A través de un decreto presidencial, el Ejecutivo abandonó la persecución penal en la causa por el préstamo del FMI de 2018. La medida garantiza impunidad administrativa a los dos máximos responsables de la economía actual, quienes estaban imputados por administración fraudulenta.
Con la creación de la ORO, el Gobierno institucionaliza el hostigamiento digital y quiebra la confianza con sus aliados. Denuncian una estrategia de opacidad estatal que busca reemplazar los datos públicos por veredictos de X.
El mercado laboral argentino atraviesa una transformación estructural que, bajo el lema de la "modernización", está alterando las bases de la Ley de Contrato de Trabajo. El eje de la polémica se centra en tres puntos neurálgicos: la creación del "banco de horas individual", la eliminación de topes al pago en especies y la fragmentación del derecho al descanso.
En un giro que reavivó la polémica sobre la transparencia de las estadísticas oficiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que no se implementará el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) desarrollado durante la gestión de Marco Lavagna. El argumento oficial es que la base de datos de 2018 quedó "desactualizada" tras la pandemia, por lo que el INDEC continuará utilizando la estructura de consumo de hace 22 años.
El Presidente llega cuatro días antes de las elecciones municipales en seis departamentos. Será su primera visita tras la victoria electoral de octubre y busca consolidar la alianza con Cornejo en territorio clave.
Ante la caída de los ingresos por sexto mes consecutivo, el Ministerio de Economía negocia con los gobernadores una "cláusula gatillo" vinculada al crecimiento para no desfinanciar a las provincias.
A semanas del inicio de la cosecha, referentes del sector anticipan una caída de hasta el 10% en la producción. El oasis Este enfrenta el doble desafío de los daños por granizo y un mercado estancado por el exceso de stock.
La Casa Rosada congela la modernización del IPC para evitar un salto en el número de inflación justo cuando las tarifas amenazan el relato de la gestión. La salida, que se gestó entre discusiones "acaloradas" durante las últimas dos semanas, detonó una bomba informativa: el Gobierno decidió dar de baja la implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que debía debutar este mes, por temor a que el número resultante fuera superior al que arroja la metodología actual.
La Asamblea Nacional francesa aprobó un proyecto de ley histórico que busca restringir el acceso a plataformas digitales para proteger la salud mental adolescente. La medida entraría en vigor en septiembre de 2026.
Tras la derogación de la Ley de Alquileres vía DNU, el impacto en el bolsillo de los inquilinos alcanza niveles históricos de asfixia financiera, obligando a la mayoría a endeudarse para no quedar en la calle.
El titular del organismo estadístico se negó a postergar la actualización del IPC, que arrojaba un 3,4% para enero. Luis Caputo confirmó que mantendrán la metodología vieja para evitar "especulaciones" hasta que la desinflación se consolide.
Mientras el presupuesto para salud pública sufre un recorte real cercano al 40% para 2026, la Casa Rosada habilita el ingreso de tecnología de segunda mano. El debate por la calidad del servicio y el riesgo de convertir al país en un depósito de equipos obsoletos.
En un contexto de ajuste fiscal severo bajo el lema de "no hay plata", la distribución del gasto público en Argentina durante el último ciclo presupuestario revela una jerarquía de prioridades que genera alarma en los sectores sociales.
Bajo el nombre técnico de "compra de DEGs", el Gobierno contrajo un nuevo compromiso financiero con el Tesoro de EE. UU. por USD 808 millones. La maniobra busca maquillar la escasez de divisas propias ante la inminente auditoría del Fondo Monetario Internacional.
La provincia cerró el 2025 con una inflación del 29,9%, pero la pérdida de poder adquisitivo es más aguda que en sus pares de Cuyo. Una familia tipo necesitó casi $1,2 millones para no ser pobre, mientras los salarios locales quedaron rezagados frente a San Juan y San Luis.
A las puertas de un debate histórico, el Gobierno nacional busca redefinir la protección de los glaciares para destrabar millonarias inversiones mineras. En Mendoza, la mirada está puesta en el voto de sus senadores, en medio de una provincia marcada por la defensa del agua.
El demócrata Taylor Rehmet dio el batacazo en el Distrito 9, un territorio que el expresidente había ganado por 17 puntos en 2024. La derrota se produce en medio de una crisis nacional por la violencia del ICE y una economía que no da respiro.
La filtración de un acuerdo confidencial con Hayden Davis revela una trama de asesorías "ad honorem" seguidas de transferencias millonarias, mientras la conexión con José Luis Espert suma presión judicial al entorno presidencial.
El Gobierno nacional impulsa en sesiones extraordinarias la reducción de la edad de responsabilidad penal a los 13 años. Mientras el oficialismo busca dar respuesta al reclamo social por la inseguridad, la Iglesia y expertos advierten que la medida es insuficiente sin un cambio estructural en el sistema de protección.
El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó una inhibición general por 90 días sobre el patrimonio del diputado —actualmente de licencia— y su entorno familiar. La investigación detectó inconsistencias patrimoniales, facturación simulada y vínculos con una red de criptoestafas.
La obra social más importante de Mendoza oficializó la prórroga de la suspensión para nuevos afiliados independientes durante todo el año. Además, rigen nuevos valores en las cuotas que alcanzan los $187.000 para los sectores de mayor edad.
La infraestructura de la obra social más grande de la provincia colapsó frente al temporal. Videos de techos filtrando litros de agua y escaleras convertidas en saltos hidráulicos se viralizaron, contrastando con los recientes anuncios de ampliación de descuentos y servicios.
El temporal de este viernes dejó un saldo de cientos de intervenciones, calles convertidas en ríos y filtraciones en los principales hospitales de la provincia. Aunque el Gobierno asegura que los servicios no se interrumpieron, la magnitud del daño reabre el debate sobre la falta de inversión en mantenimiento.
