El invierno se acerca y, con él, una incertidumbre que promete calentar el clima social en Mendoza. Con 132 votos a favor, el oficialismo logró en la madrugada de este miércoles la media sanción al proyecto que busca recortar drásticamente el alcance geográfico y poblacional del régimen de "Zona Fría", una política que desde 2021 protegía los ingresos de millones de familias frente a las bajas temperaturas.
La iniciativa, que ahora deberá ser debatida en el Senado, propone un cambio de paradigma: reducir el beneficio solo a regiones de clima extremo, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para el resto de Mendoza, esto implica un golpe directo. La provincia, que fue incluida en el esquema ampliado hace cinco años, es una de las más afectadas por esta medida que busca, según el Gobierno Nacional, "el ordenamiento de las cuentas públicas" y la reducción del déficit fiscal.
El impacto en los hogares y la letra chica
La actual bonificación, que oscila entre el 30% y el 50% según la subzona, dejaría de existir para la gran mayoría de los usuarios. Según estimaciones oficiales, cerca de 1.600.000 usuarios a nivel nacional perderían el subsidio, mientras que solo aquellos inscritos en el nuevo programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mantendrían una ayuda.
El impacto técnico es doblemente severo. El proyecto modifica la forma en que se aplica el subsidio: ya no se bonificará la totalidad de la factura, sino únicamente el consumo de metros cúbicos de gas natural. Este cambio es crítico: el cargo fijo —independiente del consumo— dejará de estar protegido. Esto garantiza un incremento automático en el ticket final, incluso para aquellos usuarios que logren mantenerse dentro del esquema de subsidios.
Pasar de pagar 30 mil pesos a 60 mil —en un solo servicio— no es un ajuste menor; es una reconfiguración forzada del presupuesto familiar. La Secretaría de Energía, liderada por Carmen Tettamanti, defiende la medida argumentando que el subsidio actual es "indiscriminado" y que debe destinarse exclusivamente a quienes demuestren vulnerabilidad económica a través del SEF.
El tablero político
La votación dejó al descubierto las fracturas políticas locales. La postura de los legisladores mendocinos fue dispar, reflejando las tensiones de una provincia que se siente desprotegida. Con la media sanción, la presión se traslada ahora al Senado, donde los gobernadores provinciales jugarán una carta decisiva.
Si bien el Gobierno sostiene que los hogares con ingresos de hasta tres canastas básicas, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) o beneficiarios de planes sociales seguirán protegidos, la realidad es que miles de familias de clase media mendocina, que hoy no califican bajo los criterios del SEF pero que ajustaban sus gastos gracias a la "Zona Fría", quedarán en una zona de desamparo tarifario.
Resulta una contradicción evidente que el mandatario provincial y sus legisladores nacionales hayan decidido apoyar esta quita del beneficio para los mendocinos, cuando años atrás el propio Cornejo se había manifestado a favor de la ley que otorgó el alivio tarifario. Esta postura parece responder más a una estricta obediencia partidaria a nivel nacional que a la función primaria de defender los intereses provinciales y la economía de sus habitantes, quienes ahora quedan en una preocupante situación de desamparo frente a la suba de tarifas.
