POLÍTICA
1 de febrero de 2026
Ley de Glaciares: minería y agua dividen al Congreso
A las puertas de un debate histórico, el Gobierno nacional busca redefinir la protección de los glaciares para destrabar millonarias inversiones mineras. En Mendoza, la mirada está puesta en el voto de sus senadores, en medio de una provincia marcada por la defensa del agua.
El próximo 11 de febrero, el Senado de la Nación se convertirá en un campo de batalla legislativo. La reforma de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial ha llegado al recinto con dictamen de comisión y una fuerte carga de tensión política y social.
¿De qué se trata la reforma?
El núcleo del proyecto oficialista busca "adecuar" la normativa vigente para otorgar lo que el Ejecutivo denomina "seguridad jurídica". La ley actual, sancionada en 2010, establece una prohibición generalizada de actividades industriales y mineras en zonas de glaciares y ambiente periglacial.
La propuesta busca precisar técnicamente qué se protege. El cambio más polémico es la intención de proteger únicamente a aquellas geoformas que cumplan una "función hídrica efectiva y relevante". Esto significa que, si un suelo congelado (permafrost) o un área periglacial no aporta agua de manera directa y comprobable a una cuenca, podría quedar excluido de la protección y, por ende, ser habilitado para la actividad extractiva.
Los puntos calientes del proyecto
• Rol de las Provincias: Se busca otorgar mayor poder de decisión a las autoridades locales para identificar y autorizar actividades en sus territorios.
• Inventario Nacional de Glaciares: Aunque el IANIGLA (con sede en Mendoza) seguirá siendo el organismo técnico de referencia, el proyecto propone que el inventario incorpore datos de las provincias y sea más "dinámico" para excluir áreas sin valor hídrico.
• Foco Minero: Se estima que inversiones por más de u$s 30.000 millones (especialmente en cobre y oro) dependen de esta aclaración legal, ya que muchos proyectos actuales se encuentran en zonas "grises" de la ley vigente.
Quienes se oponen y por qué
La resistencia es encabezada por organizaciones ambientales (Greenpeace, FARN), sectores de la comunidad científica y asambleas por el agua. Sus argumentos principales son:
1. Regresión Ambiental: Sostienen que se viola el principio de no regresión en materia ambiental, reduciendo los estándares de protección actuales.
2. Riesgo Hídrico: Advierten que en un contexto de cambio climático y sequía extrema, "tocar los glaciares" es hipotecar la reserva de agua dulce del futuro.
3. Discrecionalidad: Temen que la "función hídrica" sea un concepto elástico que las provincias utilicen para autorizar proyectos en zonas frágiles.
La postura de los senadores por Mendoza
En el Senado de la Nación, la delegación mendocina refleja la misma grieta que atraviesa el debate a nivel federal. Por un lado, los senadores de la Unión Cívica Radical - Cambia Mendoza, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, se perfilan para votar a favor de la reforma. Su postura se fundamenta en la necesidad de otorgar "seguridad jurídica" para potenciar proyectos de cobre y plata que la provincia busca impulsar bajo estándares de minería sustentable, argumentando que la precisión técnica evitará bloqueos judiciales innecesarios. En la vereda opuesta, la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, mantendría un voto negativo alineado con su bloque. Su rechazo se centra en que la modificación representa un retroceso ambiental peligroso que, bajo la excusa de la inversión, podría comprometer reservas hídricas estratégicas en una provincia que ya sufre una crisis terminal de agua.
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