El martes 23 de septiembre de 2025 la Justicia federal intentó avanzar en una investigación que podría destapar uno de los mayores escándalos de corrupción en el ámbito militar. La orden era clara: incautar documentación sensible sobre el destino de miles de millones de pesos destinados a la salud y bienestar del personal de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el operativo terminó en un episodio insólito: la Policía Federal se retiró del Ministerio de Defensa sin una sola prueba.
El expediente CFP 3611/2025, caratulado “De Petri, Luis y otros s/ malversación de caudales públicos y otros delitos”, está en manos del Juzgado Federal N.º 9, Secretaría 17, con la intervención del fiscal Ramiro González. La orden de allanamiento, emitida el 22 de septiembre, establecía el secuestro inmediato de expedientes de compras, convenios financieros y documentación sobre un préstamo de $40.000 millones. Sin embargo, en el Ministerio se presentó como una simple “orden de presentación”, lo que impidió que los investigadores retiraran material crítico.
Lo que buscaba la Justicia
Los jueces habían puesto la lupa en tres puntos:
- Contrataciones desde 2024, tanto por licitación como por mecanismos de excepción.
- El convenio marco entre Defensa, el Estado Mayor Conjunto y el IOSFA, que impuso un descuento obligatorio del 2% a los salarios de militares y fuerzas de seguridad.
- El préstamo de $40.000 millones del IAF, supuestamente destinado a modernizar hospitales y sistemas de gestión.
Estos documentos son clave para determinar si los recursos llegaron al sistema de salud militar o si fueron desviados hacia redes opacas de contratos y proveedores privilegiados.
Un operativo frustrado
El día de la diligencia, el director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Augusto Guruciaga, frenó el secuestro de pruebas argumentando que “toda la información está digitalizada” y que su compilación demandaría al menos cuatro días. La Policía Federal no pudo incautar discos duros ni clonar servidores, lo que dejó a la fiscalía convencida de que se trató de una maniobra para ganar tiempo y manipular evidencia.
Contratos millonarios, servicios colapsados
En el centro de la polémica se encuentra el contrato del IOSFA con la droguería Suizo Argentina: $25.000 millones por semestre, con renovaciones automáticas. A pesar de esas cifras, los afiliados enfrentan hospitales colapsados, farmacias desabastecidas y falta de medicamentos esenciales. Otro contrato, por $50.000 millones, refuerza la sospecha de un esquema de desvío de fondos.
El destino del préstamo del IAF tampoco está claro. Aunque debía financiar la modernización hospitalaria, no hay rastros de obras ni inversiones.
Política y corrupción
La Justicia también sigue la pista de un posible desvío de recursos hacia actividades políticas y financiamiento electoral, lo que podría comprometer a funcionarios de alto nivel. En paralelo, dentro de las Fuerzas Armadas crece el malestar por la falta de transparencia en fondos destinados a la salud de miles de familias militares.
En el Congreso ya se multiplican los pedidos de informes para que el Ministerio de Defensa explique cómo se manejaron los recursos.
Próximos pasos judiciales
La fiscalía prepara un nuevo operativo, esta vez con allanamiento sorpresivo y secuestro integral de documentación física y digital. Además, evalúa citar como imputado al ministro Luis Petri y a las autoridades del IOSFA y el IAF. Si se prueba que durante el primer procedimiento se ocultó o eliminó información, podrían sumarse cargos por encubrimiento agravado.
Un escándalo en gestación
El caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos recientes de la defensa nacional, no solo por los montos millonarios involucrados, sino por la resistencia institucional a entregar pruebas. La gran incógnita ahora no es solo qué pasó con los fondos, sino hasta dónde llegan las responsabilidades y quiénes están dispuestos a proteger la verdad.
