![Termómetro](data:image/svg+xml;utf8,<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="18" height="18" viewBox="0 0 24 24"><path d="M10 14.76V5a2 2 0 114 0v9.76a4 4 0 11-4 0z" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/><path d="M12 17v-6" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round"/></svg>){kind=small}
POLÃTICA
25 de enero de 2026
El Puerto de la Discordia: Entre el vaciamiento financiero y el zarpazo geopolítico de Milei
El Gobierno Nacional tomó el control de la terminal de Ushuaia alegando desvíos millonarios y riesgo de colapso. Sin embargo, la provincia denuncia una "puesta en escena" para desplazar la soberanía local y entregar el control logístico de la Antártida a los Estados Unidos.
Por: Que tal tu Día
La oficialización de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) ha transformado el Puerto de Ushuaia en el epicentro de una batalla que trasciende lo administrativo. Bajo la firma de Iñaki Arreseygor, la Casa Rosada dispuso la intervención de la terminal por 12 meses, desplazando a la gestión provincial de Gustavo Melella tras una auditoría que arrojó resultados alarmantes: desvíos de $6.000 millones hacia la obra social estatal (OSEF) y una inversión en mantenimiento que apenas alcanzó el 1,3% del presupuesto.
¿Seguridad operativa o moneda de cambio?
Sin embargo, la contundencia de los argumentos nacionales ha comenzado a ser cuestionada por diversos sectores que ven en la medida una "intervención de diseño". El gobernador Gustavo Melella salió al cruce denunciando que no existen razones técnicas reales para el desembarco federal, señalando que la terminal opera a niveles récord de eficiencia en plena temporada de cruceros. Para la administración fueguina, el argumento del deterioro estructural es una "excusa administrativa" para ocultar un objetivo mucho más ambicioso: el alineamiento total con la agenda de seguridad de Washington.
La denuncia provincial cobra fuerza con el reciente arribo de un avión del Departamento de Defensa de EE. UU. a Ushuaia, interpretado por la gobernación como la prueba de un pacto entre Javier Milei y Donald Trump. Según esta postura, la intervención busca "limpiar" la administración local para facilitar la creación de una base logística integrada que otorgue a los Estados Unidos el control exclusivo del acceso al continente blanco, desplazando la influencia de China y sacrificando la autonomía de Tierra del Fuego en el proceso.
El argumento de la corrupción (La versión de Nación)
Nación no solo habla de "corrupción" en el sentido de robo, sino de malversación técnica. Su prueba reina es la Ley Provincial 1596.
• El dato: Esta ley permite que el superávit del puerto (que es mucho por el turismo de cruceros) se use para pagar las deudas de la OSEF (obra social provincial).
• La falta: Los convenios de transferencia de los años 90 prohíben taxativamente usar la plata del puerto para otra cosa que no sea el puerto.
• La consecuencia: Al llevarse la plata a salud, los muelles quedaron con una inversión del 1,3%. Es decir, el puerto se está "cayendo" físicamente porque su ganancia se usa para tapar otros agujeros del gobierno de Melella.
2. El argumento del control geopolítico (La versión de la Provincia)
Desde Ushuaia ven esto como una "excusa perfecta". Sostienen que el estado de los muelles no es crítico y que la intervención es un plan de negocios y soberanía.
• El botín: El Puerto de Ushuaia es una "mina de oro" en dólares por las tasas que pagan los cruceros internacionales. Nación ahora controla esa caja.
• La sombra de Trump: Melella y sus aliados denuncian que Milei quiere "limpiar" la administración local para facilitar la instalación de una Base Logística Integrada con fuerte influencia de Estados Unidos, convirtiendo a Ushuaia en el hub exclusivo de Washington para la Antártida, desplazando cualquier influencia China o local.
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
POLÍTICA
Los funcionarios de Milei corren a refugiarse en la ley que ellos mismos impulsaron
Adorni, Sturzenegger y otros integrantes del Gobierno quedaron bajo la lupa tras adherir al régimen simplificado de Ganancias creado por la llamada “Ley de Inocencia Fiscal”. La discusión ya no es sólo tributaria: crece el debate ético sobre funcionarios que utilizan una herramienta diseñada por la propia administración de la que forman parte.POLÍTICA
Del pen drive perdido a los dólares “en negro”: las explicaciones de Adorni no logran apagar la polémica por su patrimonio
El jefe de Gabinete aseguró que una parte central de su crecimiento patrimonial proviene de inversiones tempranas en Bitcoin, ahorros no declarados y altos ingresos privados de su esposa. Las explicaciones llegaron después de adherir al régimen de “Inocencia Fiscal” impulsado por el propio Gobierno y en medio de una investigación sobre su evolución patrimonial.POLÍTICA
Al igual que su esposa Adorni se suma al régimen de “Inocencia Fiscal” para tratar de zafar
Tras conocerse que su esposa Bettina Angeletti había adherido al sistema de regularización tributaria, ahora se confirmó que el propio jefe de Gabinete solicitó ingresar al Régimen Simplificado de Ganancias previsto en la Ley de Inocencia Fiscal. La decisión vuelve a poner bajo la lupa la situación patrimonial del entorno más cercano al presidente Javier Milei.
