al 0,23% del Producto Bruto Interno, y que ese monto no puede ser utilizado para vulnerar el derecho constitucional a la educación pública.

El dato es contundente: las transferencias a universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Los salarios universitarios subieron un 158% desde la asunción de Milei, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%. Esa brecha implica una pérdida de poder adquisitivo del 32%, equivalente a 7,3 salarios mensuales desde noviembre de 2023.

Lo que dice la ley y lo que ofrece el Gobierno

El artículo 5 de la Ley 27.795 fija que los salarios universitarios deben ajustarse en función de la evolución inflacionaria desde diciembre de 2023 para garantizar que no queden por debajo de ese índice. El artículo 6 dispone una actualización equivalente para los programas de asistencia estudiantil.

La distancia entre lo que manda la ley y lo que el Gobierno propone es abismal. El proyecto alternativo del Ejecutivo elimina esa recomposición retroactiva a diciembre de 2023 y la reemplaza por tres aumentos escalonados del 4,1% cada uno, a partir del 1 de marzo. Según un informe del sindicato docente de la UBA, eso implica una diferencia de 2,5 billones de pesos que los trabajadores universitarios dejarían de percibir. Además, el texto oficial elimina la cláusula que garantiza que los aumentos no pueden ser inferiores a la inflación del INDEC.

Para cumplir plenamente con la ley en 2026, sería necesario incrementar al menos $3,1 billones las partidas destinadas a salarios, funcionamiento, hospitales universitarios y becas, según estimaciones del Centro de Investigación de Economía Nacional. En términos estrictamente salariales, el incremento necesario es del 63,7% sobre las partidas del presupuesto 2026, equivalente a $2,734 billones.

El proyecto alternativo en Diputados y la llave de los gobernadores

En paralelo a la vía judicial, el tema fue debatido en la última reunión de la Mesa Política y el plan es impulsarlo en Diputados a fines de abril. Se trata del mismo enfoque que el Gobierno ya intentó incluir en el capítulo XI del Presupuesto 2026 y que fue rechazado en Diputados, donde obtuvo 117 votos a favor contra 123 en contra.

La clave para aprobar este proyecto estará en los gobernadores, especialmente los de la Unión Cívica Radical. Según el Gobierno, el texto fue acordado con los rectores de las universidades, de manera tal que habría una predisposición de los aliados a dar su apoyo. Los gremios, sin embargo, rechazan de plano cualquier modificación de la ley vigente.

El sistema universitario movilizado

Las organizaciones gremiales no esperan el desenlace judicial con los brazos cruzados. CONADU acordó de forma unánime la realización de una marcha federal universitaria para el 23 de abril, a coordinar con el Frente Sindical Universitario y la comunidad universitaria en general. FATUN, la federación que representa a los trabajadores no docentes de 55 universidades, tiene previsto un paro ese mismo 23 de abril, además de otro este viernes 17 — el mismo día en que vence el plazo para el recurso a la Corte.

La fecha del 23 de abril no es casual. En 2024, la primera gran marcha federal universitaria concentró a cientos de miles de personas en todo el país y se convirtió en el primer acto de resistencia popular masiva al gobierno de Milei. Los gremios buscan reeditar esa imagen, esta vez con un expediente judicial favorable como argumento central.