Hubo un tiempo en que Daniel Orozco era una de las figuras que el radicalismo mendocino exhibía como parte de su renovación política. Médico de profesión, intendente de Las Heras desde 2015 y reelecto cuatro años después, había logrado construir una relación de confianza con Alfredo Cornejo. El mismo dirigente que años más tarde celebraría su condena judicial llegó a elogiar públicamente su administración y a ubicarlo entre los dirigentes destacados del oficialismo provincial.
La historia terminó de una manera muy diferente. Orozco dejó Cambia Mendoza, se convirtió en compañero de fórmula de Omar De Marchi, perdió las elecciones y quedó en el centro de una investigación por el manejo de recursos municipales. A su lado apareció otra protagonista de esta historia: Janina Ortiz, su pareja, secretaria de Gobierno durante su administración y posteriormente diputada provincial.
El desenlace llegó el 20 de octubre de 2026. Orozco y Ortiz aceptaron su responsabilidad penal en un juicio abreviado y fueron condenados a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. El recorrido entre aquellos elogios políticos y la sentencia judicial permite reconstruir una de las caídas más significativas de la política mendocina reciente.
2015-2019: el médico que llegó a la intendencia y construyó poder
Daniel Orozco llegó a la Municipalidad de Las Heras en 2015, después de imponerse en las elecciones con el respaldo del radicalismo y el acompañamiento político de Julio Cobos. Su triunfo significó el final de la continuidad peronista en uno de los departamentos más importantes del Gran Mendoza.
Durante su primera gestión consolidó su posición dentro de Cambia Mendoza y logró proyectar una imagen de dirigente con llegada territorial. En septiembre de 2019 consiguió la reelección con aproximadamente el 54% de los votos, iniciando su segundo mandato.
En ese período se fortaleció su relación con Alfredo Cornejo, quien había sido gobernador entre 2015 y 2019 y mantenía una influencia determinante dentro del radicalismo provincial.Orozco ya no era solamente el intendente de Las Heras. Comenzaba a aparecer como una figura con aspiraciones provinciales.
Diciembre de 2022: los elogios de Cornejo y la posibilidad de dar el salto provincial
El 13 de diciembre de 2022, durante una actividad en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, Cornejo y Orozco compartieron escenario y protagonizaron un intercambio público de elogios.
El entonces senador nacional destacó la gestión del intendente y sostuvo que Daniel Orozco había cambiado Las Heras. El propio jefe comunal reprodujo aquellas palabras en sus redes sociales y agradeció a quien definió como su amigo.
Pero hubo una expresión todavía más significativa que Orozco recordó meses después: según manifestó durante el debate de candidatos a vicegobernador de 2023, Cornejo le había dicho el 8 de febrero de ese año que era el mejor intendente de la democracia.
La relación política atravesaba entonces uno de sus mejores momentos. Orozco tenía aspiraciones de crecer dentro del oficialismo y su nombre circulaba entre los posibles protagonistas de la sucesión provincial. El problema llegó cuando las expectativas personales y las negociaciones internas chocaron con la decisión de Cornejo sobre el armado electoral.
Abril de 2023: la ruptura con Cornejo y el salto a La Unión Mendocina
La relación se quebró durante el cierre de alianzas para las elecciones provinciales de 2023.
Orozco no consiguió el lugar que pretendía dentro de Cambia Mendoza y decidió abandonar el espacio que lo había llevado a la intendencia. Su destino fue La Unión Mendocina, el frente encabezado por Omar De Marchi, quien también había roto con el oficialismo provincial.
La decisión tuvo un efecto inmediato: el intendente de Las Heras pasó de ser un aliado del radicalismo a convertirse en candidato a vicegobernador de la fuerza opositora. En esa misma construcción política, Janina Ortiz consiguió una candidatura a diputada provincial.
