Por: Que tal tu Día

La tensión entre el Gobierno Nacional y el sistema universitario sumó un nuevo capítulo de alta intensidad. Este martes, un frente unido compuesto por rectores, gremios docentes, no docentes y centros de estudiantes se presentará en la Cámara de Diputados para manifestar su rechazo absoluto al nuevo proyecto de financiamiento presentado unilateralmente por la administración libertaria.

La movida busca neutralizar el intento del Ejecutivo de derogar o modificar la ley aprobada el año pasado, la cual fue ratificada por el Congreso tras un veto presidencial pero que, hasta la fecha, no ha sido ejecutada. Según fuentes del sector, esta nueva propuesta oficialista ingresó por mesa de entradas el pasado miércoles, luego de que fracasaran los intentos de la Secretaría de Educación por fracturar la unidad universitaria mediante negociaciones individuales con la UBA.

Los puntos de la discordia

El proyecto oficialista plantea una estructura de actualización que el sector educativo considera insuficiente. Entre sus ejes principales se encuentran:

• Ajuste por inflación: Propone recomponer partidas solo si el IPC supera el 14,3% anual.

• Fondos para Salud: Una partida de 80 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

• Sueldos: Un esquema de actualización escalonada del 4,1% en los meses de marzo, julio y septiembre.

Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los bloques legislativos afines al sector, advierten que el texto "no propone soluciones para el bache de 2024" y que el objetivo real es dilatar el cumplimiento de la ley vigente, sobre la cual ya existe una medida cautelar favorable a las universidades que el Gobierno ha decidido apelar.

Una reunión clave en Comisión

Aunque la actividad se dará en un marco informal debido al periodo de sesiones extraordinarias, la presencia de la comunidad educativa en la Comisión de Educación busca marcar la cancha política. "Toda iniciativa debe partir del cumplimiento efectivo de la ley vigente", sentenciaron desde el CIN, dejando claro que no aceptarán un retroceso en los derechos adquiridos en el recinto el año pasado.

El escenario legislativo actual es incierto. A diferencia de 2025, el oficialismo confía en que la nueva composición de las cámaras y el acercamiento de sectores "dialoguistas" podrían darle los votos necesarios para imponer este nuevo marco normativo, a pesar de la resistencia en las calles y en los tribunales.