La reapertura de las paritarias volvió a poner sobre la mesa un reclamo que atraviesa desde hace años a gran parte de los empleados públicos mendocinos: la pérdida sostenida del poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.
La nueva propuesta oficial, que según trascendió contempla una recomposición cercana al 8% para el período que va desde la segunda mitad de 2026 hasta el primer trimestre de 2027, llega en un contexto donde distintos gremios advierten que el problema ya no es solamente el porcentaje ofrecido, sino el deterioro acumulado de los ingresos luego de varios años de acuerdos que, según sostienen, nunca lograron recuperar lo perdido frente a la inflación.
El arrastre de una década salarial compleja Uno de los cuestionamientos más frecuentes de los sindicatos apunta a la metodología utilizada en las negociaciones salariales. Durante los últimos años, gran parte de los incrementos acordados fueron calculados sobre bases salariales de meses anteriores y no sobre los haberes vigentes al momento de la negociación. En términos prácticos, esto implica que cuando el aumento llega al bolsillo ya existe una parte del incremento que fue absorbida por la inflación acumulada. Para los gremios, se trata de una práctica que termina consolidando la pérdida salarial porque los porcentajes se aplican sobre salarios atrasados mientras los precios siguen avanzando mes a mes. La situación se vuelve más sensible cuando se observa la evolución histórica de los salarios estatales mendocinos. El año 2020 aparece como uno de los momentos más críticos. En plena pandemia la recomposición salarial fue prácticamente nula para amplios sectores del Estado provincial. Mientras la inflación siguió avanzando, miles de trabajadores vieron congelados sus ingresos, generando una pérdida que todavía hoy continúa siendo motivo de reclamo.
Mendoza y los salarios más bajos de la región La discusión salarial también se alimenta de otra realidad que aparece de manera recurrente en informes económicos y relevamientos laborales: Mendoza perdió posiciones relativas frente a otras provincias. Diversos estudios y observatorios laborales han mostrado que la provincia se encuentra entre las jurisdicciones con menores remuneraciones promedio de la región de Cuyo, una situación que contrasta con el peso económico y poblacional que tiene Mendoza dentro del país. La comparación con San Luis y San Juan suele ser uno de los puntos más sensibles. Mientras otras provincias lograron mejorar escalas salariales en distintos sectores públicos, Mendoza continúa exhibiendo ingresos que, según denuncian los gremios, quedaron rezagados frente al costo real de vida. Aunque existen diferencias según escalafones, antigüedad y régimen laboral, el reclamo apunta a una tendencia general: los ingresos evolucionaron por debajo de la inflación durante largos períodos y la brecha acumulada todavía no logró cerrarse.
Con $800.000 por mes ya no alcanza La discusión actual ocurre además en un escenario económico mucho más exigente para las familias trabajadoras. Los aumentos en servicios públicos, transporte, alimentos, alquileres, medicamentos y educación modificaron profundamente la estructura de gastos de los hogares. Hoy resulta cada vez más difícil sostener que un ingreso cercano a los $800.000 mensuales permita cubrir todas las necesidades básicas de una familia tipo. Los costos de vivienda, alimentación, movilidad y servicios consumen una porción cada vez mayor del salario, dejando escaso margen para ahorro, recreación o imprevistos. Para muchos trabajadores estatales, el sueldo dejó de ser una herramienta de progreso para convertirse en un ingreso destinado exclusivamente a sobrevivir hasta fin de mes.
La discusión que viene La nueva ronda paritaria vuelve a enfrentar dos visiones diferentes. Desde el Gobierno provincial se argumenta que las propuestas salariales deben compatibilizarse con las posibilidades presupuestarias del Estado y con la necesidad de mantener equilibrio fiscal.Desde los sindicatos, en cambio, sostienen que la prioridad debería ser recomponer el salario real perdido durante los últimos años y evitar que los trabajadores continúen financiando el ajuste mediante ingresos que pierden capacidad de compra. Por eso, más allá del porcentaje que finalmente se acuerde, la discusión parece concentrarse en una cuestión más profunda: si Mendoza puede seguir sosteniendo un esquema salarial que lleva años corriendo detrás de la inflación mientras el costo de vida continúa avanzando. Con una nueva negociación en marcha, la pregunta vuelve a instalarse en miles de hogares mendocinos: cuánto más puede ajustarse el bolsillo de los trabajadores antes de que el salario deje definitivamente de cumplir su función básica, que es permitir vivir con dignidad.