La ruptura fue mucho más que un desacuerdo electoral. Se quebró una sociedad política que había construido poder durante años y que ahora comenzaba a enfrentarse públicamente. Cornejo cuestionó la salida de Orozco y, durante la campaña, lo acusó de haber defraudado a Cambia Mendoza. La relación de amistad y elogios quedó reemplazada por reproches políticos.
Junio de 2023: aparecen las primeras denuncias y comienza a complicarse la gestión
Mientras se desarrollaba la disputa electoral, comenzaron a conocerse denuncias vinculadas con el funcionamiento de la Municipalidad de Las Heras.
Uno de los episodios centrales fue la difusión de un audio atribuido al entonces subsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, relacionado con el manejo de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra.
A partir de esos elementos comenzó a tomar forma una investigación sobre contrataciones municipales y transferencias de dinero a una organización que, según la reconstrucción fiscal posterior, habría sido utilizada para facturar servicios de limpieza que nunca se realizaron. La Justicia avanzó con medidas de investigación y allanamientos en dependencias municipales. El caso dejó de ser una disputa entre antiguos aliados y comenzó a adquirir una dimensión penal.
Septiembre y octubre de 2023: derrota electoral e imputaciones
La fórmula integrada por Omar De Marchi y Daniel Orozco no consiguió imponerse en las elecciones provinciales. En Las Heras también se produjo un cambio político: Francisco Lo Presti, candidato de Cambia Mendoza y antiguo funcionario de Orozco, ganó la intendencia. El final del mandato de Orozco quedó marcado por la pérdida del poder territorial y el avance de las investigaciones judiciales.
El 26 de octubre de 2023, Daniel Orozco y Janina Ortiz fueron formalmente imputados por fraude a la administración pública, junto con otros funcionarios y personas vinculadas con la operatoria investigada. La acusación apuntaba al presunto uso de la Cooperativa Manos a la Obra para canalizar fondos municipales mediante contrataciones irregulares.
En noviembre, Ortiz asumió como diputada provincial. Sin embargo, su situación judicial abrió otro frente institucional: la Legislatura tuvo que intervenir para permitir que avanzaran las actuaciones penales.
2024: la suspensión de Ortiz y el cambio en la calificación penal
En marzo de 2024, la Cámara de Diputados de Mendoza aprobó la suspensión de Janina Ortiz de su banca. La decisión se produjo en medio de los pedidos judiciales vinculados con sus fueros y las investigaciones en su contra.
La causa principal también tuvo modificaciones. En julio de ese año, la calificación atribuida a Orozco pasó de fraude a la administración pública a peculado doloso. En septiembre, Ortiz fue imputada formalmente por peculado doloso en el expediente vinculado con las contrataciones municipales.
A ese escenario se sumaron otras actuaciones judiciales contra la exsecretaria de Gobierno, entre ellas una investigación por amenazas coactivas relacionada con la denuncia de una empleada municipal. La defensa de la pareja tuvo distintos movimientos y llegó a incorporar al mediático abogado Fernando Burlando, quien posteriormente dejó de representarlos.
2025: la investigación se cierra y la causa se encamina hacia el juicio
Durante 2025, el expediente ingresó en una etapa decisiva. En julio, el fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli dio por concluida la investigación penal preparatoria y solicitó la elevación de la causa a juicio. La acusación fiscal reconstruyó un perjuicio económico para la Municipalidad de Las Heras de $35.511.386,14, correspondiente a operaciones realizadas entre 2021 y 2023.
El mecanismo investigado tenía como eje cuatro expedientes administrativos vinculados con licitaciones públicas y contrataciones directas. Según la acusación, se habían utilizado facturas y documentación para justificar servicios que no se habían prestado.
En octubre de 2025, Orozco volvió a intentar una incursión electoral al presentarse como candidato a concejal en Las Heras, pero obtuvo un resultado muy reducido. Su capital político, que años atrás lo había convertido en una de las figuras con proyección dentro del radicalismo, ya estaba profundamente deteriorado.
