La escena política paraguaya terminó de quebrarse este jueves. Santiago Peña, presidente desde agosto de 2023 y uno de los referentes conservadores de la región, anunció su renuncia mientras el Congreso debatía avanzar con un juicio político en su contra. Afuera, miles de personas reclamaban respuestas por sus ahorros; adentro, el oficialismo comenzaba a darle la espalda. El mandatario que había llegado al poder con promesas de estabilidad terminó abandonando la Casa de Gobierno en medio de una de las mayores crisis institucionales de los últimos años.
El detonante fue el derrumbe de Ueno Bank, una entidad financiera digital intervenida por el Banco Central paraguayo después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. El impacto fue enorme: alrededor de 2,9 millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas en un país de poco más de seis millones de habitantes. Entre los afectados hay trabajadores, jubilados y personas que dependen de esos fondos para sostener su vida cotidiana.
Pero el problema dejó rápidamente de ser exclusivamente financiero. Ueno mantenía vínculos empresariales con el entorno del presidente y había administrado importantes recursos de organismos públicos. Peña había sido accionista de Grupo Vázquez, holding relacionado con la entidad bancaria, hasta 2025. Esa relación abrió una discusión política explosiva sobre posibles conflictos de intereses, el manejo de fondos estatales y la responsabilidad del Gobierno frente a las señales de deterioro de la entidad.
La dimensión del escándalo se profundizó cuando trascendió que el banco administraba entre 800 y 850 millones de dólares de fondos públicos. También se investigan préstamos otorgados a empresas vinculadas con los propietarios de la entidad y presuntas irregularidades contables. La Fiscalía avanzó sobre los directivos: ocho ejecutivos fueron detenidos y la investigación judicial comenzó a extenderse sobre las operaciones que rodearon el funcionamiento del banco.
Peña intentó contener la crisis, pero sus movimientos terminaron agravando el escenario. La salida del titular del Banco Central no alcanzó para descomprimir el conflicto y las explicaciones oficiales no lograron frenar las movilizaciones. Los reclamos se multiplicaron en Asunción, mientras jubilados, ahorristas y trabajadores exigían recuperar su dinero. La indignación social se convirtió en una amenaza directa para la continuidad del Gobierno.
El golpe definitivo llegó desde el propio Partido Colorado. Horacio Cartes, principal referente de la fuerza oficialista y mentor político del presidente, terminó respaldando el avance del juicio político. La pérdida de apoyo dentro de su propio espacio dejó a Peña sin el sostén legislativo que necesitaba para resistir. La Cámara de Diputados llegó a votar su destitución minutos después de que anunciara la renuncia, aunque el trámite institucional todavía requiere la intervención del Senado y la aceptación formal de la dimisión por parte del Congreso.
En su mensaje de despedida, Peña sostuvo que daba un paso al costado para preservar la estabilidad del país y las instituciones democráticas. También pidió disculpas a la población y afirmó que su prioridad era garantizar la devolución de los depósitos. Sin embargo, evitó asumir una responsabilidad concreta por el escándalo que terminó con su mandato. La preocupación central de millones de paraguayos sigue siendo mucho más inmediata que cualquier argumento institucional: saber cuándo y cómo podrán recuperar sus ahorros.
La sucesión apunta al vicepresidente Pedro Alliana, también integrante del Partido Colorado, quien deberá asumir si se completa el procedimiento constitucional. Por eso, la salida de Peña no significa necesariamente un cambio de orientación política en Paraguay. El partido que gobierna el país desde hace décadas conserva una estructura de poder y buscará administrar la transición sin que la crisis termine arrastrando a toda la dirigencia.
Otro tropiezo para la derecha regional
La caída de Peña tiene una lectura que excede las fronteras paraguayas. El mandatario era un aliado de Donald Trump y formaba parte de una corriente de gobiernos conservadores que reivindican la desregulación, la confianza de los mercados y la promesa de una administración eficiente. Su renuncia vuelve a poner bajo presión ese relato: cuando los intereses privados, los recursos públicos y las relaciones políticas se cruzan sin controles suficientes, la supuesta estabilidad puede convertirse en una crisis de enormes proporciones.
El episodio también deja una advertencia para los gobiernos de la región que presentan los vínculos entre el sector privado y el Estado como una garantía automática de eficiencia. La intervención de Ueno Bank mostró el costo que puede tener un sistema financiero debilitado, con millones de usuarios afectados y fondos públicos comprometidos. Y la respuesta política terminó exhibiendo que ni siquiera una mayoría oficialista puede sostener indefinidamente a un presidente cuando el costo social y político se vuelve demasiado alto.
No es la primera vez que un referente de la derecha regional enfrenta un revés de esta magnitud, ni alcanza por sí solo para hablar de un derrumbe generalizado de ese espacio político. Pero sí constituye otro golpe a una corriente que llegó a distintos gobiernos latinoamericanos prometiendo orden, transparencia y crecimiento, y que ahora debe explicar por qué uno de sus aliados más cercanos terminó renunciando en medio de un escándalo financiero.
Paraguay queda ante una transición delicada y una pregunta que todavía no tiene respuesta: quién se hará cargo de las consecuencias del colapso bancario y cómo recuperarán su dinero los millones de afectados. Peña se va, pero la crisis permanece. Y el costo de esa caída no lo pagará solamente una dirigencia política: lo están soportando, sobre todo, los ciudadanos que encontraron sus ahorros atrapados en el banco que terminó hundiendo a su presidente.