La nueva propuesta oficial, que según trascendió contempla una recomposición cercana al 8% para el período que va desde la segunda mitad de 2026 hasta el primer trimestre de 2027, llega en un contexto donde distintos gremios advierten que el problema ya no es solamente el porcentaje ofrecido, sino el deterioro acumulado de los ingresos luego de varios años de acuerdos que, según sostienen, nunca lograron recuperar lo perdido frente a la inflación.
El arrastre de una década salarial compleja Uno de los cuestionamientos más frecuentes de los sindicatos apunta a la metodología utilizada en las negociaciones salariales. Durante los últimos años, gran parte de los incrementos acordados fueron calculados sobre bases salariales de meses anteriores y no sobre los haberes vigentes al momento de la negociación. En términos prácticos, esto implica que cuando el aumento llega al bolsillo ya existe una parte del incremento que fue absorbida por la inflación acumulada. Para los gremios, se trata de una práctica que termina consolidando la pérdida salarial porque los porcentajes se aplican sobre salarios atrasados mientras los precios siguen avanzando mes a mes. La situación se vuelve más sensible cuando se observa la evolución histórica de los salarios estatales mendocinos. El año 2020 aparece como uno de los momentos más críticos. En plena pandemia la recomposición salarial fue prácticamente nula para amplios sectores del Estado provincial. Mientras la inflación siguió avanzando, miles de trabajadores vieron congelados sus ingresos, generando una pérdida que todavía hoy continúa siendo motivo de reclamo.
Mendoza y los salarios más bajos de la región La discusión salarial también se alimenta de otra realidad que aparece de manera recurrente en informes económicos y relevamientos laborales: Mendoza perdió posiciones relativas frente a otras provincias. Diversos estudios y observatorios laborales han mostrado que la provincia se encuentra entre las jurisdicciones con menores remuneraciones promedio de la región de Cuyo, una situación que contrasta con el peso económico y poblacional que tiene Mendoza dentro del país. La comparación con San Luis y San Juan suele ser uno de los puntos más sensibles. Mientras otras provincias lograron mejorar escalas salariales en distintos sectores públicos, Mendoza continúa exhibiendo ingresos que, según denuncian los gremios, quedaron rezagados frente al costo real de vida. Aunque existen diferencias según escalafones, antigüedad y régimen laboral, el reclamo apunta a una tendencia general: los ingresos evolucionaron por debajo de la inflación durante largos períodos y la brecha acumulada todavía no logró cerrarse.
Con $800.000 por mes ya no alcanza La discusión actual ocurre además en un escenario económico mucho más exigente para las familias trabajadoras. Los aumentos en servicios públicos, transporte, alimentos, alquileres, medicamentos y educación modificaron profundamente la estructura de gastos de los hogares. Hoy resulta cada vez más difícil sostener que un ingreso cercano a los $800.000 mensuales permita cubrir todas las necesidades básicas de una familia tipo. Los costos de vivienda, alimentación, movilidad y servicios consumen una porción cada vez mayor del salario, dejando escaso margen para ahorro, recreación o imprevistos. Para muchos trabajadores estatales, el sueldo dejó de ser una herramienta de progreso para convertirse en un ingreso destinado exclusivamente a sobrevivir hasta fin de mes.
La discusión que viene La nueva ronda paritaria vuelve a enfrentar dos visiones diferentes. Desde el Gobierno provincial se argumenta que las propuestas salariales deben compatibilizarse con las posibilidades presupuestarias del Estado y con la necesidad de mantener equilibrio fiscal.Desde los sindicatos, en cambio, sostienen que la prioridad debería ser recomponer el salario real perdido durante los últimos años y evitar que los trabajadores continúen financiando el ajuste mediante ingresos que pierden capacidad de compra. Por eso, más allá del porcentaje que finalmente se acuerde, la discusión parece concentrarse en una cuestión más profunda: si Mendoza puede seguir sosteniendo un esquema salarial que lleva años corriendo detrás de la inflación mientras el costo de vida continúa avanzando. Con una nueva negociación en marcha, la pregunta vuelve a instalarse en miles de hogares mendocinos: cuánto más puede ajustarse el bolsillo de los trabajadores antes de que el salario deje definitivamente de cumplir su función básica, que es permitir vivir con dignidad.