Septiembre de 2026: el reconocimiento de culpabilidad y el acuerdo con la Fiscalía
El tramo final comenzó a acelerarse en septiembre de 2026.
Después de distintas instancias judiciales y recursos presentados por las defensas, Orozco y Ortiz aceptaron avanzar mediante un juicio abreviado. El 25 de septiembre ratificaron ante el fiscal Juan Ticheli su conformidad con los hechos y las penas acordadas. La propuesta contemplaba tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
El acuerdo establecía responsabilidades diferentes para cada uno. En el caso de Orozco, comprendía cuatro hechos de peculado vinculados con las transferencias investigadas. Ortiz aceptó los cargos por peculado, uso de documento público falso y una causa acumulada por amenazas coactivas simples.
Al conocerse el acuerdo, Alfredo Cornejo volvió a pronunciarse públicamente sobre su antiguo aliado. El gobernador manifestó estar muy satisfecho con el avance del proceso y sostuvo que el reconocimiento de culpabilidad representaba un paso importante para que un caso de corrupción quedara sancionado. También señaló que la cuestión había dejado de ser política y que debía ser considerada estrictamente judicial.
20 de octubre de 2026: la sentencia que cerró el recorrido
El martes 20 de octubre, el Tribunal Penal Colegiado N.º 1 formalizó el juicio abreviado y condenó a Daniel Orozco y Janina Ortiz. Ambos recibieron tres años de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
La pena no implica su ingreso efectivo a prisión, pero sí establece una condena penal y les impide volver a ocupar cargos públicos en los términos de la inhabilitación impuesta. La sentencia convirtió a Orozco en otro exintendente mendocino condenado por delitos vinculados con el ejercicio de la función pública. Su caso se suma a los antecedentes de Sergio Salgado, de Santa Rosa, y Luis Lobos, de Guaymallén, aunque con diferencias en las modalidades procesales y las penas impuestas.
La causa que comenzó con denuncias sobre el funcionamiento de una cooperativa terminó con el reconocimiento de responsabilidad penal de quienes habían estado al frente de la administración municipal.
De los elogios políticos a los tribunales: una historia que deja preguntas
La trayectoria de Daniel Orozco permite observar cómo se modificó el mapa de poder de Mendoza en apenas unos años. En diciembre de 2022 compartía actos con Cornejo, recibía elogios por su administración y aparecía como una figura con posibilidades de disputar espacios de mayor responsabilidad política. Menos de un año después estaba enfrentado con el oficialismo y su gestión municipal comenzaba a quedar bajo investigación.
La ruptura electoral de 2023 fue el punto de quiebre público, pero las irregularidades que terminaron en la condena correspondían a operaciones realizadas durante los dos últimos años de su administración. Es decir, el problema judicial no nació de su enfrentamiento con Cornejo: los hechos investigados tenían antecedentes anteriores a la pelea política.
Hay, además, un dato que merece quedar expuesto: los elogios de un dirigente político no constituyen una auditoría de gestión. La confianza entre dirigentes, las alianzas electorales y las fotografías compartidas no reemplazan los controles sobre el manejo del dinero público.
Cornejo pasó de elogiar a Orozco a cuestionarlo después de su ruptura política y, finalmente, a celebrar su condena. Orozco, por su parte, pasó de presentarse como uno de los dirigentes destacados de Cambia Mendoza a aceptar una sentencia que lo inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.
La pregunta que queda para la política mendocina va más allá de la suerte personal de dos exfuncionarios: ¿cuántos controles reales existieron sobre la administración de Las Heras mientras Orozco era uno de los intendentes que el propio oficialismo exhibía como ejemplo de gestión?
Porque la responsabilidad penal tiene nombres y una sentencia. Pero la responsabilidad política también merece explicaciones sobre cómo funcionó el poder, quiénes acompañaron aquellas decisiones y por qué los controles no alcanzaron para evitar que los recursos municipales terminaran en el centro de una causa de corrupción.
