Dos meses después, el Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de ley que habilita una reorganización integral del organismo. El texto es ambicioso en sus herramientas y escueto en sus garantías. Y sus consecuencias más concretas las van a sentir los trabajadores.

LO QUE SE PERDIÓ EN EL INCENDIO

El siniestro provocó la pérdida total de las instalaciones del Anexo Zona Este y la interrupción de sus actividades. La inactividad de esa sala implica la pérdida del 32% de la recaudación bruta del Instituto, con una merma estimada de aproximadamente $2.450 millones para el resto del año.

No es un dato menor. El casino de la zona Este era la segunda unidad operativa del sistema en términos de recaudación electrónica, por delante del anexo de General Alvear y por detrás de la sede central ubicada en Godoy Cruz. Para tener una dimensión del peso específico de la sala: en febrero, registró facturaciones por $12.500 millones y beneficios por $654,5 millones. En marzo —mes del incendio y con operaciones hasta el día 11— facturó $4.385 millones con beneficios por $289,3 millones.

Con la sala fuera de operación, el Instituto enfrenta un doble problema: deja de recibir ingresos y al mismo tiempo sigue obligado a pagar salarios. El costo estimado para sostener el piso de la bonificación compensatoria del personal que ya no está trabajando fue de $53 millones en abril y rondará los $650 millones en lo que resta de 2026.

Son 50 los trabajadores estatales del anexo de la zona Este, que actualmente han sido redistribuidos en distintos sectores del IPJyC. Otros 60 habían sido contratados por el Grupo Kristich, la empresa concesionaria del lugar.

LA CRISIS QUE YA ESTABA

El Ejecutivo no quiere que el incendio tape el bosque. Y tiene razón en señalar que el problema del IPJyC no nació el 11 de marzo.

La decisión de presentar un proyecto de ley para realizar una reestructuración en el organismo ya venía pensándose desde el año pasado, sobre todo por una caída importante en la rentabilidad del juego "en vivo", también llamado de juegos tradicionales o de paño. Los números son elocuentes: el juego de paño cubre apenas alrededor del 32% de sus costos fijos, que son los salarios y el mantenimiento.

Para que quede claro el abismo: en marzo, la facturación del juego en vivo de todos los casinos de la provincia llegó a $7.621 millones. En el mismo período, las salas electrónicas acumularon $108.000 millones. Las mesas de paño generaron menos del 10% de lo que produjeron las tragamonedas. El modelo tradicional del casino —el del croupier, el de la ruleta, el de la fichas— está en crisis estructural, y Mendoza no es la excepción en ningún país del mundo.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, señaló que el avance del juego online y las modificaciones en los hábitos de consumo impactaron sobre la actividad de las salas físicas. "Hay sectores del juego que no alcanzan a financiar ni un tercio de sus costos. Ante esto, la idea es reorganizar esas estructuras para que se sigan generando los beneficios fiscales que tiene operar estas unidades", sostuvo el funcionario.

El incendio, entonces, fue la chispa que encendió un expediente que ya tenía pólvora acumulada.

QUÉ DICE EL PROYECTO DE LEY

La iniciativa busca otorgar facultades extraordinarias por un año para modificar estructuras, eliminar áreas, redefinir funciones y aplicar un programa de retiros voluntarios destinado a parte del personal del organismo, que cuenta con alrededor de 480 trabajadores.

Las herramientas que habilita el texto son, en orden de dureza creciente:

La implementación de un sistema de retiro voluntario, mediante el cual quienes adhieran podrán acceder a una compensación indemnizatoria de hasta el 120% de lo establecido por la normativa vigente. Quienes opten por este camino no podrán reingresar a la administración pública por un período determinado, salvo reintegro proporcional de lo percibido.

Luego, reubicación dentro del propio Instituto o incorporación a otras áreas del Estado. Y finalmente, para los casos en que ninguna alternativa prospere: la "extinción del vínculo laboral", con el correspondiente pago de la indemnización.

