El Gobierno vuelve a la carga contra una ley clave para el agua del país

La Ley de Glaciares, vigente desde 2010, vuelve a colocarse en el centro de la escena política. La normativa define a los glaciares como bienes públicos y resguardos esenciales de agua para consumo humano, ecosistemas y producción. Por eso prohíbe cualquier actividad que pueda alterarlos: desde la liberación de contaminantes hasta la minería y la explotación hidrocarburífera.

El Gobierno nacional busca ahora modificar esos límites. Según sus funcionarios, un cambio normativo permitiría destrabar inversiones y generar empleo. Pero para especialistas y organizaciones ambientales, la iniciativa no solo es inoportuna: es directamente una amenaza a las reservas hídricas en un contexto de crisis climática.

“Sería un ataque directo al agua de los argentinos”, expresan desde entidades ambientales, recordando que la ONU declaró 2025 como el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares, un mensaje claro que contrasta con el rumbo del Gobierno.

El foco en el ambiente periglacial: la zona que inquieta a las mineras

Para Lucas Ruiz, glaciólogo e investigador del Conicet, el trasfondo real no es derogar la ley por completo, sino redefinir qué se entiende por ambiente periglacial. Esa área —donde el hielo está en el subsuelo— también está protegida por la norma y su preservación complica a varios proyectos mineros de largo plazo.

“Es muy difícil hablar en términos generales porque depende de cada proyecto, pero el sector necesita estabilidad jurídica y ve la modificación como un requisito para avanzar”, explica Ruiz, hoy radicado en Chile.

El ambiente periglacial es clave para la regulación hídrica de las cuencas cordilleranas. Su deterioro, advierten desde el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), impactaría de manera directa en las zonas de recarga de agua que sostienen a poblaciones enteras.

En un país que ya enfrenta disminución de caudales, retracción de glaciares y mayor variabilidad climática, el riesgo aparece como evidente.

Estados Unidos, inversiones y el rol de la transición energética

El intento de modificar la ley no surge en el vacío. La presión de empresas mineras y del gobierno estadounidense es notoria. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) calificó la reforma como “vital” y condicionó el ritmo de futuras inversiones a estos cambios.

La estrategia del Ejecutivo también busca seducir a gobernadores interesados en dinamizar sus economías. A cambio, Washington promete inversiones y el ingreso de dólares frescos.

Pero detrás del discurso de desarrollo aparece otro elemento: la transición energética global y su enorme demanda de minerales. Paneles solares, baterías y turbinas eólicas requieren litio, cobre y otros recursos. El problema: algunos de esos minerales se encuentran en zonas cercanas a glaciares o en áreas periglaciales.

Para Ruiz, la contradicción es evidente: “Necesitamos minerales para enfrentar el cambio climático, pero al mismo tiempo no podemos destruir las reservas de agua que también son esenciales para la vida y la producción”.

Glaciares: patrimonio, ciencia, turismo y agua para las comunidades

Los glaciares cumplen un rol que excede su valor paisajístico. Son fuentes de agua dulce, reguladores climáticos, espacios de estudio científico y motores de economías regionales ligadas al turismo.

Argentina cuenta con más de 8.400 km² de hielo distribuidos en 12 provincias, entre ellas Mendoza, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Muchas de esas zonas ya cuentan con leyes y áreas protegidas adicionales. Aun así, el retroceso global de los glaciares es rápido e irreversible si no se toman medidas urgentes.

El Atlas de los Glaciares en Argentina advierte que el aumento de la temperatura y la variabilidad de las precipitaciones profundizarán la pérdida de reservas hídricas y los impactos sociales y económicos asociados.

Entre la presión económica y el cuidado de lo esencial

El avance del Gobierno sobre la Ley de Glaciares expone un conflicto cada vez más marcado: la puja entre la explotación de recursos naturales y la protección de bienes estratégicos para el país. Mientras las empresas —especialmente estadounidenses— presionan para habilitar zonas hoy vedadas, científicos e instituciones alertan que no hay margen para poner en riesgo el agua en plena crisis climática.

La discusión recién comienza, pero deja una conclusión inevitable: sin glaciares y sin ambiente periglacial, la transición energética, el desarrollo productivo y la vida de las comunidades cordilleranas quedan sin su recurso más básico.

La pregunta de fondo, entonces, no es solo económica: ¿qué modelo de país está dispuesto a sacrificar su propia agua para satisfacer los grandes intereses externos?