La tensión crece entre los trabajadores estatales. ATE encendió todas las alarmas luego de conocer que el Gobierno de Javier Milei analiza un recorte de alrededor del 10% del personal en organismos públicos, una decisión que —según cálculos del propio gremio— podría dejar a más de 28.000 familias sin empleo en pleno fin de año y en un contexto económico asfixiante.

La conducción de ATE fue categórica: no aceptarán ni un solo despido. Denuncian que el Ejecutivo avanza con un ajuste que, lejos de mejorar la eficiencia estatal, busca desmantelar funciones esenciales en ciencia, estadísticas, asistencia social y organismos técnicos como INDEC, ANSES, CONICET, INTI o áreas de regulación. Para el sindicato, el mensaje político es claro: achicar el Estado cueste lo que cueste, incluso si eso significa deteriorar servicios que la población necesita todos los días.

Un conflicto que se acelera

El gremio ya tenía un paro nacional votado para cuando el Congreso trate la reforma laboral. Pero la noticia de los posibles despidos aceleró los tiempos. La organización abrió sus mecanismos internos para definir adelantar la huelga, anticipando un escenario de movilización nacional y endurecimiento de medidas.

Su secretario general lo expresó sin rodeos: “Los estatales no vamos a tolerar otro golpe más. Exigimos la renovación automática de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre”. Y apuntó directamente al ministro encargado del ajuste, afirmando que “si piensan que vamos a quedarnos cruzados de brazos, se equivocan”.

El impacto real: no es sólo un conflicto gremial

La cifra de 28.000 puestos en riesgo no sólo describe un drama para miles de trabajadores precarizados. Una reducción de este tamaño significaría quitar capacidad estatal en áreas sensibles, desde la producción de estadísticas públicas hasta la investigación científica, el acompañamiento social y los controles que garantizan derechos ciudadanos.

Para provincias como Mendoza —más dependientes de la presencia estatal nacional en programas sociales, ciencia y servicios técnicos— el golpe podría sentirse con mayor fuerza. La discusión, entonces, trasciende la cuestión laboral: afecta de lleno la calidad de vida de millones de personas.

El trasfondo político del ajuste

ATE planteó que el Gobierno justifica el recorte con argumentos económicos que no cierran: el gasto en trabajadores precarizados representa menos del 0,5% del presupuesto estatal, un número insignificante en comparación con otros compromisos fiscales como la deuda pública. Para el gremio, la medida busca redefinir el rol del Estado y avanzar hacia un modelo más chico, más débil y menos presente en la vida cotidiana.

Lo que viene: calle caliente y pulseada abierta

Si el Gobierno avanza con los despidos, el conflicto podría escalar rápidamente. La posibilidad de un paro adelantado anticipa semanas de tensión, movilizaciones y un escenario político donde el ajuste vuelve a chocar de frente con los derechos laborales.

ATE ya avisó: si tocan un contrato, habrá paro. Y el país, que transita su propio laberinto económico y social, podría enfrentar otro capítulo de alta conflictividad protagonizado por quienes sostienen la estructura cotidiana del Estado.