POLÃTICA
15 de abril de 2026
La Justicia confirmó que Manuel Adorni viajó a Aruba en primera clase con toda su familia
El fiscal Gerardo Pollicita corroboró los movimientos del Jefe de Gabinete entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Los pasajes aéreos costaron 5.800 dólares, fueron abonados en efectivo y la causa busca determinar si estos gastos son compatibles con su patrimonio declarado.
En el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita logró reconstruir un movimiento clave en la evolución patrimonial de Manuel Adorni. Según la información remitida por la aerolínea LATAM al juzgado de Ariel Lijo, el actual Jefe de Gabinete abordó un vuelo con destino a la isla de Aruba el 29 de diciembre de 2024, acompañado por su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos.
La documentación oficial detalla que el grupo familiar ocupó asientos en categoría primera clase. Cada ticket tuvo un costo unitario de 1.450 dólares, lo que representó un desembolso total de 5.800 dólares. Un dato central para la fiscalía es la modalidad de la transacción: los pasajes fueron cancelados íntegramente en moneda extranjera y en efectivo. El periplo incluyó escalas en Perú y Ecuador, y el regreso al país se concretó el 10 de enero de 2025.
Este hallazgo se suma a las medidas de prueba ordenadas recientemente, luego de que el juez Lijo autorizara el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su cónyuge. Los investigadores ahora ponen la lupa sobre el costo del alojamiento en el Caribe, dato que aún no figura en los registros oficiales. El objetivo es contrastar estas erogaciones con los ingresos del funcionario, cuyo salario mensual rondaba los 3 millones de pesos al momento del viaje.
Además de las vacaciones, la Justicia analiza otras operaciones que forman parte del mismo expediente, como la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares. En esa transacción, Adorni habría abonado 30.000 dólares iniciales, obteniendo una hipoteca de 200.000 dólares otorgada de forma privada por las vendedoras. Con el acceso a los movimientos de tarjetas de crédito y cuentas bancarias ya habilitado, la fiscalía busca determinar si existe una brecha injustificada entre el estilo de vida del funcionario y sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.
