Había que ver los videos de aquella madrugada del 3 de enero. Explosiones sobre La Carlota, helicópteros Chinook sobrevolando Caracas, columnas de humo sobre el aeropuerto. La operación Determinación Absoluta, ejecutada por la Fuerza Delta del Ejército de Estados Unidos, duró cuarenta minutos y terminó con Nicolás Maduro esposado y escoltado hacia el buque USS Iwo Jima, desde donde fue trasladado al aeropuerto Stewart y luego al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Maduro, que se había juramentado para un tercer mandato apenas veintitrés días antes, declaró desde el banquillo del tribunal federal de Manhattan que lo habían secuestrado y que seguía siendo el presidente legítimo de Venezuela. Hoy, 18 de marzo, tiene audiencia judicial. Se declaró no culpable de todos los cargos. Y Venezuela sigue siendo gobernada exactamente por las mismas personas que gobernaban antes de que llegaran los marines.
La presidenta de Venezuela se llama Delcy Rodríguez. Era la vicepresidenta de Maduro. Juró como presidenta encargada el 5 de enero invocando el artículo 234 de la Constitución venezolana, el de la “falta temporal” del presidente, para evitar la convocatoria inmediata a elecciones. El Tribunal Supremo de Justicia —el mismo que validó cada irregularidad del chavismo durante veintiséis años— refrendó la maniobra. La Asamblea Nacional, con mayoría chavista, inauguró su período legislativo 2026-2031 con normalidad. Diosdado Cabello, a quien el Departamento de Estado ofrece veinticinco millones de dólares de recompensa por narcoterrorismo, sigue siendo ministro del Interior, Justicia y Paz. Vladimir Padrino López, a quien Washington ofrece quince millones por cargos similares, sigue siendo ministro de Defensa. El fiscal general Tarek William Saab, que emitió órdenes de captura contra la oposición, fue ratificado por siete años más en el cargo.
Eso es lo que quedó de la operación Determinación Absoluta dos meses y medio después.
Lo más revelador no es lo que Trump hizo en Venezuela sino lo que no dijo. La palabra “democracia” no fue mencionada en la conferencia de prensa del 3 de enero, según registró un especialista de la Universidad de Temple consultado por NBC News. Lo que sí dijo el secretario de Estado Marco Rubio fue otra cosa: precisó que no hay tropas estadounidenses en Venezuela, que se mantendrá el bloqueo petrolero y que Venezuela solo podrá comprar productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba por la venta de su crudo. Es decir: Venezuela entrega el petróleo y a cambio solo puede comprarle a EE.UU. El secretario de Defensa Hegseth completó el cuadro con una frase que sonó a doctrina: “Los países extranjeros no tendrán un lugar dentro de nuestro hemisferio.”
Lo que siguió fue una secuencia de movimientos empresariales y diplomáticos que terminaron de definir el verdadero objetivo de la operación. Chevron y Shell están próximos a concretar el primer gran acuerdo de producción petrolera con Venezuela, con una inversión proyectada de cien mil millones de dólares. El secretario de Energía Chris Wright visitó el Palacio de Miraflores, se reunió con Rodríguez y volaron juntos a la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo pesado del planeta. Días después llegó el secretario del Interior Doug Burgum acompañado de veinticuatro empresas mineras y energéticas. Exxon Mobil, American Airlines y otros gigantes siguieron el mismo camino. El 29 de enero, el Parlamento venezolano —de mayoría chavista— aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abrió el sector al capital extranjero. Una ley que Maduro jamás hubiera firmado y que Rodríguez promulgó sin chistar. Trump reconoció formalmente su gobierno. El financiamiento del acuerdo se canaliza a través de Qatar como intermediario.
Detrás de ese movimiento hay una mano que la prensa argentina cubrió poco. Ali Moshiri, exejecutivo de Chevron con décadas de experiencia en Venezuela, fue la figura que entregó a la CIA información clave que influyó en la estrategia de Washington para la etapa post-Maduro. Su argumento, según reveló el Wall Street Journal, fue determinante: instalar a María Corina Machado en el poder sería repetir el error de Irak y Afganistán, desmantelar toda la estructura y terminar creando un vacío que otros llenarían. Trump lo usó como referencia explícita: “Recuerden que existe un lugar llamado Irak, donde todo el mundo fue despedido —cada persona, los policías, los generales— y terminaron volviéndose ISIS.” La conclusión práctica fue mantener intacta la estructura del chavismo, extraerle el petróleo y controlar la transición desde afuera. Machado apoya la estrategia y espera elecciones en diez meses. La Casa Blanca, por ahora, no tiene prisa en dárselas.
El análisis geopolítico más serio que circula en los centros de pensamiento internacionales va más lejos que el petróleo. Especialistas del Jerusalem Post, la Universidad de Temple y distintos think tanks de política exterior sostienen que Venezuela fue el primer movimiento visible de una estrategia de largo plazo cuyo objetivo real es desalojar a China, Rusia e Irán de América Latina y consolidar el hemisferio occidental bajo la esfera de influencia exclusiva de Washington. En esa lectura, el público objetivo de Trump en la operación Determinación Absoluta no era Caracas sino Beijing, Moscú y Teherán: una demostración de fuerza calibrada para tres potencias que durante años consideraron a América Latina como un escenario de bajo riesgo para proyectar influencia. China tenía contratos de infraestructura, proyectos mineros, acuerdos energéticos y presencia creciente en el Caribe venezolano. Todo eso está ahora bajo revisión o liquidación. Panamá ya renunció a su acuerdo con China por la Nueva Ruta de la Seda y facilitó que Washington retomara el control del Canal. Ecuador y Argentina abrieron la puerta a bases militares norteamericanas. El patrón se repite: concesiones económicas inmediatas a cambio de alineamiento geopolítico. La guerra contra Irán, iniciada el 28 de febrero, encaja en esa misma ecuación desde la perspectiva de estos analistas: es un catalizador para reconfiguraciones que benefician a Estados Unidos en su disputa estructural con China, aplicando presión en distintos escenarios simultáneos para condicionar el comportamiento de Beijing en cada uno de ellos. Es una hipótesis analítica, no una política declarada. Pero los hechos la alimentan semana a semana.
La Argentina de Milei festejó el primer movimiento como si fuera el partido completo. Javier Milei celebró la captura de Maduro, Argentina fue uno de los primeros países en pronunciarse a favor de la operación y en los últimos meses abrió la puerta al establecimiento de bases militares estadounidenses en su territorio. Milei no solo festejó la captura de Maduro. Se subió al tablero del lado de Trump antes de entender —o sin importarle— cuáles son las reglas de ese juego ni a qué costo.
Lo que los venezolanos están viviendo dos meses y medio después de la captura no es la libertad que agitaron en los balcones porteños. Los presos políticos siguen presos. El aparato represivo del chavismo no fue desmantelado. María Corina Machado espera desde Caracas que alguien le confirme una fecha electoral. El precio del kilo de carne bajó. El precio de los inmuebles subió un 22%. American Airlines retomó sus vuelos. Y el chavismo sigue gobernando Venezuela, esta vez con el aval de Washington y los contratos de Chevron.
Maduro tiene audiencia hoy. Se declaró no culpable. Dice que es prisionero de guerra. Mientras tanto, en la Faja del Orinoco, las empresas estadounidenses ya inspeccionan los pozos. JP Morgan calculó que esta consolidación podría posicionar a Estados Unidos como el mayor controlador de reservas petroleras del mundo, representando el 30% del total global.
Festejaron libertad. Llegó Trump. Se llevó el petróleo. Y el chavismo sigue gobernando.