El inicio de semana estuvo marcado por una fuerte presencia judicial en las calles del microcentro de Mendoza. Cientos de trabajadores marcharon para expresar su rechazo al último decreto salarial del Gobierno provincial y, al mismo tiempo, visibilizar el enojo por un acuerdo paritario que, aseguran, lleva un año sin concretarse. El contraste se acentuó porque, mientras el gobernador se otorgó en junio un aumento del 40% —equivalente a unos 2 millones de pesos más en su sueldo—, para los judiciales optó por un decreto que evita la discusión salarial y solo representa incrementos cercanos a los 40 mil pesos.
Pero el malestar no se agotó en la movilización. Frente a Tribunales se instaló una carpa blanca como señal de continuidad de la protesta. El objetivo es claro: exigir que se cumpla con el acta paritaria firmada el año pasado, donde la gobernación y la Suprema Corte de Justicia se comprometieron a poner en marcha el Convenio Colectivo de Trabajo específico del sector.
Según explicaron referentes gremiales, el acuerdo había contado con la participación de la Corte, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, y llevaba meses de construcción hasta que quedó abruptamente interrumpido. “La carpa es solo un paso más en el plan de lucha; si no hay avances, la conflictividad se va a profundizar”, advirtieron.
Mientras tanto, la Suprema Corte mantiene el silencio, lo que alimenta la tensión. La combinación entre un decreto que no satisface a los trabajadores y una paritaria incumplida terminó por encender un clima de conflictividad que promete continuar en las próximas semanas.
