La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más delicados de la última década. En octubre, la morosidad de las familias volvió a escalar y acumuló doce meses consecutivos de subas, hasta alcanzar niveles récord desde que existen registros oficiales. Según datos del Banco Central, el 7,8% de los créditos otorgados a personas físicas presentó irregularidades en los pagos, un valor inédito desde 2010.
El deterioro es aún más visible en los préstamos personales, donde casi uno de cada diez pesos prestados no se pagó en tiempo y forma. La mora en este segmento trepó al 9,9%, tras incrementarse 6,5 puntos porcentuales en apenas un año. También las tarjetas de crédito mostraron un fuerte empeoramiento, con un ratio de incumplimiento del 7,7%, mientras que los créditos prendarios llegaron al 4,8%. En contraste, los hipotecarios se mantuvieron estables, con niveles cercanos al 1%.
El salto en la morosidad se dio en un contexto particularmente adverso para las economías familiares. Durante octubre, la tasa nominal anual promedio de los préstamos personales rondó el 83%, un nivel que volvió difícil sostener los pagos mensuales. Si bien tras las elecciones legislativas se observó un alivio financiero y las tasas retrocedieron hasta el 66,5%, ese ajuste llegó después del período analizado y continúa muy por encima de la inflación esperada.
La combinación de intereses elevados y salarios reales estancados o en retroceso aparece como una de las principales explicaciones del fenómeno. Cada vez más familias recurren al crédito para sostener el consumo básico, pero lo hacen en condiciones que terminan volviéndose insostenibles en el tiempo.
No obstante, algunos analistas advierten que el aumento de la mora también responde a un cambio estructural en el mercado crediticio. Con un Estado que dejó de absorber gran parte del financiamiento disponible, el crédito al sector privado se expandió con fuerza en términos reales. En ese escenario, se amplió el universo de tomadores y crecieron los préstamos hacia sectores de mayor riesgo, lo que naturalmente eleva los niveles de incumplimiento.
La tendencia no se limita a los hogares. En el caso de las empresas, la morosidad también mostró un incremento significativo en el último año, al pasar del 0,7% al 1,9%, con especial impacto en los créditos prendarios. Sumando familias y compañías, el ratio general de irregularidad alcanzó el 4,5% en noviembre, el valor más alto desde fines de 2021.
Los números confirman una señal de alerta: aunque el crédito volvió a crecer, lo hace sobre bases frágiles. Sin una recuperación sostenida de los ingresos y con tasas que siguen siendo elevadas, la presión sobre los hogares amenaza con profundizarse y trasladarse al sistema financiero en su conjunto.
