EL NOMBRE Y EL PROYECTO

El nombre es una pieza de comunicación política eficaz. "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" remite a la protección del derecho de propiedad frente al Estado. Sin embargo, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Senado el 27 de marzo de 2026 va mucho más allá de ese principio. Modifica la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego, el régimen de expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial y, en su versión original, también alteraba el régimen de integración socio urbana.

Uno de los puntos que concentró mayor discusión fue la reforma de la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El proyecto original eliminaba los límites establecidos desde 2011 para la adquisición de tierras por extranjeros. Durante el tratamiento legislativo, ese capítulo fue objeto de modificaciones en el dictamen de mayoría, incorporando nuevas condiciones y preservando restricciones para determinadas zonas consideradas estratégicas.

EL ORIGEN

La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.

Al defender el proyecto ante representantes del sector agropecuario y luego en el Congreso, el ministro sostuvo que la Ley de Tierras había desalentado inversiones y afirmó que su modificación podría atraer más de 15.000 millones de dólares en nuevos capitales. Esa cifra corresponde a una estimación realizada por el propio funcionario y no surge de un estudio oficial independiente difundido junto al proyecto.

La reforma se inscribe en la política de desregulación promovida por el Gobierno, orientada a eliminar normas que considera obstáculos para la inversión privada.

QUÉ PROPONE

El proyecto modifica cinco grandes áreas.

Tierras rurales

El texto original proponía derogar los artículos 8 y 10 de la Ley 26.737, eliminando los límites nacionales a la propiedad extranjera sobre tierras rurales y también la restricción histórica para que determinados inmuebles ubicados en zonas de seguridad fueran propiedad de ciudadanos argentinos.

Durante el tratamiento parlamentario ese capítulo recibió modificaciones, manteniéndose restricciones para zonas de frontera y otorgando mayor participación a las provincias en la autorización de determinadas operaciones.

Manejo del fuego

La iniciativa flexibiliza las restricciones para comercializar tierras afectadas por incendios. El dictamen finalmente mantuvo protecciones para bosques nativos, aunque redujo parte de las limitaciones previstas por la legislación vigente para otros tipos de terrenos.

Expropiaciones

El proyecto propone una interpretación más restrictiva de la utilidad pública y establece mayores exigencias para justificar expropiaciones, además de incorporar límites a determinadas indemnizaciones.

Desalojos

Se incorpora un procedimiento sumarísimo para acelerar la restitución de inmuebles en casos de ocupación ilegal o incumplimiento contractual, reduciendo significativamente los plazos procesales.

Barrios populares

El texto original eliminaba disposiciones centrales del régimen de integración socio urbana y del RENABAP. Ese capítulo fue retirado durante las negociaciones parlamentarias.

UNA ALIANZA POCO HABITUAL

El tratamiento del proyecto reunió voces provenientes de ámbitos que rara vez coinciden en un mismo debate público.

Durante una jornada realizada en el Senado participaron investigadores del CONICET, especialistas en geopolítica, representantes sindicales, organizaciones ambientales, comunidades indígenas, militares retirados y referentes de la Iglesia Católica.

El investigador Matías Oberlin advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, implicaría debilitar los mecanismos de control sobre la propiedad de la tierra.

Florencia Gómez, exdirectora del Registro Nacional de Tierras Rurales, sostuvo que las reformas podrían afectar la capacidad del Estado para conocer con precisión quiénes son los propietarios y el origen de los capitales involucrados.

El exjefe del Estado Mayor Conjunto, Martín Paleo, planteó la necesidad de discutir una legislación específica para la protección de activos estratégicos y manifestó preocupación por la política territorial.

LA POSICIÓN DE LA IGLESIA

La Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas Argentina y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen difundieron una carta dirigida a los senadores en la que expresaron reparos al proyecto.

El documento sostiene que algunas de las modificaciones propuestas debilitan la capacidad del Estado para ordenar el territorio y proteger el interés comunitario.

La argumentación retoma principios clásicos de la doctrina social de la Iglesia, especialmente el destino universal de los bienes y la función social de la propiedad, desarrollados en distintos documentos del magisterio pontificio.

LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS

Para obtener dictamen, el oficialismo aceptó modificaciones relevantes.

Entre ellas:

• Se eliminó el capítulo referido al régimen de barrios populares y al RENABAP.

• Se modificó el procedimiento sumarísimo previsto para desalojos.

• Se introdujeron cambios en el régimen de tierras rurales, manteniendo restricciones para determinadas zonas estratégicas y redefiniendo el papel de las provincias.

• También se modificó el capítulo referido a la Ley de Manejo del Fuego.

El proyecto que eventualmente llegue al recinto ya no coincide plenamente con el texto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo.

EL DEBATE INTERNACIONAL

El Gobierno sostiene que Argentina mantenía uno de los regímenes más restrictivos para la inversión extranjera sobre tierras rurales.

Sin embargo, la comparación internacional muestra un panorama más complejo. Diversos países permiten la compra de tierras por extranjeros, aunque establecen controles especiales para inmuebles ubicados cerca de fronteras, infraestructura crítica, recursos hídricos o instalaciones militares.

En Estados Unidos, por ejemplo, distintos estados aprobaron en los últimos años normas que endurecen las condiciones para determinadas adquisiciones vinculadas con gobiernos o empresas extranjeras.

EL DEBATE DE FONDO

La discusión excede una reforma jurídica.

Para el Gobierno, ampliar la seguridad jurídica y reducir restricciones favorecerá la llegada de inversiones necesarias para el desarrollo económico.

Quienes cuestionan la iniciativa sostienen que la tierra no constituye un activo cualquiera. Señalan que sobre ella descansan recursos estratégicos como el agua, los bosques, los humedales y buena parte de la producción de alimentos, por lo que consideran necesario mantener herramientas de regulación y control.

El Senado deberá resolver cuál de esas dos visiones prevalece. Más allá del resultado legislativo, el debate ya dejó instalada una pregunta de largo plazo: hasta dónde debe llegar la protección de la propiedad privada cuando están en juego recursos considerados estratégicos para el país.