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SOCIEDAD

30 de marzo de 2023

Proyecto del PRO para penar la tenencia de celulares en las cárceles

El diputado nacional del PRO, Álvaro Martínez, presentó un proyecto de ley que busca penar con prisión efectiva la introducción o uso de dispositivos de comunicación móvil en los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de combatir los delitos organizados que se planifican desde dentro de las cárceles.

El diputado nacional del PRO, Álvaro Martínez, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para introducir como una falta con condena penitenciaria la introducción o uso de dispositivos de comunicación móvil en los establecimientos penitenciarios.

El proyecto de ley propone penas de 1 a 3 años de prisión efectiva para toda persona que introduzca o haga introducir a los establecimientos penitenciarios o lugares donde se encuentren alojados detenidos o internados dispositivos de comunicación móvil, partes de ellos, chips telefónicos u objetos no autorizados tecnológicos que permitan la comunicación con el exterior.

Asimismo, la iniciativa establece que los internos que actualmente tengan posesión de equipos móviles y dispositivos de comunicación, sean sancionados con una pena de 2 a 5 años de prisión y se les prohibirá ingresar al régimen de libertad asistida.

El diputado Martínez sostuvo que el objetivo del proyecto es combatir los delitos organizados que se planifican desde dentro de las cárceles, como sucede en la ciudad de Rosario. “Entendemos nosotros que una de las medidas para combatir este tipo de delitos es prohibir el uso desmedido de los dispositivos móviles”, afirmó.

La propuesta de Martínez surge a raíz de la problemática que se registra en las cárceles, donde los internos utilizan celulares para seguir orquestando actividades delictivas. Según las autoridades, el uso de estos dispositivos les permite coordinar operaciones de narcotráfico, extorsión, secuestro y otros delitos.

El proyecto de ley deberá ser discutido en comisiones de la Cámara de Diputados antes de ser sometido a votación. Si se aprueba, se convertirá en ley y se aplicará en todo el territorio nacional.

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