El punto más sensible en términos salariales es otro. El proyecto establece que, si se suprimen determinadas áreas, los trabajadores dejarán de percibir los adicionales específicos asociados a esas funciones. De todos modos, el Ejecutivo asegura que se garantizará una remuneración bruta equivalente a la que cobraban al momento de la reestructuración. El matiz importa: mantener la remuneración bruta no es lo mismo que mantener el salario de bolsillo, cuando los adicionales se descuentan de la base de cálculo de otros beneficios.

Hay además un capítulo que pasó casi desapercibido en la cobertura inicial. El artículo 16 del proyecto suspende, con carácter transitorio, la aplicación del artículo 38 de la Ley Provincial 7314, que establece que las transferencias netas del IPJyC a programas especiales "no podrán ser inferiores al 35% del total de ingresos" —siempre que sea "funcionalmente necesario" para ejecutar la reorganización. Dicho en criollo: si el proceso de reestructuración lo requiere, los fondos que hoy van a hospitales y bibliotecas populares podrán suspenderse temporariamente.

El IPJyC ya transfirió $752,9 millones de los $1.500 millones presupuestados para 2026 al sistema de salud: $716,5 millones al Ministerio de Salud, $22,5 millones al Hospital Notti, $7,5 millones al Hospital Lencinas y $6,4 millones a bibliotecas populares. Son fondos que dejan de llegar cuando la máquina del casino no funciona.

LOS TRABAJADORES: ENTRE LA REUBICACIÓN Y LA INCERTIDUMBRE

Desde el mismo día del incendio, el sindicato que agrupa al personal del Instituto activó la alerta. "Existe incertidumbre laboral sobre los puestos de trabajo. Exigimos al Directorio del IPJyC que, de manera inmediata, informe cuál será la situación de los trabajadores afectados, garantizando la estabilidad de todas y cada una de las fuentes de empleo y su reubicación en condiciones laborales y salariales idénticas", señalaron desde el gremio. Al mismo tiempo, el sindicato declaró el estado de alerta y movilización en todo el ámbito del Instituto y convocó asambleas de base para definir un plan de lucha, sin descartar medidas de acción directa.

La preocupación no se limita a los 50 trabajadores del casino siniestrado. El Adicional Mayor Productividad —uno de los componentes más fuertes del salario de los trabajadores del IPJyC— se calcula en base a la recaudación general del organismo. Menos recaudación significa menos adicional para todos, no solo para los empleados del Este.

¿REABRIRÁ EL TÓTEM?

La concesionaria Grupo Kristich mantiene conversaciones con el Instituto para una eventual reapertura, pero los plazos son inciertos. La reapertura no sería inmediata, ya que aún continúan las pericias del incendio y los trámites con la aseguradora. Algunas versiones dentro del Gobierno indican que el mismo espacio podría no reabrir antes de marzo de 2027. La concesión tiene 16 años restantes de los 20 originales, y desde el Gobierno sostienen que la sala "ha sido rentable".

Entre los temas en negociación está quién provee las máquinas tragamonedas para el nuevo espacio: la concesionaria solicitó al IPJyC que se las facilite, lo que agrega una capa más de complejidad burocrática a un proceso que ya acumula semanas de indefinición.

EL FONDO DE LA CUESTIÓN

El Gobierno de Cornejo enmarca todo esto dentro de una lógica de saneamiento fiscal: no se puede sostener lo que pierde plata. Es un argumento que tiene coherencia interna, especialmente en un organismo cuyo juego de paño —el más intensivo en personal— recauda menos de lo que cuesta. Fayad fue directo: "El Estado no puede tener unidades de negocio que obligan a ser financiadas por el erario público."

Lo que el argumento no resuelve es la asimetría del ajuste. Las máquinas tragamonedas —el sector rentable, el que opera con menos personal por peso recaudado— seguirán funcionando. El juego de paño —el más intensivo en empleo, el que requiere dealers, supervisores, personal de sala— es el que está en el ojo de la tormenta. La racionalidad financiera y la racionalidad laboral no siempre apuntan en la misma dirección.

El proyecto todavía debe pasar por la Cámara de Diputados de Mendoza. Lo que ocurra allí determinará si las garantías para los trabajadores se fortalecen o si el texto llega al organismo con todas sus herramientas de ajuste intactas. Mientras tanto, los 478 empleados del IPJyC esperan saber qué queda en pie después del fuego.