Cristina Fernández de Kirchner llegó esta mañana a los tribunales de Comodoro Py con una escarapela en su ropa, risueña, saludando brevemente a la militancia que la esperaba desde la madrugada frente a su departamento de San José 1111 en el barrio de Constitución. A las 8:40 cruzó el umbral de la puerta. Adentro, en el Auditorium de Comodoro Py —una sala de gran capacidad reacondicionada por el Consejo de la Magistratura para albergar juicios complejos— la esperaban los tres jueces del Tribunal Oral Federal N°7, la fiscal Fabiana León y los defensores de los otros 86 acusados. Al entrar a la sala, Cristina evitó mirar y saludar a Julio De Vido, su exministro de Planificación y uno de los principales imputados de la causa. Una imagen que en la política tiene su propio peso.

Lo que siguió fueron 45 minutos de monólogo político. La expresidenta no respondió ninguna pregunta —ni de los jueces, ni de la fiscal, ni de los abogados defensores— como es su derecho en el marco del proceso. En cambio, desplegó un discurso de alto voltaje que oscilaba entre la denuncia judicial y la declaración de principios: "Esta causa fue pergeñada. ¿Alguien puede pensar que hay un Poder Judicial respetable? Cuando veo lo que dicen y se sigue adelante con el juicio, veo que la sentencia ya está escrita." Y fue más lejos: "Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales. Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas." La frase que más circuló en las redes durante la mañana fue una sola: "Me puedo morir presa, pero en algún momento esto se va a terminar."

Esa frase tiene un peso concreto que va más allá de la retórica. Cristina ya carga con una condena firme a seis años de prisión en la Causa Vialidad, que cumple actualmente en su domicilio. La Causa Cuadernos es un proceso independiente y separado, con una acusación igualmente grave. Si ambas condenas llegaran a confirmarse, la expresidenta enfrentaría una situación judicial sin precedentes en la historia política argentina reciente. En ese contexto, la frase de esta mañana no suena a dramatismo sino a cálculo.

Cristina también vinculó su situación con el gobierno de Milei de manera directa, recordando la frase que el Presidente pronunció en la Asamblea Legislativa: "El Presidente anunció que voy a seguir presa. Está claramente la sentencia escrita." Y recurrió a un argumento que lleva años usando pero que esta mañana actualizó con un nombre propio: el actual ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, quien en 2018 —como abogado defensor de uno de los empresarios imputados— dijo que su cliente iba a mentir e involucrar gente si no salía en libertad rápido. "Si me hubiera robado millones, no estaría sentada acá seguramente", cerró.

La causa en la que declaró hoy es, por dimensiones, la más grande de la historia judicial argentina. El TOF N°7 —integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli— investiga un presunto circuito de sobornos que habría funcionado entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La hipótesis de la fiscalía, a cargo de Fabiana León, es que desde el Ministerio de Planificación Federal operó una asociación ilícita que recaudaba coimas de empresarios de la construcción a cambio de adjudicarles contratos de obra pública. El mecanismo quedó documentado en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, quien durante años anotó fechas, nombres, montos y direcciones de las entregas de dinero. Esos cuadernos son la prueba central del expediente. El peso testimonial lo completan 21 imputados que firmaron acuerdos de colaboración y describieron en detalle cómo funcionaba el circuito.

Cristina enfrenta la acusación más grave del proceso: ser la jefa de esa asociación ilícita y coautora de 204 casos de cohecho pasivo. Entre los testimonios más comprometedores figura el de Claudio Uberti, exfuncionario del OCCOVI: declaró que había visto bolsos con dinero en la residencia del matrimonio Kirchner y que la propia expresidenta estaba presente en esas oportunidades, y que desde allí los fondos partían en aviones oficiales hacia Santa Cruz. En total son 87 imputados en la causa: 22 exfuncionarios y 65 empresarios de las constructoras más grandes del país.

El juicio arrancó formalmente en noviembre de 2025 y hasta hoy se había desarrollado de manera virtual. Esta fue la primera audiencia presencial y la más esperada políticamente, dado que Cristina fue la primera de los acusados en declarar. Los 86 restantes —entre ellos De Vido, Roberto Baratta, José López y decenas de empresarios— todavía tienen que pasar por el mismo proceso. Las audiencias continuarán a razón de dos por semana.

El timing político de la jornada no estuvo libre de ruido extra. Dalbón, uno de los defensores de Cristina, publicó en X una frase que resume cómo el kirchnerismo intenta leer el momento: "La misma mafia judicial que persiguió a Cristina es la que cajoneó la causa $LIBRA. El fiscal Taiano es parte de esa estructura. Por eso tiene que renunciar." Del otro lado, Patricia Bullrich fue igual de directa: "Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando, no debería haber robado." La grieta, como siempre, bien nutrida.