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Lo que comenzó como un conflicto por la posesión de 25.000 hectáreas en el sur de Mendoza ha escalado hasta convertirse en un caso testigo de federalismo y derechos humanos a nivel nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó para el próximo 8 de abril una audiencia de conciliación clave en la demanda que la provincia de Mendoza mantiene contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El foco está puesto en la personería jurídica de la comunidad Lof El Sosneado y en el relevamiento territorial que, según el Gobierno provincial, se realizó de manera inconsulta y arbitraria.
El escenario político ha cambiado drásticamente desde que el conflicto se inició en 2023. El gobernador Alfredo Cornejo ha encontrado en el presidente Javier Milei un aliado estratégico para endurecer la postura estatal. Ambos coinciden en que el reconocimiento de tierras a comunidades originarias en zonas con potencial económico es una amenaza a la propiedad privada. Sin embargo, detrás del discurso de la "soberanía", asoma un mapa de intereses económicos: gran parte del territorio en disputa se encuentra sobre la lengua norte de la formación Vaca Muerta y en áreas donde la empresa Sominar S.A. proyecta actividades extractivas.
Desde el ámbito científico, el discurso oficial de que "no hay mapuches en Mendoza" ha sido cuestionado. Investigadores del CONICET han presentado pruebas arqueológicas e históricas que demuestran la presencia continua de antepasados mapuches, puelches y pehuenches en el sur mendocino desde mucho antes de la conformación del Estado argentino. Según estos expertos, la denominación "mapuche" funciona hoy como un paraguas identitario que une a descendientes de diversos pueblos originarios que históricamente habitaron la cordillera. "Negar su preexistencia es ignorar la evidencia científica para facilitar el avance de negocios privados", sostienen desde las organizaciones territoriales.
El eje jurídico de la audiencia del 8 de abril girará en torno a la Ley 26.160, que declara la emergencia territorial de las comunidades indígena y suspende los desalojos. Mendoza argumenta que el INAI violó el federalismo al no darle participación en el proceso de relevamiento, mientras que la comunidad Lof El Sosneado denuncia que la justicia provincial ha ignorado sistemáticamente sus derechos para favorecer a grandes tenedores de tierras.
La Corte Suprema tendrá la difícil tarea de arbitrar entre dos visiones de país: una que prioriza la seguridad jurídica de los títulos de propiedad actuales y el desarrollo extractivo, y otra que exige el cumplimiento de los tratados internacionales que obligan al Estado a reconocer y proteger la ocupación tradicional de los pueblos originarios. El fallo no solo afectará a las familias de San Rafael y Malargüe, sino que sentará un precedente para decenas de conflictos similares en todo el territorio nacional.
