El fallo, que trascendió formalmente este jueves, cierra un conflicto político-judicial iniciado en 2024 tras la ruptura del bloque oficialista en Santa Rosa. La sentencia impone una multa a la concejal y la obliga a publicar el veredicto en la web oficial del Concejo Deliberante para reparar el daño causado.
El escenario político de Santa Rosa suma hoy un capítulo que redefine los límites del discurso público. La Justicia mendocina confirmó la condena contra la concejal Débora Quiroga por el delito de calumnias en perjuicio de Diego Foco, escribano y esposo de la intendenta Flor Destéfanis. La resolución del juez Eduardo Andrés Orozco, cuyos detalles técnicos se conocieron en las últimas horas, determina que las acusaciones de violencia de género vertidas por la edil contra Foco fueron falsas y carecieron de sustento probatorio.
La trama tiene su origen en la convulsa interna política de 2024. Quiroga, quien presidía el Honorable Concejo Deliberante (HCD) bajo el ala del oficialismo, rompió con el bloque del PJ para fundar su propio espacio, “Ahora Santarrocinos”, junto a su par María José Buffa. En julio de aquel año, en medio de fuertes cruces en el recinto, la concejal denunció públicamente haber recibido amenazas por parte de Foco. El conflicto forzó la renuncia de Foco y de su par Hernán Dubé a sus bancas, bajo una decisión de “equidad de género” para descomprimir la tensión. Sin embargo, la disputa se trasladó a la Unidad Fiscal de Santa Rosa, donde Quiroga denunció formalmente a Foco el 9 de agosto de 2024.
La contraofensiva legal de Foco no tardó: el 14 de noviembre de 2024 inició una querella por calumnias, argumentando la “falsa imputación de un delito”. El proceso dio un giro definitivo el 28 de agosto de 2025, cuando el Ministerio Público Fiscal archivó la denuncia de Quiroga por “inexistencia de delito” tras analizar videos y actas de las sesiones legislativas. Con ese antecedente, la causa por calumnias avanzó hasta la sentencia conocida hoy, que impone a la edil —reelecta recientemente por cuarta vez— el pago de una multa de $20.000 y la publicación obligatoria del fallo en el sitio oficial del HCD. Se trata de una medida que busca la reparación pública ante una imputación criminal desestimada por la propia Justicia.
