La crisis que atraviesa el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) volvió a ocupar el centro del debate político luego de que se conocieran documentos contables que muestran una situación financiera muy diferente a la que hoy enfrenta la entidad.

Los estados contables correspondientes al ejercicio 2023 indican que la obra social registraba resultados positivos antes de la asunción de Javier Milei y de la llegada de Luis Petri al Ministerio de Defensa. Según la documentación difundida en las últimas semanas, IOSFA cerró aquel período con superávit operativo, crecimiento patrimonial y una mejora significativa en sus niveles de liquidez.

La información reavivó una discusión que desde hace meses atraviesa tanto a las Fuerzas Armadas como a los sectores políticos vinculados al área de Defensa: cómo una institución que mostraba números positivos terminó acumulando problemas financieros, conflictos con prestadores y reclamos masivos de afiliados.

Los números que alimentan la polémica

De acuerdo con los balances correspondientes a 2023, el resultado del ejercicio mostró un excedente superior a los 13.000 millones de pesos, mientras que el patrimonio neto registró un crecimiento cercano al 68%. A su vez, la liquidez inmediata experimentó una mejora significativa respecto de ejercicios anteriores.

Diversas fuentes sostienen que, considerando el conjunto de activos, disponibilidades y reservas, IOSFA contaba con un respaldo financiero cercano a los 25.000 millones de pesos cuando comenzó la actual gestión nacional.

Estos datos contradicen la idea de que la crisis actual tendría origen exclusivo en problemas heredados de administraciones anteriores y trasladan parte del foco hacia las decisiones adoptadas desde diciembre de 2023 en adelante.

Qué ocurrió durante la gestión de Petri

Desde mediados de 2024 comenzaron a multiplicarse las denuncias de afiliados por demoras en autorizaciones, suspensión de reintegros, interrupciones en la atención médica y dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos.

La situación se agravó con reclamos de retirados, pensionados y personal en actividad que denunciaron la pérdida de cobertura en distintas regiones del país.

Paralelamente, la conducción de IOSFA fue atravesando cambios de autoridades mientras crecían las críticas internas sobre el manejo financiero de la obra social.

Sectores vinculados a la institución sostienen que durante la gestión se recurrió a mecanismos de financiamiento extraordinarios y préstamos para intentar cubrir el deterioro de las cuentas, aunque la situación continuó empeorando.

Denuncias judiciales y pedidos de explicaciones

La crisis dejó de ser solamente administrativa y pasó también al terreno judicial.

En los últimos meses se presentaron denuncias para que la Justicia investigue posibles responsabilidades de funcionarios y exfuncionarios en el deterioro económico de la obra social. Algunas de esas presentaciones buscan determinar si existieron decisiones de gestión que contribuyeron al actual escenario financiero.

Las investigaciones aún se encuentran en etapas preliminares y no existen hasta el momento condenas ni resoluciones definitivas que determinen responsabilidades penales.

Sin embargo, el avance de esas actuaciones mantiene abierto un frente incómodo para el Ministerio de Defensa.

Más de medio millón de afiliados afectados

IOSFA es una de las obras sociales más grandes del país y brinda cobertura a integrantes de las Fuerzas Armadas, personal de seguridad, retirados, pensionados y sus grupos familiares.

Por esa razón, cualquier problema financiero tiene un impacto directo sobre cientos de miles de personas que dependen del sistema para acceder a atención médica, medicamentos, estudios y tratamientos.

Durante el último año se multiplicaron las protestas, reclamos administrativos y manifestaciones de afiliados que denuncian una pérdida progresiva de servicios y prestaciones.

El debate político detrás de la crisis

La publicación de los balances de 2023 reabrió una discusión que probablemente continúe durante los próximos meses.

Por un lado, sectores cercanos al Gobierno sostienen que la situación actual responde a problemas estructurales acumulados durante años.

Por otro, dirigentes opositores, asociaciones de retirados y exautoridades de IOSFA afirman que los documentos contables demuestran que la institución recibió una situación financiera considerablemente mejor que la actual y reclaman explicaciones sobre cómo se produjo el deterioro posterior.

Mientras tanto, la principal preocupación sigue siendo la misma para miles de afiliados en todo el país: recuperar una cobertura médica que, según denuncian, se fue deteriorando a medida que avanzaba una crisis cuya responsabilidad política continúa siendo motivo de fuerte controversia.