Manuel Adorni se sentó frente a Luis Majul en LN+ con la intención de cerrar una semana de incendios y terminó encendiendo otro. En cuarenta minutos de entrevista, el jefe de Gabinete reconoció que el video donde se lo ve abordando con su familia un avión privado rumbo a Punta del Este el fin de semana largo de carnaval salió de adentro del propio gobierno. Lo dijo con todas las letras: "Obviamente el video fue grabado desde adentro de los edificios públicos." Y agregó algo que en otro contexto habría pasado inadvertido pero que en la semana más difícil de su gestión sonó como una bomba: alguien lo tuvo guardado durante un mes y eligió el momento exacto para soltarlo.

Cuando le preguntaron por el viaje, Adorni fue igual de escurridizo que con el video: dijo que de su vida privada no habla y que había pasado el fin de semana "en la casa de un amigo". El Hondajet privado matrícula LVHWA que partió de San Fernando el 12 de febrero a las 20:21 y aterrizó en Punta del Este treinta y cinco minutos después quedó en el registro oficial. Los amigos, en cambio, no tienen nombre.

La pregunta que Majul le hizo cuatro veces, con distintas formulaciones, fue siempre la misma: ¿fue Santiago Caputo? Y Adorni, cuatro veces, no dijo que no. "¿Vos creés que haya sido Santiago Caputo?", insistió el periodista. "Esto es un golpe para desestabilizar al gobierno", respondió el jefe de Gabinete, virando hacia los costados. "No me decís ni que sí ni que no", lo apuró Majul. Más evasión. Y una frase que en el mundo de la política vale tanto como una confirmación: "Empezar a hablar de la interna es de mal gusto." Caputo, desde su despacho, no desmintió nada. Cerca de sus colaboradores se limitaron a decir que no tenían nada para declarar.

El escenario que construyó Adorni tiene su propia lógica interna. Por un lado, la PSA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria que hasta diciembre respondía a Patricia Bullrich, quien hoy disputa con él la candidatura a jefe de gobierno porteño. Por el otro, el asesor presidencial Santiago Caputo, que tiene influencia directa sobre los servicios de inteligencia y sobre los movimientos en el aeropuerto de San Fernando, donde circulan habitualmente funcionarios y empresarios en vuelos privados. Entre esos dos frentes, Adorni eligió no cerrar ninguno. Cerca de Karina Milei, en cambio, no tuvieron dudas: la filtración tiene firma. "Adorni busca cargar la culpa de sus torpezas en Santiago para que Karina no lo limpie". El asesor presidencial, por su parte, guardó un silencio que en estos contextos dice más que cualquier declaración.

El dato que más incomoda al jefe de Gabinete no es el video sino la fecha de lo que él mismo firmó. El 26 de febrero, diez días antes de que estallara el escándalo, se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 9/2026, con la firma de Adorni al pie. La norma establece que las comitivas oficiales deben limitarse a un máximo de un funcionario por evento y que los aviones del Estado no pueden trasladar familiares de funcionarios. "Este es otro privilegio que se termina", había dicho él mismo cuando anunció la medida. Diez días después, su familia abordaba un Hondajet privado rumbo a Uruguay. El bumerán tardó poco en volver.

Las consecuencias jurídicas del episodio ya exceden el debate político. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió formalmente una investigación que abarca tanto el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York en el avión presidencial como el traslado familiar a Punta del Este. Y la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia por enriquecimiento ilícito, argumentando que el costo de los viajes no se condice con los ingresos declarados del funcionario. Milei, mientras tanto, apareció junto a su jefe de Gabinete en Córdoba. La señal fue clara: Adorni sigue en pie.

El patrón, sin embargo, ya tiene antecedentes dentro del mismo gobierno. Hace pocas semanas, una filtración interna expuso que la Cancillería había adjudicado directamente, sin licitación, un contrato a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para dar cursos de inglés a diplomáticos. La directora ejecutiva de esa entidad es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. El contrato asciende a 113 millones de pesos para capacitar a 132 agentes entre marzo y noviembre. Lo que los números revelan es todavía más llamativo: desde que Milei llegó al gobierno, el monto de ese contrato creció un 400%. Y desde la última renovación del gobierno de Fernández hasta diciembre de 2025, el acumulado es del 936%, frente a una inflación del 688% en el mismo período. Cuando el escándalo explotó, no fue la Oficina Anticorrupción la que lo frenó: emitió un dictamen recomendando la firma de un Pacto de Integridad, las partes lo firmaron y el contrato siguió vigente. El propio Milei salió a respaldar públicamente la operación replicando en sus redes sociales los argumentos del canciller Quirno, quien aseguró que todo se había desarrollado sin irregularidades.

El gobierno que prometió transparencia y fin de los privilegios acumula filtraciones que vienen de adentro, escándalos que involucran a las familias de sus funcionarios y una interna que ya no cabe en los pasillos de Balcarce 50. El video de Adorni subiendo al avión alguien lo tuvo guardado treinta días y lo soltó en el momento más dañino posible. Eso no es una operación kirchnerista. Eso es otra cosa.