El surtidor no da tregua y la comparación internacional ya no resiste el discurso oficial. Según un reciente informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el precio de la nafta en Argentina superó la barrera de los $2.000 por litro en marzo de 2026, consolidando una realidad alarmante: hoy un argentino paga, en promedio, USD 1,42 por litro, mientras que un ciudadano en Estados Unidos abona USD 1,05.

Esta brecha del 35% no es una casualidad del mercado, sino el resultado directo de la política de "convergencia internacional" de la administración libertaria. Al eliminar el Barril Criollo —aquel amortiguador que permitía desacoplar el precio interno del internacional—, el Gobierno de Javier Milei ha decidido que los argentinos "importen" crisis energéticas ajenas. Así, la escalada del crudo Brent, impulsada por la intensificación del conflicto en Medio Oriente desde fines de febrero, se traslada sin escalas al costo de vida local, encareciendo el transporte y los alimentos en un país que produce más hidrocarburos que nunca en su historia.

El impuesto como caja del superávit

Desde el inicio de la gestión libertaria y hasta el cierre de marzo de 2026, la nafta aumentó un 514% nominal, lo que representa un salto del 56,9% en términos reales. Lo más llamativo es el rol del Estado en este esquema: el monto fijo que grava los combustibles creció un 118% por encima de la inflación, duplicando su incidencia en el precio final (pasó del 10% al 20% del total que paga el consumidor).

Sin embargo, esta mayor presión fiscal tiene un destino difuso. Los datos son elocuentes: de los $1.518.401 millones recaudados por este impuesto —que por ley debe destinarse al mantenimiento vial—, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) solo ejecutó el 60%. Los $598.021 millones restantes han sido utilizados para abultar el superávit fiscal del que el Ejecutivo se jacta en redes sociales, a costa de un deterioro histórico de la infraestructura. El gasto de Vialidad cayó un 72,3% real comparado con 2023, alcanzando niveles críticos similares a la crisis de 2002.

Mendoza: entre el turismo de frontera invertido y rutas en estado crítico

En la provincia de Mendoza, el impacto tiene matices particulares. Al ser una provincia productora y con una destilería clave como la de Luján de Cuyo, la paradoja de pagar precios internacionales se siente con mayor irritación. El fenómeno del "turismo de frontera" se ha invertido: la brecha con Chile se cerró y ya no llegan caravanas de trasandinos para cargar combustible, lo que impacta directamente en la recaudación local por Ingresos Brutos.

A esto se suma el peligro latente en las rutas nacionales que atraviesan la provincia, como la Ruta 7 o la 40, donde la falta de mantenimiento denunciada por transportistas coincide con el recorte del 40% en la ejecución de fondos de Vialidad. Los baches y la falta de señalización en zonas de alta montaña no son solo un problema logístico, sino una trampa mortal en el corredor bioceánico.

Una tregua de corto alcance

Para intentar contener un índice inflacionario que amenaza con recalentarse por el arrastre de costos, el Gobierno publicó el Decreto 217/2026, postergando hasta el 1° de mayo la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos. Es, en esencia, una "patada hacia adelante" de un problema estructural: la decisión de atar el bienestar del consumidor argentino a la cotización del barril en Londres o Nueva York, ignorando la capacidad de amortiguación que otorga el suelo propio.