La polémica estalló cuando Casado publicó: "Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé", luego de la victoria francesa sobre Paraguay en el Mundial. La publicación fue rápidamente cuestionada por dirigentes políticos, usuarios y organizaciones, que interpretaron el mensaje como una descalificación basada en el origen étnico de numerosos futbolistas franceses.
La respuesta de la representación diplomática francesa no tardó en llegar.
El embajador de Francia en Argentina, Romain Nadal, confirmó que decidió declarar a la vicegobernadora mendocina persona no grata dentro del ámbito institucional de la Embajada y fue contundente al explicar los motivos: "El racismo no es una opinión, es un delito". Además, señaló que no existe lugar para expresiones de esa naturaleza dentro de la cooperación entre ambos países.
Según trascendió de fuentes diplomáticas, mientras esa decisión permanezca vigente, Casado no podrá participar de actividades organizadas por la Embajada y representantes franceses evitarán compartir reuniones oficiales con el Gobierno de Mendoza si la vicegobernadora se encuentra presente.
La defensa de Casado: "Folclore futbolero"
Lejos de ofrecer disculpas, Hebe Casado eligió ratificar su postura.
La vicegobernadora sostuvo públicamente que sus expresiones formaban parte del "folclore futbolero" y negó que existiera contenido racista en su mensaje. Incluso afirmó que quienes interpretaban sus palabras como discriminatorias eran quienes asociaban el término "africano" con algo despectivo. Posteriormente aseguró que tampoco había recibido una notificación formal de la representación diplomática francesa.
Sin embargo, esa explicación no logró desactivar la controversia.
El episodio terminó escalando mucho más allá de una discusión deportiva para transformarse en un conflicto institucional que involucra a una de las máximas autoridades de Mendoza.
Cuando las redes sociales dejan de ser un ámbito privado
El caso vuelve a abrir un debate que excede a Hebe Casado.
Los funcionarios públicos tienen derecho a expresar opiniones personales, incluso polémicas. Pero también representan institucionalmente al Estado que integran. En ese contexto, las expresiones públicas dejan de ser simples comentarios individuales y adquieren un peso político e institucional.
Por esa razón, cuando una vicegobernadora protagoniza un conflicto diplomático con una representación extranjera, las consecuencias ya no recaen únicamente sobre quien escribió el mensaje, sino también sobre la imagen de la provincia que representa.
Un historial de polémicas
La controversia con Francia tampoco aparece como un episodio aislado.
Desde antes de asumir la Vicegobernación, Casado construyó un perfil político marcado por declaraciones provocadoras y una intensa actividad en redes sociales.
Durante la pandemia protagonizó fuertes controversias por publicaciones vinculadas a las cifras de fallecidos por COVID-19. También generó rechazo por expresiones relacionadas con derechos humanos, debates sanitarios y distintas discusiones políticas nacionales. En numerosas oportunidades, sus publicaciones terminaron ocupando el centro de la agenda pública mucho más que su propia gestión institucional.
Sus defensores sostienen que forma parte de un estilo político frontal y sin corrección política. Sus detractores consideran que esa estrategia comunicacional acumula episodios que terminan perjudicando la imagen institucional de Mendoza.
El costo institucional
Más allá de la discusión sobre si el comentario fue una broma futbolera o una expresión discriminatoria, el hecho objetivo es que una controversia nacida en redes sociales terminó provocando una reacción diplomática inédita para una autoridad mendocina.
En política, las palabras nunca son inocentes.
Mucho menos cuando quien las pronuncia ocupa la segunda magistratura de una provincia que mantiene relaciones institucionales permanentes con gobiernos, embajadas, empresas y organismos internacionales.
El argumento del "folclore futbolero" puede servir para explicar una intención personal. Pero difícilmente alcance para neutralizar el impacto institucional que generó un mensaje que fue interpretado por la máxima representación diplomática francesa como una expresión racista.
En una época donde las redes sociales amplifican cualquier declaración en cuestión de minutos, la responsabilidad institucional también exige comprender que un funcionario no habla únicamente en nombre propio. Habla, quiera o no, en representación del cargo que ocupa.
Y cuando esa representación termina derivando en un conflicto diplomático internacional, la discusión deja de ser un simple tuit para transformarse en un problema político que trasciende a una persona y alcanza a toda la provincia de Mendoza.
