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En una sesión marcada por la polarización entre la "eficiencia punitiva" y las "garantías procesales", el Senado de Mendoza convirtió en ley este martes una reforma clave al Código Procesal Penal. El eje central: dotar de nueva musculatura al régimen de flagrancia, ese procedimiento diseñado para juzgar de forma casi inmediata a quienes son atrapados cometiendo un delito o huyendo con el botín.
La iniciativa, enviada por el Ejecutivo y defendida en los pasillos legislativos por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, busca terminar con la sensación de "puerta giratoria" para los delitos menores pero de alto impacto social, como hurtos, robos simples o asaltos callejeros. Donde antes el oficialismo decía "agilidad", la oposición hoy lee "improvisación". El corazón del cambio es el estiramiento de los plazos: el reloj ya no correrá frenéticamente en 24 horas para los fiscales, una exigencia que, según el Gobierno, volvía al sistema actual algo obsoleto e inaplicable.
¿Qué cambia a partir de ahora?
La flamante normativa estira el plazo para que los fiscales formulen la imputación: de un solo día hábil se pasa a diez días, con la posibilidad de una prórroga por otros diez. Este "aire" extra busca que la acusación llegue a la audiencia inicial con pruebas sólidas —como peritajes de cámaras o declaraciones testimoniales— evitando que las causas se caigan por falta de sustento técnico en las primeras horas.
Además, se ordena la creación de Fiscalías Especializadas en Flagrancia dentro del Ministerio Público Fiscal. La intención es que existan equipos con dedicación exclusiva que no se distraigan con causas complejas y puedan sostener el ritmo de "vía rápida" que exige la norma. En la misma audiencia inicial donde se dicta la prisión preventiva, el sistema ahora permite avanzar directamente hacia una resolución anticipada o sentencia.
El bloque del "No": críticas y sospechas
Sin embargo, el consenso estuvo lejos de ser total. El peronismo y el Partido Verde votaron en bloque contra el proyecto, encendiendo las alarmas sobre la posible vulneración de derechos constitucionales. Desde las bancas opositoras se cuestionó si esta aceleración no termina derivando en una justicia de baja calidad, donde la presión por las estadísticas y la rapidez opaque la búsqueda de la verdad real.
"No se puede arreglar la inseguridad recortando plazos procesales si no hay una inversión real en personal y tecnología", dispararon desde la oposición, sugiriendo que la creación de fiscalías especializadas podría terminar siendo un "anuncio de cartón" si no se acompaña con partidas presupuestarias genuinas.
Con la sanción definitiva, la pelota vuelve ahora al Ejecutivo para su promulgación. Mendoza apuesta una vez más a la mano dura procedimental para responder al reclamo de seguridad, en un contexto donde la Justicia camina por la cornisa entre la eficacia que exige la calle y el respeto irrestricto por el debido proceso.
