La batalla legal por la expropiación de YPF ha entrado en una fase crítica de "caza de activos". Los fondos Burford Capital (a través de Petersen y Eton Park) presentaron una dura carta ante la jueza Loretta Preska, denunciando que la Argentina está ocultando deliberadamente información sobre sus reservas de oro para evitar embargos.  

El eje del conflicto radica en el proceso de discovery (descubrimiento de bienes), donde los demandantes buscan activos comerciales del Estado que no gocen de inmunidad soberana. Según el escrito presentado por el estudio Levine Lee LLP, el país habría enviado un testigo "deliberadamente no preparado" para declarar sobre el patrimonio nacional, lo que califican como una maniobra de desacato.  

Los puntos clave de la acusación

Los demandantes sostienen que el Estado argentino está jugando al "gato y el ratón" con la información financiera. Los argumentos principales presentados al tribunal son:

• El misterio del oro: Los fondos afirman que existen más de US$ 1.000 millones en oro cuyas coordenadas y cuentas son desconocidas para el tribunal tras los movimientos realizados por el Banco Central (BCRA) hacia el exterior en 2024 y 2025.

• Señalamiento a Caputo y Bausili: La querella sostiene que el Ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, tienen conocimiento directo de estos movimientos y mantienen comunicación constante sobre el tema, contradiciendo la supuesta "falta de información" del testigo oficial.

• Contexto de valor: La presión aumenta debido a que el oro cotiza en máximos históricos, lo que convierte a las reservas en el objetivo principal para cobrar parte de la multimillonaria sentencia.

El pedido a la Jueza Preska

Ante lo que consideran una "estrategia de evasión", los fondos solicitaron formalmente:

1. Una declaración jurada inmediata que identifique ubicación, números de cuenta y registros de transporte del oro.

2. Una audiencia probatoria donde deban testificar bajo juramento funcionarios de alto rango, incluyendo potencialmente al Ministro de Economía.

3. El pago de honorarios legales por parte de Argentina debido a la conducta obstructiva.