Para entender qué puede ser —y por qué genera tantas preguntas— hay que empezar desde el principio.

¿QUÉ ES EL RIGI ORIGINAL?

El Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones fue aprobado en junio de 2024 como parte de la Ley de Bases. Está diseñado para atraer proyectos de más de USD 200 millones con un paquete de beneficios excepcionales por 30 años: alícuota de Ganancias del 25% (vs. 35% general), exención de derechos de importación para bienes de capital, exención de retenciones a las exportaciones luego de ciertos plazos, libre disponibilidad de divisas en el exterior y estabilidad fiscal garantizada —lo que significa que ninguna ley futura puede agravar la carga impositiva sobre los proyectos adheridos. Los sectores habilitados van desde petróleo y gas hasta minería, energía renovable, tecnología, infraestructura y turismo.

La idea central es simple: ofrecer previsibilidad en un país que históricamente cambió las reglas de juego en el medio del partido, las críticas de la opocisión es las múltiples garantías y el poco retorno para el país bajo la idea de que era un negocio a medida de las empresas extranjeras para llevarse mucho y dejar poco.

¿FRACASÓ EL RIGI? LOS NÚMEROS REALES

Ni fracasó ni cumplió sus promesas. Está en un limbo entre el interés financiero y la generación real de empleo.

En términos de proyectos anotados, los números parecen impresionantes: hay 35 proyectos inscriptos que suman alrededor de USD 95.000 millones entre inversiones aprobadas y en evaluación. De esos, 13 ya tienen aprobación formal por cerca de USD 27.000 millones. Energía y minería dominan el mapa. Esta semana, Chevron anunció una inversión de USD 10.000 millones bajo el régimen.

El problema es la brecha entre anuncios y empleos reales. El gobierno proyecta que los proyectos aprobados generarán 36.873 empleos directos e indirectos entre construcción y operación. Pero esos son puestos futuros, no trabajos creados hoy y para muchos son proyecciones demasiado optimístas si la base es la minería y la energía rubros que generan pocos empleos formales.

Y mientras tanto, la economía en su conjunto retrocede: en febrero de 2026 el estimador de actividad económica del INDEC cayó 2,1% interanual y 2,6% mensual, la peor caída mensual desde la pandemia. La industria manufacturera —que genera el 18,5% del empleo registrado privado— cayó 8,7% interanual y perdió más de 35.000 puestos desde que Milei asumió.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) lo sintetizó así: los sectores que apunta el RIGI —minería, siderurgia, hidrocarburos— representan apenas el 6,7% del empleo registrado privado. Las PyMEs, que generan la mayor cantidad de trabajo en el país, quedan fuera por el piso de inversión de USD 200 millones.

¿QUÉ SERÍA EL SÚPER RIGI?

Aquí empieza el terreno nebuloso. Milei dijo que tendrá "mayores ventajas que el RIGI original" y apuntará a "sectores que nunca han existido en Argentina". Con eso, el anuncio se agota.

El mercado llenó el vacío con especulaciones: inteligencia artificial, economía del conocimiento, manufactura avanzada, tecnología de precisión. Todo posible. Nada confirmado. Desde Casa Rosada no precisaron cuándo será enviado el proyecto al Congreso.

Lo que sí se sabe es el contexto. Primero: el propio gobierno ya había prorrogado el plazo de adhesión al RIGI original hasta julio de 2027 en febrero pasado. Anunciar un "Súper" mientras el original sigue abierto es, cuanto menos, una señal llamativa. Segundo: el anuncio llegó el mismo día en que el escándalo alrededor del jefe de Gabinete Manuel Adorni —investigado por enriquecimiento ilícito— dominaba la agenda. La propia senadora Patricia Bullrich había reclamado que Adorni presentara su declaración jurada "de inmediato". La Nación señaló explícitamente que Milei buscaba "recuperar la iniciativa política" en ese contexto.

¿HERRAMIENTA REAL O MANOTAZO DE AHOGADO?

Probablemente las dos cosas a la vez, y eso no necesariamente se excluye.

Que el Súper RIGI sea una cortina de humo coyuntural no implica que sea una idea inútil. Argentina tiene sectores emergentes —inteligencia artificial, economía del conocimiento, manufactura de alto valor— que están subdesarrollados y que un régimen específico podría atraer. La lógica tiene sentido en abstracto.

El problema es la forma. Un anuncio sin texto legal, sin detalles de implementación, sin fecha, sin sectores concretos identificados, lanzado desde un avión como "mega bomba", no es política económica: es marketing político. Los inversores internacionales que se supone deben atraerse no toman decisiones de cientos de millones de dólares a partir de un tweet presidencial.

El RIGI original nació de meses de debate legislativo, negociaciones en el Senado y una reglamentación de 60 artículos. El "Súper RIGI" nació de 280 caracteres en X.

Hay además una tensión de fondo. El modelo RIGI —en todas sus versiones— es un régimen para megainversiones extranjeras con beneficios fiscales excepcionales. El empleo que genera es intensivo en capital, concentrado geográficamente y no compensa la sangría del empleo manufacturero. El gobierno despidió más de 43.000 empleados públicos, el mercado interno se contrajo y la industria que da trabajo a los sectores populares perdió decenas de miles de puestos. El Súper RIGI promete empleo "con el tiempo". El empleo que ya existía se fue mientras tanto.

El Súper RIGI puede convertirse en una herramienta legítima si algún día llega al Congreso con un articulado serio, sectores definidos y una lógica de integración con la economía local. Hasta ese momento, es un anuncio sin contenido lanzado en un momento de máxima necesidad política.

Argentina tiene una historia larga de incentivos a grandes inversiones que prometieron transformar el país y terminaron siendo enclave: riqueza exportada, empleo esquivo, tejido productivo intacto o deteriorado. Que el Súper RIGI no repita ese patrón depende de decisiones que todavía no fueron tomadas. Por ahora, solo existe el nombre.