El ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el ministro de Salud, Mario Lugones, comunicaron oficialmente que no asistirán a la Cámara de Diputados, donde habían sido citados para ser interpelados este miércoles.
Los tres funcionarios argumentaron “cuestiones de agenda” y enviaron sus excusaciones a la Presidencia del cuerpo durante la mañana, confirmaron fuentes parlamentarias. Con esta decisión, quedaron en suspenso las sesiones previstas, ya que sin su presencia, las reuniones “pierden sentido práctico”, señalaron desde el Congreso.
La citación apuntaba a obtener respuestas sobre la situación económica, la gestión del Ministerio de Salud y el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se investigan presuntas coimas en la asignación de beneficios.
La ausencia de Caputo no sorprende en el ámbito legislativo: el titular del Palacio de Hacienda ya había eludido convocatorias previas, como la del debate del Presupuesto 2025 y la relacionada con el caso $LIBRA, sin presentarse ante los diputados. Esta vez, su negativa se suma a la de dos figuras centrales del círculo presidencial, lo que intensifica las críticas de la oposición por la falta de transparencia y control parlamentario.
Discapacidad: Francos, bajo la lupa
Mientras tanto, la Comisión de Salud de la Cámara Baja emitió un dictamen para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad. El texto, impulsado por los bloques de Unión por la Patria y Encuentro Federal, reunió 29 firmas y prevé que Francos deba concurrir al recinto a dar explicaciones.
La norma en cuestión había sido aprobada y promulgada por el Congreso, pero fue suspendida por el decreto 681/2025, bajo el argumento oficial de que no existían recursos suficientes para su implementación.
Para los legisladores que promovieron la interpelación, el decreto “desconoce una ley vigente” y configura un nuevo choque entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Sin embargo, la posibilidad de que avance una moción de censura contra Francos se considera poco probable: algunos bloques opositores advirtieron sobre el riesgo de politizar el mecanismo, por lo que la sesión podría limitarse a un pedido de explicaciones sin sanciones concretas.
Con tres funcionarios ausentes y un Congreso dividido, la tensión entre la Casa Rosada y el Poder Legislativo vuelve a escalar, en un clima de creciente fricción institucional.
